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Grupos especulativos no aceptaron la reducción de un 60 % aproximadamente del valor de la deuda de Argentina y reclamaron ante la justicia estadounidense la retribución completa de los bonos en suspensión de pagos desde el 2001.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que dictaminó el pago por el país sudamericano de mil 330 millones de dólares más intereses, a los prestamistas que no aceptaron el canje de la deuda, es decir los “fondos buitre”.
Estos fondos rapaces o buitres son especuladores que compran por bajos precios deudas de países en situación de incumplimiento de pago o cerca de estarlo, con el propósito de entablar procedimientos judiciales para obtener sumas considerablemente mayores, de hasta el 400 % de lo que pagaron originalmente por ellas.
Después de la difícil situación financiera de principios de la década pasada, cuando la deuda argentina ascendía a más de 100 mil millones de dólares, el Gobierno logró entre los años 2005 y 2010, que alrededor del 92 % de sus acreedores admitiera negociar una reestructuración. Solo el 7 % de los bonistas no quiso modificar el débito, y ahora reclaman que se les pague el 100 % de la deuda que compraron por sumas muy inferiores a su valor inicial; se dice que incluso hasta por el 20 por ciento.
Si la Casa Rosada (sede presidencial) acepta esa demanda, es posible que quienes se pusieron de acuerdo con el Estado exijan igual cantidad, afectando el funcionamiento de la economía del país.
Según estudiosos, se ha creado la percepción en los mercados financieros internacionales de que Buenos Aires incumplirá sus compromisos, lo que posiblemente genere un empeoramiento en las condiciones crediticias para el país y sus empresas al realizar nuevas operaciones.
La presidenta Cristina Fernández denunció la existencia de una conspiración contra su patria por parte de grupos económicos apoyados por intereses extranjeros. También pidió a Washington aceptar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instancia ante la que denunció la violación de la soberanía argentina por la Casa Blanca. Antes, el Gobierno responsabilizó a Washington por la decisión del juez Griesa de declarar en «desacato» al país sudamericano.
No obstante, después que el banco neoyorquino BNY Mellon acatara la orden judicial de bloquear los desembolsos, el Congreso argentino aprobó una ley para reemplazar a la entidad estadounidense como encargado de procesar los pagos de deuda del país latinoamericano. De modo que el Gobierno ya hizo la primera liquidación por valor de 161 millones de dólares a todos los demandantes, pero imponiendo las mismas condiciones a los buitres.
El tema comienza a ser tratado no solo desde el punto de vista de las finanzas internacionales, también ha pasado a ser de interés de las Naciones Unidas y de su Consejo de Derechos Humanos, que respaldó la resolución presentada por Argentina contra los fondos.
El Fondo Monetario Internacional recomendó transformar la cláusula a la cual recurrieron los fondos buitre en su petición, que debe excluir la obligación de pagar a los demandantes que no hayan aceptado la reestructuración del compromiso financiero y sugirió dar más peso a los acreedores mayoritarios. El texto siguió a la resolución de la ONU en la cual se acordó redactar un marco legal encaminado a resolver conflictos similares al que atraviesa Argentina.
El Consejo de Derechos Humanos ordenó una investigación sobre las consecuencias de la deuda externa y el accionar de los fondos especulativos. La Unión de Naciones Suramericanas expresó su rechazo a la sentencia estadounidense.
No se puede descartar que existan propósitos políticos de crear inconformidades que propicien la derrota del proyecto político de Cristina Fernández, cercano a los BRICS.
Internacionalmente existen leyes que protegen a los acreedores, pero según la legislación de Nueva York es ilícito comprar deuda con la intención y el propósito de litigar contra ella.
Especialistas consideran que hay poco control por parte de los Gobiernos de estos depredadores de naciones, y muchos países pueden verse envueltos en situaciones como la de Argentina.
