Fidel Rendón Matienzo
En Cuba el arrendamiento de espacios, locales, equipos y medios, bajo el amparo de diversas normativas, ha permitido ampliar o mejorar la venta de bienes y mercancías a la población, así como ofrecerle más servicios, con calidad y cierto confort.
Particularmente en la gastronomía, los servicios y en el comercio se percibe su impacto, pues mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local han asumido el arrendamiento de cafeterías, restaurantes, quioscos y áreas, no sin antes someterse a un proceso de licitación en el que la empresa estatal y los gobiernos locales dicen la última palabra.
También por nuestras carreteras de ciudades y poblados circulan, bajo el concepto de arrendado, ómnibus, camiones y equipos ligeros para la transportación de pasajeros y de carga.
¿Cuántas de las más de 2 mil 700 empresas estatales han “escogido” esa vía para aumentar sus ganancias, sin olvidar que algunas se hallan descapitalizadas o dependen de otras que lo están?
Incrementar ingresos empresariales arrendando activos que no están produciendo y permanecen ociosos no puede ser el único o principal modo de obtener ganancias, por muy carentes que estén estas de recursos.
¿Dónde queda el objeto social, la misión fundamental de esa entidad, su responsabilidad ante el Estado?
La mayor preocupación de muchos compatriotas está en los altos precios de no pocos bienes y servicios en locales o medios arrendados.
De ahí que también otros economistas señalan lo ineludible de que las empresas estatales se preocupen no solo por las ganancias salidas del arrendamiento, sino ante todo del cumplimiento de los compromisos o beneficios sociales que deben emanar de cada contrato o licitación con las contrapartes y cómo pueden ayudar a combatir la inflación.
La empresa estatal socialista es el actor primordial de la economía cubana y está llamada a generar cada vez más bienes y servicios, tan necesarios para la población, por eso hoy, más que arrendar, lo importante es producir.
Roselló y Enfos: Dos caras de la misma moneda
La Empresa Roselló destaca por su éxito productivo y alianzas estratégicas,
mientras Enfos sobrevive mediante arrendamientos ante la caída de su producción estatal. Ambas aplican alternativas para sostener salarios. Ver más
El camino de las utilidades
La distribución de utilidades, y las múltiples dificultades asociadas con el tema, han sido motivo de debates en el Consejo Nacional de la CTC (en cuatro de las ocho sesiones realizadas entre enero del 2021 a abril del 2024); así como en varias reuniones del Secretariado Nacional y en despachos personales con secretarios generales de los Sindicatos Nacionales, por solo citar esos ejemplos.
De igual forma, ha estado presente en las preocupaciones y planteamientos de los trabajadores de los más diversos sectores, derivados del proceso orgánico del 22 del Congreso de la CTC. Está identificado que la distorsión se relaciona con el incumplimiento de lo aprobado en el Lineamiento 13 de la Política, Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021–2026, en el cual se define que: “Los ingresos de los trabajadores, incluidos los jefes, en el sistema de entidades de carácter empresarial, estén en correspondencia con la riqueza creada, los resultados alcanzados y el trabajo aportado”.
Realmente es un asunto que urge examinar. Vale preguntarse si siempre el ejercicio de distribución de utilidades tiene como respaldo la riqueza creada.
Una primera debilidad en este sentido es el hecho de que desde el movimiento sindical en los diferentes niveles, no se dispone de información sistemática y oportuna para poder ejercer el papel de contrapartida ante las direcciones administrativas vinculadas con la actividad económica productiva, lo que limita una acción más enérgica en el momento que son adoptadas las decisiones.
Por otra parte, los análisis sobre la distribución de las utilidades y su correspondencia con los resultados en la producción de bienes y servicios, así como del crecimiento de la productividad del trabajo, carecen de un espacio protagónico en los órganos de dirección colectiva y, principalmente, en las asambleas con los trabajadores.
Hay que decir que se ha identificado un alto nivel de emisión de dinero, que no siempre está acompañado de aportes productivos, lo que sin duda fomenta un impacto negativo en el dañino proceso inflacionario que vivimos. Igualmente está la generación de altos ingresos en actividades desvinculadas del objeto social que no generan ofertas a la población (por ejemplo, el alquiler de locales).
Este comportamiento resulta muy peligroso no solo en el orden económico, sino también en la deformación ideológica. Ante esta realidad crece la fluctuación laboral, no hacia donde más se produce, sino para donde están los mayores ingresos.
Por demás, está la tendencia, en no pocas oficinas centrales, que la cuantía obtenida por distribución de utilidades es muy superior a la que reciben sus entidades, incumpliéndose lo que estableció el artículo 49.2 de la Resolución no. 201 del 2023 del Ministerio de Finanzas y Precios.
