Fidel Rendón Matienzo
Desde este mes de enero entraron en vigor nuevas facultades para la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat), entre estas cerrar establecimientos y retirar autorizaciones a los contribuyentes que incurran en conductas de subdeclaración y evasión fiscal.
Dado que los impuestos resultan esenciales con vistas a financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico del país, se pretende librar en el 2026 un mayor y sistemático chequeo a quienes intentan evadir el fisco.
Las acciones tributarias y de control están atemperadas a las condiciones actuales de la economía y también permiten ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, avanzar en la estabilización macroeconómica y minimizar las brechas de elusión y conductas evasoras.
Gracias a estas —según explicó en el programa de la Televisión Mesa Redonda, Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la Onat—, en el 2025 se superaron los ingresos previstos en el presupuesto del Estado.
Entre los logros más significativos mencionó que 11,3 mil millones de pesos fueron identificados como deudas tributarias, de los cuales se recaudaron 6 mil 545 millones de pesos correspondientes a 46 mil 879 contribuyentes morosos.
La evasión de impuestos sigue siendo un fenómeno en nuestro país, práctica que puede llegar a ser un delito penado por los tribunales.
Al decir de expertos, en el hecho delictivo la conducta es deliberada e intencional y, en ocasiones, reiterativa, con el claro objetivo de defraudar, omitir ingresos para pagar menos impuestos o falsear sus registros contables.
Los contribuyentes que tienen ese comportamiento mantienen parte de su patrimonio en dinero sin depositar en bancos, por encima del que necesitan en caja para el pago de operaciones menores; negocios o propiedades fuera del control de la Administración Tributaria para evadir el pago de los impuestos que establece la ley, o utilizan una doble contabilidad.
En tanto la elusión fiscal consiste en usar prácticas legales para evitar o reducir el impuesto a pagar.
Al presentar en diciembre pasado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el presupuesto del Estado correspondiente al 2026, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, expresó que para garantizar el cumplimiento de las metas de ingresos establecidas es imperativo fortalecer de manera integral la gestión y el control fiscal. Esto se articulará mediante la actualización y ejecución rigurosa del Plan de Control Tributario, el cual se fundamentará en dos ejes estratégicos principales:
1.- Una coordinación operativa reforzada con los gobiernos locales, potenciando las capacidades de fiscalización a través del intercambio de información, la unificación de criterios y la realización de acciones inspectoras conjuntas.
2.- El despliegue de un sistema robusto de mecanismos de seguimiento que asegure la recuperación efectiva de las deudas tributarias acumuladas y para corregir las conductas evasoras.
En este contexto, subrayó Regueiro, urge confrontar la evasión fiscal, no solo como un quebrantamiento de la legalidad, sino como una práctica que erosiona la equidad y el desarrollo colectivo.
Datos ofrecidos por la Onat sobre el cierre de noviembre último señalan que se realizaron 119 mil acciones de control y se habían determinado adeudos ascendentes a 10 mil 914 millones 202 mil pesos.
Desde el inicio de esta tarea se han regulado 14 mil 216 deudores, con un importe de 6 mil 284 millones 721 mil 346 pesos.
También se reportaron en el país 171 informes de denuncias por presunto delito de evasión fiscal, 58 de ellos derivados de acciones de control.
El reloj del tributo
El aporte a la contribución tributaria está legislado según los ingresos y formas de gestión. Pero,
¿faltan mecanismos de control, integración de organismos, capacitación, divulgación? ¿O hay que simplemente exigir el cumplimiento de lo establecido? Ver más
Un deber ciudadano
Desde hace unos años en nuestra sociedad ha ido en ascenso el nivel de actividades económicas y comerciales tanto en el sector estatal como en el no estatal, lo que ha contribuido a que haya un incremento en la cantidad de figuras tributarias que asumen obligaciones con el presupuesto del Estado. Aparejado a ello crece el riesgo de contribuyentes que burlan el fisco y en consecuencia existe un aumento de las personas denunciadas y sancionadas por el delito de evasión fiscal.
La Onat ha intensificado las acciones de control fiscal mediante acciones de fiscalización y auditorías fiscales utilizando métodos más avanzados que permitan una mejor identificación de contribuyentes con riesgos fiscales y en correspondencia ha crecido la determinación de deudas por subdeclaración y la detección de conductas evasoras.
Esto ha sido posible por la integración y trabajo conjunto con otros organismos que poseen información de trascendencia tributaria.
Entre las conductas evasoras más frecuentes y que son sancionables se encuentran la subdeclaración de ingresos, falsear la contabilidad al no reflejar los ingresos y gastos reales, la doble facturación, no incluir o disminuir al momento de declarar la cantidad real de trabajadores contratados en la actividad o negocio, el incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias, así como no tener o no utilizar la cuenta bancaria fiscal en el caso de las personas naturales y la cuenta corriente para las personas jurídicas, desviando los ingresos a las cuentas personales.
Existen incumplimientos que culminan en denuncias por evasión fiscal y que pueden estar vinculados a otros delitos económicos, como la actividad económica ilícita, lavado de activos y falsificación de documentos, por mencionar algunos.
