Fidel Rendón Matienzo
La entrada en vigor a principios de marzo del Decreto 141/2025 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas estatales (mipymes) de base tecnológica contribuye, sin dudas, a incentivarlas dado su rol para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en campos definidos como tecnología avanzada.
Estos son los vinculados a las tecnologías habilitantes de la cuarta revolución industrial, entre ellas, la inteligencia artificial y los macrodatos; de manera que el uso intensivo del conocimiento y la innovación devienen la razón de ser de tales mipymes de propiedad estatal.
Es decir, basan sus operaciones en productos o tecnologías novedosas, con un alto componente de activos intangibles y desarrollan modelos de negocios que les permiten cerrar su ciclo económico en el mercado nacional o en el exterior, con énfasis en este último, a partir de exportaciones propias o de integrarse a una cadena productiva.
Por eso emplean fuerza de trabajo de alta calificación y laboran mediante alianzas y redes de colaboración nacionales e internacionales, en particular con universidades y centros de investigación.
Dado su alcance el país apuesta hoy por el fomento y desarrollo de mipymes de base tecnológica, y a partir de un levantamiento realizado entre organismos y Organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial (Osde) existe un potencial de 116 para determinar las que logran esa clasificación, dijo a Trabajadores Yovana Vega Mato, directora de Sistema Empresarial Estatal en el Ministerio de Economía y Planificación.
Ante todo, afirma, debemos dejar por sentado que la empresa estatal socialista es el actor principal en la economía cubana, al gestionar los medios fundamentales de producción, más del 95 % de las ventas netas y del 70 % de las exportaciones.
Subrayó que hasta la fecha el entramado empresarial de Cuba lo componen 12 mil 116 mipymes privadas, más de 400 cooperativas no agropecuarias, de las cuales 74 surgieron tras comenzar en el 2021 el proceso de creación de nuevos actores económicos, y 341 mipymes estatales.
Pero independientemente del tipo de propiedad se promueve la integración, el encadenamiento y la complementariedad entre esas formas de gestión, aclara la funcionaria.
Vega Mato señala que la creación de las de propiedad estatal responde a la necesidad de perfeccionar a la empresa y dotarla de mayor dinámica, especialmente en aquellas actividades económicas cuya naturaleza se puede gestionar desde tales formas organizativas, ya sea la producción de bienes de consumo y de servicios, y también, como vimos, las relacionadas con el conocimiento, la ciencia y la innovación, entre otras.
De acuerdo con el Decreto Ley 88/2024 las mipymes pueden ser de propiedad estatal, privada, mixta o de las organizaciones políticas, de masas y sociales.
Todas cuentan con autonomía empresarial, y de conformidad con su objeto social y con lo establecido en la legislación vigente están facultadas a exportar e importar, a gestionar y administrar su patrimonio; a definir los productos y servicios a comercializar, así como a sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados; y a operar cuentas bancarias.
También pueden fijar los precios de sus bienes y servicios excepto aquellos que sean de aprobación centralizada; definir su estructura, plantilla y la cantidad de trabajadores sin sobrepasar el máximo establecido; determinar sus ingresos observando el mínimo salarial establecido en la legislación laboral vigente; y realizar las inversiones que se requieran para su desarrollo.
Adicionalmente deben asumir acciones concebidas en la responsabilidad social empresarial, los llamados compromisos voluntarios dirigidos esencialmente a los trabajadores y su familia, la sociedad y el medio ambiente.
Pero como afirma el Doctor en Ciencias Agustín Lage Dávila, la gran mayoría de las mipymes que han emergido en los últimos años no son estatales sino privadas, no son de alta tecnología, sino de bajo valor agregado; no son productivas, sino comerciales; no tienen orientación exportadora, sino importadora…
Necesitamos, ha dicho, especialmente aquellas mipymes que sean de propiedad estatal, productoras, de tecnología avanzada y con posibilidades de exportación, como una vía de contribuir a reindustrializar el país.
En opinión del prestigioso científico tampoco ellas van a emerger espontáneamente del sector privado. Tiene que ser una construcción consciente del sector estatal.