Otra cuestión a meditar y en la cual comparten responsabilidades las direcciones administrativas y sindicales es la referida a los reglamentos aprobados en cada entidad. De manera reiterada se detectan inconformidades de los trabajadores en su elaboración y utilización.
Nuestra organización favorece que se distribuyan utilidades, y que constituyan una parte de los ingresos salariales, tan necesarios en un momento en el que el dinero ha perdido su capacidad de compra.
La CTC también insiste en que se haga bajo el cumplimiento de la política aprobada de que quien más aporte sea el que más reciba, siempre respaldado por resultados productivos de bienes y servicios. Defender estos principios es defender nuestro modelo socialista, el cual solo es posible consolidar y mantener sobre la base de una economía productiva y eficiente.
* Funcionario de la secretaría general de la CTC
¿Empresas productivas o financieras?
Víctor Luis López Lezcay*
La falta de recursos materiales y financieros por la que atraviesan muchas de nuestras empresas productoras de bienes y servicios ha deteriorado de manera significativa sus sistemas de valores empresariales. Esto ha provocado, en determinados casos, el incumplimiento de su actividad principal, pues ante la necesidad de sostenerse, han tenido que reinventarse y buscar ingresos financieros que les permitan cubrir gastos básicos como salarios, pagos a proveedores o deudas.
En este proceso, algunas han desplazado su enfoque productivo hacia actividades secundarias o, incluso, han destinado sus medios de producción al mercado inmobiliario, transformándose en entidades arrendadoras.
El escenario en el que actúan los actores económicos es complejo. Exige profesionales con un alto grado de preparación, flexibilidad y conocimiento en temas económicos, especialmente financieros. La economía cubana, abierta, cambiante y sujeta a presiones externas, obliga a las empresas a adaptarse constantemente. Por tanto, el esquema tradicional de empresas con un único objetivo productivo resulta insuficiente para enfrentar los desafíos actuales.
La dinámica empresarial está marcada por fuerzas competitivas y restricciones materiales que alteran su equilibrio interno. La falta de recursos —como problema objetivo— y la búsqueda de salidas rápidas —como problema subjetivo— han llevado a que diferentes direcciones empresariales encuentren en la actividad inmobiliaria una vía aparentemente más sencilla para obtener financiamiento rápido y seguro. Sin embargo, al hacerlo, muchas entidades han destinado activos esenciales para su tarea principal hacia fines ajenos a su misión original, perdiendo así la esencia para la cual fueron creadas.
No se puede negar que la gestión de activos inmobiliarios es una práctica legítima y, de hecho, uno de los negocios más rentables del mundo. Pero cuando esta se convierte en el centro de la gestión empresarial, y no en un complemento temporal, ocurren distorsiones económicas difíciles de revertir, entre las que destacan la pérdida de productividad, la desconexión entre los trabajadores y el propósito de la empresa y la creación de lo que los economistas llaman “burbujas financieras de ineficiencia”: ganancias aparentes que no reflejan una verdadera salud económica.
El problema no radica en que las empresas busquen alternativas para sobrevivir, sino en que el exceso y abuso de esas vías secundarias termina debilitando la función productiva y social que deben cumplir. Esto afecta no solo la empresa, también al entorno social y al sistema económico en general, pues los recursos se desvían de la producción real hacia actividades especulativas de menor impacto social.
Desde la teoría económica, este fenómeno puede entenderse como un “giro de empresa”, es decir, un cambio de rumbo que rompe la visión sistémica de la entidad. Cuando los directivos pierden esa visión integral, se hace difícil armonizar los intereses financieros de corto plazo con la participación de los trabajadores y la responsabilidad social de la empresa.
Para corregir estas distorsiones es necesario promover una cultura económica más integral, que combine la gestión eficiente de los recursos financieros con el compromiso productivo y social de las entidades.
No es prohibir el uso de mecanismos financieros o inmobiliarios, sino utilizarlos de forma estratégica, sin perder el foco en la creación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad.
En definitiva, el desafío actual de las empresas cubanas no es elegir entre ser productivas o financieras, es aprender a ser financieramente sostenibles sin dejar de ser productivas. Solo así podrán cumplir su misión original y, al mismo tiempo, adaptarse con éxito a un entorno económico cada vez más complejo y competitivo.
* Doctor en Ciencias Económicas Empresariales
María de las Nieves Galá
Hace pocos días el gobierno provincial de La Habana aprobó una resolución que estableció precios máximos de compra y venta para productos agropecuarios en todos los canales de distribución de la capital. ´
El propósito es garantizar mayor equidad y control en la comercialización. No es la primera vez, anteriormente ya se había emitido un documento que manifestaba similar propósito. Y como en aquella ocasión, vuelve a ser violado casi de forma general.