El uso de testaferros, es decir, una persona con falsa titularidad de la actividad o el negocio, cuando realmente el dueño es otra, son conductas que califican también como delito. Sin embargo, esta persona es la que se halla inscripta en el Registro de Contribuyentes y por tanto es quien responde ante las autoridades tributarias.
Al cierre del año 2025 se trabajaron 179 expedientes por posibles delitos de evasión fiscal, los cuales se presentaron a los grupos de análisis de los territorios, por una deuda ascendente a mil 205 millones 418 mil pesos por aquel concepto se radicaron 133 denuncias y con el resto continúa el proceso en este año.
Consideramos que aún es insuficiente el trabajo ante las conductas evasoras que se manifiestan en el escenario económico actual. Se han impuesto sanciones por el tribunal privativas de libertad desde uno hasta tres años con la exigencia, además, de la responsabilidad civil de ingresar al presupuesto el importe de la deuda determinada.
Al comprobar la inexistencia o falsificación de la contabilidad, documentos primarios, entre otras violaciones ya descritas, la Administración Tributaria puede presentar directamente la denuncia por el delito de evasión fiscal.
La Onat impone sanciones tributarias ante el incumplimiento de obligaciones. La publicación de la Gaceta Oficial Ordinaria no. 97 de fecha 23 de diciembre del 2025, implicó la entrada en vigor del Decreto Ley 107 y el Decreto 131, modificativos de la Ley 113 Del Sistema Tributario y su Reglamento, el Decreto 308. Con estas normas jurídicas aumentaron los marcos sancionadores al aplicarse el recargo y la multa establecidos en la ley.
Por desobedecer el pago, las multas pueden ascender hasta el 40 % del importe del total adeudado más el recargo por mora. Por otra parte, es importante que se conozca que la Onat tiene facultades para aplicar otras sanciones no pecuniarias consistentes en el cierre de establecimientos y el retiro de licencias de forma permanente y temporal.
*Directora Jurídica de la Onat
Evasores con el dinero del pueblo
Francisco Rodríguez Cruz
Al informar sobre la más reciente liquidación del presupuesto del Estado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a mediados del pasado año, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) reconoció que “el alto grado de evasión fiscal que se mantiene, sobre todo en las formas de gestión no estatal, impone un mayor rigor a la Administración Tributaria en cuanto a métodos y habilidades que sean más eficaces”.
Esa insatisfacción no es nueva. Podríamos incluso decir que ya resulta peligrosamente reiterativa, si tenemos en cuenta que el aporte del sector privado de la economía ya representa para este 2026 el 21 % de los ingresos totales previstos en el presupuesto del Estado y el 29 % de todos sus ingresos tributarios.
En particular a los gobiernos municipales les va la vida en la corrección de esta vieja distorsión económica, pues los aportes del sector no estatal a los presupuestos locales representarán este año el 65 % de sus ingresos totales.
No por gusto entonces al presentarse en diciembre último la Ley del Presupuesto del Estado para el actual año, el MFP “demanda una atención diferenciada de asistencia, seguimiento y control por las autoridades locales y la Onat, que asegure el cumplimiento oportuno de estas obligaciones como respaldo financiero a los programas sociales que se materializan en cada territorio”.
Números, informes, montos de adeudos y cobros por acciones de control de las obligaciones tributarias no suelen faltar en los análisis públicos sobre el asunto. Algunas sanciones administrativas como la prohibición de la salida al exterior de quienes tienen deudas con el fisco resultan, incluso, una manera válida de presionar donde más puede dolerle al contribuyente incumplidor.
Todavía no hay un suficiente repudio ciudadano a este tipo de conducta tan lesiva para los intereses de toda la población, quizás entre otras causas porque aún no trascienden como deberían las historias reales, con nombre y apellidos, de los desfalcadores de nuestro erario público.
Al cierre del año 2024, por ejemplo, se reportaron 55 casos de evasión fiscal con sentencia firme en nuestros tribunales, y había 25 acusaciones más formalmente presentadas. Parecería que son pocos los enjuiciados en el país por este delito económico, procesos judiciales que, por supuesto, son para conductas evasoras extremas, cuando ya no existe modo de corregir ese tipo de actuación fraudulenta. ¿Y por qué no hay una denuncia más pública de tales agravios?
En las condiciones actuales de nuestro país, donde hay individuos —y no parecen ser tan pocos— que viven no solo escandalosamente por encima de las posibilidades materiales de la mayoría del pueblo trabajador, sino que además lo hacen sobre la base de evadir impuestos y cometer otros delitos económicos, sería una manera más de impartir justicia que tampoco pudieran escapar del rechazo cívico a acciones tan dolosas.
Es probable que haya quienes piensen que esta es una postura extrema o populista, pero hay que buscar vías, también desde la comunicación institucional, para corregir esa baja percepción de riesgo que se percibe en la sociedad cubana sobre la gravedad de ese tipo de conducta delictiva “de cuello blanco” y su escasa censura ética en nuestra cotidianidad.
