Al informar sobre la más reciente liquidación del presupuesto del Estado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a mediados del pasado año, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) reconoció que “el alto grado de evasión fiscal que se mantiene, sobre todo en las formas de gestión no estatal, impone un mayor rigor a la Administración Tributaria en cuanto a métodos y habilidades que sean más eficaces”.
Esa insatisfacción no es nueva. Podríamos incluso decir que ya resulta peligrosamente reiterativa, si tenemos en cuenta que el aporte del sector privado de la economía ya representa para este 2026 el 21 % de los ingresos totales previstos en el presupuesto del Estado y el 29 % de todos sus ingresos tributarios.
En particular a los gobiernos municipales les va la vida en la corrección de esta vieja distorsión económica, pues los aportes del sector no estatal a los presupuestos locales representarán este año el 65 % de sus ingresos totales.
No por gusto entonces al presentarse en diciembre último la Ley del Presupuesto del Estado para el actual año, el MFP “demanda una atención diferenciada de asistencia, seguimiento y control por las autoridades locales y la Onat, que asegure el cumplimiento oportuno de estas obligaciones como respaldo financiero a los programas sociales que se materializan en cada territorio”.
Números, informes, montos de adeudos y cobros por acciones de control de las obligaciones tributarias no suelen faltar en los análisis públicos sobre el asunto. Algunas sanciones administrativas como la prohibición de la salida al exterior de quienes tienen deudas con el fisco resultan, incluso, una manera válida de presionar donde más le puede doler al contribuyente incumplidor.
Todavía no hay un suficiente repudio ciudadano a este tipo de conducta tan lesiva para los intereses de toda la población, quizás entre otras causas porque aún no trascienden como deberían las historias reales, con nombre y apellidos, de los desfalcadores de nuestro erario público.
Al cierre del año 2024, por ejemplo, se reportaron 55 casos de evasión fiscal con sentencia firme en nuestros tribunales, y había 25 acusaciones más formalmente presentadas. Parecería que son pocos los enjuiciados en el país por este delito económico, procesos judiciales que, por supuesto, son para conductas evasoras extremas, cuando ya no existe modo de corregir ese tipo de actuación fraudulenta. ¿Y por qué no hay una denuncia más pública de tales agravios?
En las condiciones actuales de nuestro país, donde hay individuos —y no parecen ser tan pocos— que viven no solo escandalosamente por encima de las posibilidades materiales de la mayoría del pueblo trabajador, sino que además lo hacen sobre la base de evadir impuestos y cometer otros delitos económicos, sería una manera más de impartir justicia que tampoco pudieran escapar del rechazo cívico a acciones tan dolosas.
Es probable que haya quienes piensen que esta es una postura extrema o populista, pero hay que buscar vías, también desde la comunicación institucional, para corregir esa baja percepción de riesgo que se percibe en la sociedad cubana sobre la gravedad de ese tipo de conducta delictiva “de cuello blanco” y su escasa censura ética en nuestra cotidianidad.
Como mismo se ha logrado, mediante estrategias de comunicación bastante transparentes, movilizar a la opinión pública en contra de otros delitos tan repudiables como el tráfico de drogas, el hurto y sacrificio de ganado o el robo con violencia, hay que mostrar que nadie puede quedarse impunemente con el dinero del pueblo.
