¿Pueden ya reincorporarse a su centro los trabajadores que recibían una garantía salarial? ¿Y quienes permanecían en casa por su condición de vulnerables cuándo regresan? ¿Cómo revocar la suspensión temporal para reiniciar la labor por cuenta propia?
Estas son algunas de las dudas que durante los últimos días comenzaron a aparecer entre la población cubana, luego del inicio de la primera fase de la etapa de recuperación después de la COVID-19, una evolución favorable que demuestra la necesidad y el interés existentes por volver al trabajo.
Detrás empieza a quedar un período de más de tres meses que removió todo el ámbito laboral del país, con sucesivas medidas salariales y de otro tipo para proteger la fuerza de trabajo, tanto del sector estatal como del particular, cuya aplicación no estuvo también exenta de conflictos y dificultades, con disímiles enseñanzas para el movimiento sindical y las administraciones.
Nadie quedó sin protección, pero…
Más de 184 mil trabajadores recibían, hasta el cierre de mayo, la protección salarial por interrupción de sus labores, al 100 % en su primer mes y al 60 % en los restantes, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Turismo, cultura y transporte resultaron los sectores con mayores afectaciones, pero no fueron los únicos que enviaron trabajadores a la casa con esa garantía.
“Las medidas abarcaron a las personas más vulnerables a desarrollar formas graves del nuevo coronavirus, a madres con menores de edad en todas las enseñanzas, incluido el círculo infantil; y bajo el principio de reducir al mínimo indispensable los trabajadores que permanecieron en las entidades”, explicó Yudelvis Álvarez Fonseca, directora jurídica del MTSS, quien enfatizó que no quedó nadie sin recibir la debida protección.
No obstante, la funcionaria reconoció que surgieron a veces dificultades al aplicar tales garantías salariales, por la interpretación errónea que hicieron algunas administraciones.
La jurista argumentó, además, que la propia evolución de la situación epidemiológica obligó a ajustar y considerar sobre la marcha nuevas disposiciones salariales para diversas situaciones. Como ejemplos citó el caso de los trabajadores movilizados para laborar en los centros de aislamiento y los pagos adicionales aprobados para auxiliares de limpieza y lavandería en hospitales, entre otros.
Una de las debilidades que emergió con mayor fuerza durante la pandemia fue el problema de la reforma general de salarios pendiente de aplicar en la nación. Los trabajadores del sector presupuestado que hace justo un año recibieron un significativo aumento salarial, por ejemplo, estuvieron en mejores condiciones para sobrellevar la interrupción laboral, incluso con el 60 % de su ingreso mensual, que quienes laboran en el sistema empresarial, con salarios básicos inferiores.
Enrique Cisneros Morris, jefe del Departamento de Organización del Trabajo y los Salarios y Empleo de la CTC, recordó que desde septiembre del 2019 las empresas comenzaron a recibir un fuerte impacto como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo, lo cual afectó el pago por resultados. Tampoco la simplificación prevista para este año de los indicadores a medir por tales sistemas de pago pudo, por tanto, cumplir con su propósito de elevar el ingreso del sector productivo, en medio de la emergencia sanitaria.
A pesar de eso, Roberto Betharte Mazorra, jefe del Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC, destacó que el 74 % de las empresas mantuvieron su actividad durante el enfrentamiento a la epidemia. También evaluó de positiva la decisión de mantener los sistemas de pago por resultados en tales circunstancias, y la supresión del indicador que para poder aplicarlos exigía un crecimiento de las utilidades contra igual período del año anterior.
El sistema empresarial funcionó durante la epidemia con el 80 % de su fuerza laboral, de esta el 58 % en la entidad y 22 % en la modalidad de trabajo a distancia, según informó Lixgiana Álvarez Rodríguez, jefa del Departamento de Empleo del MTSS.
Esta posibilidad de trabajar desde casa ya recibía un impulso desde el año anterior y tuvo un provechoso salto en esta etapa, al llegar a ocupar en total a casi 625 mil trabajadores al cierre de mayo, más del doble de quienes lo hacían hasta marzo último, precisó.
El trabajo a distancia y el teletrabajo no solo permitieron mantener la vitalidad de numerosas entidades y su aporte a la economía, sino que evitaron mayores afectaciones salariales, pues ese personal mantuvo sus ingresos habituales, entre estos la estimulación, los estipendios y otros pagos adicionales.
¿Quién se quedó, quién se fue?
Las diferentes medidas para garantizar el distanciamiento social en la producción y los servicios hicieron saltar otras viejas alarmas que sería preciso reconsiderar. Sindicalistas y autoridades reguladoras coinciden, por ejemplo, en que la capacidad demostrada por no pocas entidades para laborar con menos fuerza de trabajo, incluso en algunos casos con más eficiencia y productividad, apunta a la persistencia de plantillas infladas, en especial de personal indirecto.
La necesidad de continuar con el fortalecimiento de las estructuras que gestionan los recursos humanos es otra evidencia de este proceso, según Guillermo A. Sarmiento Cabanas, director de Organización del Trabajo del MTSS. “Al implementar todas estas medidas pudimos constatar que todavía falta conocimiento sobre la legislación laboral y las técnicas para organizar el trabajo”, evaluó.
Al respecto, Betharte Mazorra refirió la ocurrencia de errores puntuales al aplicar determinadas normativas en relación con el tratamiento salarial y laboral, tales como el descuento incorrecto de la contribución especial a la seguridad social a trabajadores que estaban en casa con el 60 % del salario, la inexistencia de los suplementos al contrato para fijar las condiciones del trabajo desde el hogar o las dudas sobre cómo aplicar en esas modalidades de empleo la protección ante posibles accidentes laborales.
Apuntó además que la CTC recibió inquietudes en torno al excesivo carácter administrativo, sin la participación de los dirigentes sindicales de base, del proceso de declaración de interrupciones temporales o de reubicaciones temporales en otros puestos y centros de trabajo durante la epidemia. “A veces al secretario general del sindicato lo mandaban para su casa entre los primeros, sin considerar que nuestra organización debe continuar su labor de atención a los trabajadores dentro y fuera del centro”, indicó.
Al respecto, la jefa del Departamento de Empleo del MTSS refirió no haber recibido quejas sobre el acompañamiento sindical al proceso, pero recalcó que las principales decisiones en una entidad las toma su consejo de dirección, donde tiene que participar el sindicato.
Otra insatisfacción fue que de 146 mil 507 trabajadores declarados interruptos, solo se reubicó a unos 48 mil (33 %), frente a más de 77 mil (53 %) que se mantuvieron cobrando la garantía salarial en casa. Tampoco resultó despreciable la cifra de casi 21 mil trabajadores (14 %), que injustificadamente no aceptaron otra oferta de empleo, en lo cual habría sido crucial una mayor labor política del sindicato.
Lo que vendrá
Las medidas a implementar en las tres fases de la primera etapa de recuperación tienden a la incorporación de los trabajadores a sus colectivos y al cese gradual de las protecciones temporales para recobrar sus ingresos con la reactivación económica.
El trabajo por cuenta propia llegó para quedarse, y todo lo previsto busca estimular su reapertura desde el primer momento, significó Álvarez Rodríguez. Quienes fueron reubicados en sectores priorizados y consideren más favorable su nuevo empleo, por la estabilidad o el monto de sus ingresos, podrán también mantenerlo, si no es una labor eventual y existe la plaza para que le contraten.
“La COVID-19 es mala, pero dejará cosas buenas —sentenció Álvarez Fonseca—, y lo que haga falta perfeccionar, se hará”.
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