Como mismo se ha logrado, mediante estrategias de comunicación bastante transparentes, movilizar a la opinión pública en contra de otros delitos tan repudiables como el tráfico de drogas, el hurto y sacrificio de ganado o el robo con violencia, hay que mostrar que nadie puede quedarse impunemente con el dinero del pueblo.
María de las Nieves Galá
Un simple recorrido por carretera, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, muestra cuánta tierra ociosa existe en el país, que no se utiliza, ya sea para siembras o cría de ganado. Campos repletos de hierba y marabú evidencian cuánto espacio se pierde para lograr que cosechas imprescindibles estén en la mesa del cubano.
Es cierto que en nuestros campos se puede generar mucho más para ayudar a que bajen los precios de los productos en el mercado, pero además de otros dilemas, que van desde la escasez de fertilizantes, semillas y combustible, es preciso resolver un problema que se torna bien complejo: la fuerza de trabajo.
Incluso aquellos que consiguen cultivar grandes extensiones, en ocasiones no disponen de brazos suficientes para atenderlas.
El envejecimiento poblacional es un factor que ha irradiado directamente en la disminución del aporte de aquellos que se dedican al trabajo agrícola. No tengo que ir muy lejos para comprobarlo. En mi propia familia ese fenómeno se ha dado. Eran mi padre y tíos quienes lideraban aquella legión de hombres entregados en cuerpo y alma a la agricultura: lo mismo en el riego de agua para la caña, la limpia de extensos campos de cultivos varios o lo que apareciera, no ponían reparos en el tiempo ni en las condiciones para el laboreo.
Ya casi todos han partido a la eternidad, no obstante, uno de mis tíos paternos, a los 84 años, todavía persiste en mantener una pequeña parcela de tierra, y con mucho esfuerzo obtiene alguna que otra vianda.
Pocos jóvenes de la familia los han seguido. Cada quien fue buscando un camino que exigiera menos esfuerzo físico, como coger una guataca o enyuntar bueyes; también el desarrollo y las oportunidades de estudio han generado no pocas opciones de trabajo, que ofrecen mejor salario.
Otros factores que inciden en esa limitación con la fuerza de trabajo son la migración del campo a la ciudad, y fuerte emigración que se ha dado en el país en los últimos tiempos.
Los expertos han reconocido cómo la dinámica demográfica ha tenido impacto en todas las esferas de la vida económica y social de la nación. De acuerdo con las cifras, para el año 2050, aproximadamente, el 35,4 % de la población estará envejecida.
A juicio de Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), “el envejecimiento poblacional no es un fenómeno por enfrentar, sino que se necesita atender y aprovechar los recursos laborales existentes, además de adaptar las estrategias económicas del país”.
Para el sector agrícola constituye un desafío. Es preciso enamorar y conquistar a los jóvenes desde temprano para que se dediquen al cultivo de la tierra, aprovechar la tradición familiar e ir fomentando el desarrollo tecnológico, en la medida de las posibilidades.
El Ministerio de la Agricultura no está ajeno a la situación. Dentro de las políticas trazadas se halla el programa de entrega de tierras en usufructo, aspecto sobre el que se incrementa el control y la exigencia para que estas realmente sean destinadas a la producción de alimentos y no permanezcan improductivas. (Tomado del sitio web del Minag)
En el hotel Meliá Santiago de Cuba tuvo lugar el evento Cre-Activos, impulsado por el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Zuturo, en el que emprendedores, especialistas y autoridades coincidieron en que la formalización, la disciplina y la visión estratégica son claves para consolidar negocios sostenibles en el complejo escenario económico cubano.
Durante el encuentro se destacó el proceso de maduración de iniciativas que comenzaron con voluntad y sueños, pero que han debido estructurar sus procesos internos, implementar evaluaciones de desempeño y fortalecer la gestión del talento para garantizar resultados.
La diversificación de servicios hacia áreas como la producción de alimentos y la energía renovable, junto a la creación de alianzas estratégicas, fueron señaladas como herramientas esenciales para sostener la estabilidad en un panorama marcado por la inflación y los cambios regulatorios.
Los participantes subrayaron que los emprendedores deben tener sus documentos en regla para acceder a financiamiento, dominar sus números y comprender el punto de equilibrio de sus negocios. (Tomado de la ACN)
Tarjetas magnéticas con funcionalidad
El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) informó a sus clientes que las tarjetas magnéticas con la fecha de vencimiento impresa caducada mantienen su plena funcionalidad, por lo que no es necesario reemplazarlas de manera inmediata.
A través de un comunicado en sus canales oficiales, la institución financiera aclaró que el vencimiento de la fecha física en la tarjeta no afecta su operatividad técnica. Los clientes pueden continuar utilizándolas con normalidad en todos los canales de pagos electrónicos autorizados, sin que se requiera gestionar su reimpresión en las sucursales bancarias.
La medida tiene como objetivo principal evitar trámites innecesarios para los usuarios y optimizar operatividad de las oficinas, facilitando así la continuidad de las transacciones digitales. Con esta disposición, Bandec busca garantizar la prestación del servicio de manera ágil y sin interrupciones para la cartera de clientes afectada. (Agenda Económica)
Descargue en versión PDF: Evasión y elusión fiscales (Separata Economía)
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