Cargando...Como ocurre también en el cine o el teatro cuando sus artistas alcanzan la madurez profesional, para los actores económicos no estatales las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país son la oportunidad de aumentar su versatilidad en el desempeño de papeles más variados y profundos en la economía nacional.
No por gusto las principales modificaciones en su gestión despuntan desde el primer eje de las decisiones adoptadas, a la par de las que se aplican en la empresa estatal socialista.
Un repaso somero de estos cambios que en su mayoría ya tienen el necesario respaldo jurídico apenas pasados tres meses de su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, permite apreciar que eran insatisfacciones y frenos muy frecuentes cuando se hablaba con los dueños de negocios privados en ascenso.
La ralentización que ya se notaba en el proceso de consentimiento de nuevas mipymes y cooperativas no agropecuarias antes de adoptarse las transformaciones económicas y sociales fue la primera barrera en caer, junto con la reducción de requisitos y trámites para su creación.
El modelo de determinadas cuotas o techos que se le había impuesto a estas formas de gestión no estatal, que obligaba a sus propietarios a usar subterfugios legales para enmascarar su crecimiento, saltó por los aires. Ni límites a la cantidad de trabajadores contratados ni a la titularidad o participación en varias empresas ni a la modalidad de formas societarias a adoptar.
Tabúes que parecían inamovibles fueron removidos, como la concesión de derechos reales en usufructo y superficie para que esas entidades privadas o cooperativas puedan invertir; la autorización para acreditar cuentas bancarias en divisas, depositar y extraer su dinero o permitir empresas privadas en la agricultura.
Ya se redujo también significativamente la lista de actividades prohibidas para esos actores económicos no estatales, una revisión que tendrá que ser periódica y para cada momento específico; y también cayeron las orejeras que imponía una interpretación restrictiva del llamado “objeto social”, que ahora no impide desarrollar otras actividades productivas y de servicios.
Por supuesto, el éxito de las transformaciones en este sector pasa no solo por la iniciativa de sus hacedores y el estímulo estatal a su fomento, sino por la recuperación gradual de la economía.
Viejas deudas como la de un mercado de insumos con la participación de todas las formas de gestión o la posibilidad de acceder libremente al mercado cambiario, dependen en buena medida de que se pueda burlar el fiero cerco comercial y financiero que nos ha impuesto el Gobierno de los Estados Unidos.
Las transformaciones tienen además una condición muy interesante: son interdependientes en relación con las de otros ámbitos de la economía. Sucede, por ejemplo, con el salto propuesto en las relaciones de propiedad, en las que las personas jurídicas no estatales e incluso cualquier persona natural podrán comprar acciones de empresas estatales, adquirir legalmente propiedades del Estado; o invertir en empresas cubanas, incluso si es residente en el exterior.
En ese amplio espectro de oportunidades, en el que de modo explícito se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas no estatales, no es posible desentenderse entonces de la protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, cuestión que para garantizar como se plantea, pasa por un aprendizaje acelerado y un cambio radical en la labor del movimiento sindical cubano.
Porque esa “tierra de oportunidades” para los actores económicos no estatales puede ser terreno de contradicciones laborales con sus empleados, que tienen un Código de Trabajo que los protege, pero hace falta un sindicato fuerte que los haga valer.