Quienes han tenido la oportunidad de visitar mercados agropecuarios pronto se dan cuenta de que “el cuartico sigue igualito”, como le gusta decir a una amiga; da lo mismo el boniato, la calabaza o la inalcanzable malanga. Los expendedores continúan añadiendo que no es posible vender a menor precio algo por lo cual ellos tienen que pagar también altos precios.
Algunas personas consideran que poner el tope de los precios no resuelve el problema, y lo que hace es desabastecer el mercado. Al final, los productos se desvían al mercado negro y son más caros. Si no hay producción, nunca van a bajar, comentó alguien.
Lo cierto es que, en medio de ese vendaval, aquellos que tienen menos poder adquisitivo están más vulnerables y les resulta cada vez más difícil comprar de forma cotidiana, aunque sea una libra de boniato para sustituir al preciado arroz, que ya no se puede consumir todos los días.
Claro que deben revisarse los precios y buscar la fórmula para que lo establecido se cumpla. De lo contrario, de nada sirve instrumentar resoluciones que a la larga se convierten en letra muerta y el cometido no se cumple.
Vivian Bustamante Molina
La ampliación del objeto social en los sectores empresarial y presupuestado no está ajena al propio proceso de actualización del modelo económico cubano y el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal, contenido en el Decreto Ley no. 34 del 2021.
En su articulado deja bien claro que las entidades están destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de los servicios públicos, y la dirección y ejecución de actividades económicas en el ámbito de sus competencias y que “en su gestión actúan con eficiencia, racionalidad, eficacia, calidad, responsabilidad social y transparencia”.
Cumplida aquella parte, la Resolución no. 28/2021, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), abre el diapasón de competencias al establecer que “resulta necesario seguir flexibilizando los objetos sociales” para permitir a los actores económicos ampliar —de manera lícita—, el alcance de las labores secundarias “de producción, comercialización y prestación de servicios”.
Pero ojo, la norma jurídica precisa que aquellas “no pueden ir en detrimento del cumplimiento del objeto social”.
Y como la práctica inmobiliaria se halla entre las acciones aprobadas y con cierta proliferación, la Gaceta Extraordinaria no. 38/ 2021 publicó entre otras regulaciones la Resolución no. 97, del MFP, a partir de las funciones de este organismo de dirigir y controlar la ejecución de la política en materia de formación, fijación y modificación de precios y tarifas.
Es así que expone las cuotas mínimas mensuales a pagar en pesos cubanos por metro cuadrado de área interior rentada contractualmente, “por el servicio de arrendamiento de inmuebles para fines residenciales, que prestan las entidades estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano y otras autorizadas, a personas jurídicas cubanas o extranjeras, y también a personas naturales cubanas residentes en el país y extranjeras”.
El Gobierno cubano ha puesto en marcha un ambicioso plan nacional con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento de arroz, fundamental en la dieta de la población.
La estrategia, confirmada por el presidente del Grupo Agrícola del Ministerio de la Agricultura, Orlando Linares Morel, consiste en la siembra de 200 mil hectáreas del cereal en el próximo año.
Según información del periódico Granma, durante un encuentro con directivos y productores del municipio de Mayarí, provincia de Holguín, Linares Morel explicó que esta iniciativa “constituye una tarea de primer orden indicada por la máxima dirección del país”.
El programa, de alcance nacional, está previsto que comience tan pronto se realice en noviembre próximo una evaluación crítica de los recursos hídricos disponibles. El proyecto involucrará 14 provincias, 133 municipios y aproximadamente 23 mil productores. (Tomado de Agenda Económica, de Cubadebate)
Por la producción sostenible de alimentos
El Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric) y el Instituto de Suelos desarrollan un proyecto para acelerar la producción sostenible de alimentos en lugares seleccionados. Las acciones fundamentales se realizan en los municipios de Artemisa, Bejucal, Guanabacoa, Güines y Madruga.
El objetivo general de las tareas del IAgric es crear un sistema integral de asistencia técnica, capacitación y gestión para la explotación de los sistemas de riego y la maquinaria agrícola a nivel local que contribuya a elevar la eficiencia en el empleo de los medios disponibles.
Ello contribuye a alcanzar una mayor productividad y diversificación de productos y servicios, mediante el manejo, conservación y utilización adecuada de los recursos humanos y naturales para incrementar la producción agrícola sostenible en municipios urbanos y suburbanos. (Tomado del Sitio web de la Agricultura)
Descargue en versión PDF: Más que arrendar, PRODUCIR (Separata Economía)
