Muchos negocios no estatales imponen recargos de hasta un 30 % por pagos electrónicos, dificultando la bancarización. Alegan límites diarios, falta de acceso a efectivo y rechazo de transferencias por parte de sus proveedores. Esta práctica perjudica al consumidor y evidencia fallas en la fiscalización y en los incentivos para adoptar pagos digitales Continuar leyendo
La transferencia se engorda
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