Frigel no está frío
En esa mipyme estatal el salario medio superó los 25 mil pesos por trabajador en el 2025. Ver más
Decisión estratégica
La autorización de nuestro Gobierno en el 2021 para crear micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas generó opiniones encontradas por su carácter disruptivo. Sin embargo, y sin restar importancia a este hecho, a mi juicio, resultó estratégica la posibilidad de implementar este tipo de empresas en el sector estatal.
Durante años, nuestro sistema económico se sostuvo sobre dos pilares del modelo eurosoviético: un sector empresarial casi absolutamente estatal y la dirección centralmente planificada de la producción, distribución, cambio y consumo. Ambos elementos condujeron a un sector estatal con relativas pocas empresas, muy grandes y con tendencia autárquica (autosuficiencia o bastarse con sus propios recursos). Aunque esta estructura facilitaba la dirección centralizada, nunca logró garantizar altos niveles de productividad y eficiencia a nivel social, alinear intereses entre actores, asegurar el crecimiento proporcional entre sectores, la eficacia en inversiones, ni estimular la innovación de manera orgánica dentro del conjunto de relaciones económicas.
Las deficiencias identificadas desde los años setenta y ochenta dentro del propio campo socialista, la crisis de los años noventa provocada por el derrumbe de nuestros principales socios europeos y el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de EE. UU., obligaron a transformar la estructura y política económica del país.
La apertura a las remesas y el turismo, en un contexto de dolarización parcial, redujo el control estatal sobre flujos en divisas y el consumo. A lo anterior se sumó la liberalización de producciones y precios en una parte del sector agrario.
La necesidad de diversificar ingresos descentralizó decisiones hacia la empresa estatal, mientras la caída de la actividad económica forzó a permitir el trabajo por cuenta propia para evitar el desempleo masivo.
Esta situación amplió inevitablemente las relaciones de mercado ante la creciente heterogeneidad y complejidad de los actores económicos, haciendo más difícil y costosa la dirección centralizada de la economía.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el 2011 vislumbraron un modelo con mayor peso del sector no estatal y relaciones de mercado, lo que exigió retomar la transformación del sector empresarial estatal para operar con autonomía en ese entorno.
Hoy, el sector empresarial cubano —especialmente el estatal— debe recuperarse, crecer y fortalecerse, tejiendo una red económica densa, con regulaciones claras, la aplicación de instrumentos efectivos de coordinación entre actores y la conducción estratégica de la economía. Las empresas requieren evolución, aprendizaje y capacidad de reacción a su entorno, lo que se adquiere mediante el crecimiento, cuantitativo y cualitativo, de las organizaciones.
En este empeño, las mipymes estatales resultan fundamentales, ya que pueden ayudar a alinear los intereses del proyecto socialista con el impulso del emprendedurismo propio del cubano, la innovación y el crecimiento organizacional, al tiempo que expanden el tejido económico en un contexto de mayor competitividad y relaciones de mercado.
Un paso imprescindible es la promulgación de una Ley de Empresas que elimine la distinción funcional y regulatoria entre empresas y mipymes estatales, diferenciándolas solo en las políticas de estímulo y protección sobre las últimas, debido a su debilidad en sus etapas tempranas de desarrollo.
Las mipymes estatales pueden también contribuir a innovar en formas diferentes de organización y gestión empresarial, así como en explorar nuevas formas de organización y participación de los trabajadores con el objetivo de construir relaciones socialistas estables y duraderas desde la base económica de la nación.
*Vicepresidente Primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (Anec)
Todavía hay tensiones
Las mipymes son sociedades mercantiles, en las que un grupo de personas se reúne bajo un esquema determinado para desarrollar actividades económicas. En este sentido, el término sociedad alude a la asociación de individuos que comparten ciertos fines e intereses dentro de una estructura organizada, mientras que el concepto mercantil hace referencia a todo lo relacionado con el intercambio comercial, especialmente con la compra y venta de bienes y servicios.
