Cargando...La Gaceta Oficial Ordinaria número 85, publicada este lunes 12 de octubre, incorpora un nuevo marco legal para el sector petrolero cubano. Se trata del Decreto-Ley 135/2026 “De Petróleo y Gas” (insertar PDF) de la ley y su reglamento, el Decreto 184/2026, que sustituyen a la obsoleta Ley de Minerales Combustibles de 1938 y a la legislación de 1959.
Durante conferencia de prensa encabezada por directivos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas, explicó que el objetivo central es “contribuir al incremento progresivo de los niveles de producción y reservas de petróleo crudo y gas natural”para cubrir la demanda nacional y avanzar hacia la soberanía energética.
La nueva norma regula de manera integral toda la cadena de valor, desde la exploración en zonas terrestres y aguas profundas hasta la refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.
Un cambio de paradigma en la industria
Entre sus principales novedades destaca la ampliación de los actores que podrán participar en la industria. Según explicó Abigantus León, la normativa contempla la participación de personas naturales y jurídicas; nacionales y extranjeras siempre que reciban autorización.
El reglamento concreta que las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia y las empresas privadas con más de 100 trabajadores podrán intervenir directamente en la exploración y explotación mediante concesiones petroleras.
En cuanto a la inversión extranjera, Abigantus León subrayó que “ya existen en el país inversiones extranjeras en el petróleo” pero ahora se “ratifica y amplía ese espacio”. La norma introduce tres modalidades de participación: el contrato de producción compartida —con hasta 40 años de vigencia, prorrogables por una década—, la concesión petrolera —hasta 30 años con opción de prórroga por 10 más— y los contratos de servicios petroleros.
Soberanía y control estatal
A pesar de la apertura, la norma reafirma el control estatal sobre un recurso estratégico. Los yacimientos de petróleo y gas “son de propiedad socialista de todo el pueblo y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”, destacó Ricardo Rodríguez, director adjunto. La concesión concede un derecho temporal para operar en un área determinada, pero no transfiere la propiedad del yacimiento.
La adjudicación de bloques de exploración y explotación se realizará mediante licitaciones públicas abiertas, y requerirá aprobación del Consejo de Estado y un título habilitante otorgado por el Consejo de Ministros.
Uno de los énfasis de la conferencia fue la seguridad industrial. «No se puede hablar de la industria petrolera sin hablar de la seguridad de su operación», señalaron los directivos, quienes destacaron que la norma establece «requisitos estrictos de seguridad y protección ambiental».
El reglamento detalla obligaciones sobre la calidad de los combustibles, que deberán cumplir las especificaciones aprobadas por el MINEM, y exige documentación técnica y pruebas de laboratorio para los productos importados.
Amplia participación en la elaboración
La norma fue elaborada con la participación de 31 instituciones. Según los datos presentados, se recibieron 389 observaciones a las versiones de los documentos, de las cuales 347 fueron incorporadas y 42 aclaradas. Además, se estudiaron regulaciones de otros 18 países para enriquecer el marco legal cubano.
La legislación también promueve la innovación, la transformación digital y el uso de energías renovables en la industria petrolera, y otorga derecho de primera opción a las empresas nacionales de bienes y servicios en los procesos de contratación, siempre que cumplan con especificaciones de calidad, plazos y precios competitivos.
Cabe señalar además, que la ctualización legislativa se produce en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una crisis energética agravada por el bloqueo de Estados Unidos. La norma busca, precisamente, ofrecer «un marco jurídico claro que da seguridad jurídica a los inversionistas» en un contexto geopolítico adverso.
“Cuba defiende la soberanía sobre sus recursos naturales”, puntualizaron los directivos. Con la creación de esta normativa se reafirma el principio constitucional de que los yacimientos de petróleo y gas son propiedad socialista de todo el pueblo. Es un nuevo apartado legal que delimita las condiciones de su aprovechamiento y conserva las facultades de autorización, supervisión y fiscalización sobre toda la cadena.