Por ello, cuando se habla de sociedades mercantiles, se está haciendo alusión a entidades que participan activamente en la dinámica económica y que, por su estructura, pueden adoptar distintas formas jurídicas según el marco legal de cada país.
En la literatura especializada se reconocen diversas formas asociativas de sociedades mercantiles, entre las que se encuentran la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Cooperativa y la Sociedad Anónima Laboral. Cada una de estas modalidades posee características específicas en cuanto a la distribución del capital, la responsabilidad de los socios, la toma de decisiones y el reparto de beneficios.
Sin embargo, de todas ellas, la Sociedad Anónima Laboral resulta especialmente interesante para establecer una comparación con las mipymes estatales creadas en Cuba, debido a la manera en que organiza la relación entre los trabajadores, la propiedad y el capital.
Esta se define como aquella en la que los trabajadores poseen la mayoría del capital social y participan de forma directa en la gestión de la empresa.
Además, dicho capital suele estar distribuido de manera relativamente equitativa, lo que favorece una mayor implicación de los empleados en el funcionamiento de la entidad.
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que esta figura jurídica se asemeja, en cierta medida, a las mipymes estatales cubanas, aunque con diferencias importantes relacionadas con el tratamiento del socio y del capital.
En otras palabras, existe una similitud estructural en cuanto a la organización interna, pero también una distancia notable en la lógica de funcionamiento y en el grado de autonomía real de quienes intervienen en ellas. En la práctica, las mipymes terminan funcionando como una entidad estatal tradicional, en la que las decisiones estratégicas están condicionadas por regulaciones externas y por un marco normativo que limita el margen de actuación de los decisores internos. No obstante, existen experiencias positivas que han permitido demostrar que la idea de construir mipymes estatales evidencia que esta forma de gestión económica puede tener éxitos. Y estos logros se materializan en las empresas de bases tecnológicas.
En consecuencia, la capacidad para decidir sobre inversiones, distribución de recursos, expansión o utilización de utilidades se ve limitada por el peso del aparato regulador.
En síntesis, las mipymes estatales cubanas pueden entenderse como una experiencia de organización empresarial que combina rasgos de las sociedades mercantiles con elementos propios del modelo estatal. Su cercanía con figuras como la Sociedad Anónima Laboral permite apreciar intentos de flexibilización y modernización en la gestión económica, pero las restricciones sobre el socio y el capital muestran que todavía conservan fuertes vínculos con la estructura estatal tradicional.
Por ello, su análisis resulta fundamental para comprender las tensiones entre autonomía, control y participación dentro del sistema empresarial cubano.
* Presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Santiago de Cuba
La ventaja del kilómetro cero
Juanita Perdomo
Receptividad en unas entidades, resistencia en otras. Así reaccionan en la occidental provincia de Matanzas a los llamados de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) de solicitar tierras para producir alimentos, por el bien de las facturas de comedores obreros, de los propios empleados, de proveer, de ser posible, a barrios donde radican las entidades y de aumentar ingresos.
La indiscutible ventaja del llamado kilómetro cero, de tener viandas, hortalizas, condimentos cerca de la cocina, no solo baja costos a las partidas de gastos, también quita estrés a las administraciones en momentos de una Cuba con muy pocos energéticos en sus tanques.
A propósito, producir alimentos trasciende hoy el ámbito de los fogones para convertirse en alternativa de empleos en empresas obligadas a la interrupción laboral ante la baja actividad productiva y de servicios impuesta por las complejísimas condiciones en las que habita la economía cubana, luego de esa guerra endurecida con la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Esos beneficios son opción cero en fábricas, industrias, hoteles, allí donde se subestimó el acto del cultivo de la tierra, por ser ese asunto de campesinos, o porque si la agricultura no rinde lo suficiente por la falta de paquetes tecnológicos o maquinarias, cómo lo podrían conseguir quienes carecen de los conocimientos, tecnologías, recursos y fertilizantes.
Curiosamente tales pretextos suelen ser esgrimidos en empresas poco dadas a entender la producción de alimentos como variable esencial en la fórmula de gestión a la fuerza laboral, y en ese otro rol llamado responsabilidad social, asociado a lo que deben hacer las entidades por las poblaciones de los entornos que lascircundan.
Por ejemplo, en industrias como la láctea, en la cual suele echarse a perder materia prima, cómo es posible que no se estimule la producción de carne de cerdo, por sí solas o mediante encadenamiento con la empresa porcina, una alianza que de seguro daría excelentes frutos y la ayudaría a salir de la pérdida económica o por lo menos mejorar su patrimonio financiero.
Tal y como ha reconocido el Comité Provincial de la CTC, en un territorio bendecido por tierras abundantes, de reconocida calidad agrotécnica, en el que crece cualquier cosa que en ella se deje caer, es cuando menos poco inteligente desaprovechar ese potencial.
Quien lo dude, que se asome, por citar uno de tantos buenos referentes, a la Empresa Universal de Matanzas: “Muy buena la cosecha en nuestro autoconsumo. Son mil 175 cabezas de ajo, para mejorar la alimentación de nuestros trabajadores, reseña la última de sus publicaciones en el perfil de Facebook sobre los frutos de sus varios canteros, crecidos frente o bordeando las oficinas.
Lo cierto es que en la carrera por la soberanía alimentaria una gran ventaja llevan en este territorio las entidades que cultivan tierras propias o solicitadas, por los motivos ya dichos, y también por obtener ingresos con sus excedentes.
Esas receptivas, que vieron un filón en el rol de productores, de seguro están en mejores condiciones para afrontar la profunda crisis energética de ahora. En cambio, las negadas ojalá reaccionen, para que no se sigan quejando de la cosecha si aún no han sembrado.
Agricultores pinareños en campaña
Los agricultores de la provincia de Pinar del Río, en la actual campaña de primavera, prevén sembrar más de 36 mil hectáreas (ha), de las cuales 18 mil son de granos, 11 mil 458 de viandas, 6 mil 100 de hortalizas y 558 de frutales.
La sequía incide negativamente sobre el cumplimiento de estos propósitos y el plan se encuentra al 74 % de lo estimado hasta la fecha. Solo los municipios de Minas de Matahambre, Guane y Los Palacios marchan según el cronograma previsto.
Ortelio Rodríguez Perugorría, subdelegado agrícola en la provincia, señaló que la situación debe mejorar con las recientes lluvias, al permitir el empleo de la tracción animal y la siembra de yuca y maíz. (Yolanda Molina)
Para convertir plásticos en combustibles
Una planta de pirólisis concebida desde cero por un grupo de emprendedores toma forma en uno de los talleres de la Fábrica 26 de Julio, de Holguín, con el propósito de transformar desechos plásticos en combustibles alternativos, informó la página de Facebook del Parque Científico Tecnológico e Industrial NUCL3UM, de la oriental provincia.
El denominado proyecto Pyralis consiste en un proceso termoquímico mediante el cual los residuos plásticos se convierten en aceite pirolítico, un combustible que podría utilizarse como fuente energética alternativa.
Según describió NUCL3UM se trata de una innovación tecnológica, por lo que la planta deberá transitar por sucesivas etapas de prueba y validación antes de su puesta en funcionamiento. (Lianne Fonseca Diéguez)
Por una mayor cultura del reciclaje
El Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) presentó su campaña de bien público del 2026 destinada a generalizar buenas prácticas que permitan concientizar en el pueblo cubano que el reaprovechamiento de materias primas es una opción muy válida no solo para recuperar valores, sino además convertirlos en bienes, así como para disminuir los impactos ambientales que causan los desechos.
La campaña se nombra Cuba Recicla y fue mostrada en ocasión de celebrarse el pasado 18 de marzo el Día Mundial del Reciclaje.
Cuba Recicla busca incentivar la participación más activa de ciudadanos, empresas, instituciones, además de los actores económicos estatales y no estatales en la clasificación y entrega de residuos reciclables. (Manuel de Jesús Singh Castillo)
Descargue en versión PDF: Mipymes estatales: Opción posible (Separata Economía)