Decreto 138: ¿En la justa medida? (Separata Economía)

Fidel Rendón Matienzo

Aunque el Decreto 138, en vigor des­de su publicación el 20 de diciembre del 2025 en la Gaceta Oficial, faculta al sistema empresarial a determinar el salario de sus trabajadores y otras prerrogativas, solo lo hacen alrede­dor del 50 % de las entidades con posibilidades de asumir tal descen­tralización o autonomía.

Guillermo Sarmiento Cabanas, director de Organización del Tra­bajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), precisó a este medio que unos mil 100 lo implementan, y de acuerdo con el Programa Económico y Social del Gobierno 2026 se prevé cerrar el año con más de mil 700 en esa fa­vorable situación.

Por ello, insiste en el alcance de la mencionada normativa, cuyo objetivo es contribuir al incremen­to de los niveles de producción y servicios, a la productividad del trabajo, a la eficiencia y a mayores aportes al Presupuesto del Estado, a partir de una gestión más eficaz de los recursos humanos en el pro­ceso integral de mejoras continuas de cada entidad en cuestión.

Son sujetos del Decreto 138 y de sus resoluciones complementa­rias elaboradas por ese organis­mo y el Ministerio de Finanzas y Precios, las Organizaciones Supe­riores de Dirección Empresarial (Osde) y las empresas estatales, in­cluidas las filiales.

Para todas se establecen fa­cultades en aras de que definan la escala salarial, el salario de cada grupo de complejidad de la esca­la, la relación de cargos, los pagos adicionales y las formas de pago.

Dado que uno de los objetivos específicos del Programa del Go­bierno 2026 no es solo implemen­tar la política actualizada para la aprobación de la organización sa­larial en el sistema empresarial, sino evaluar su impacto, Sarmien­to señaló que actualmente el MTSS realiza un control en todo el país, que comenzó por las entidades de las administraciones provinciales del Poder Popular y el sistema de la Agricultura.

Debemos esperar por sus resul­tados, dijo, sin dejar de subrayar que las acciones de control para com­probar la efectividad del referido Decreto competen también a los Or­ganismos de la Administración Cen­tral del Estado (Oace), a las Osde y demás entidades, a cuyos cuadros y especialistas se les capacitó junto a los del movimiento sindical, es decir, la CTC y sus sindicatos.

Guillermo Sarmiento Cabanas refiere que el país ha puesto en manos del sistema empresarial otra facultad más, tan impor­tante, que permite crear em­presas mixtas con el sector no estatal u otras en vigor, las cua­les se entrelazan, se articulan y apuntan a la descentralización, a la eficiencia, a más aportes a la economía y al Presupuesto del Estado.

Pero esta en particular da preferencia al salario por la complejidad del trabajo y a la aplicación de los pagos por ren­dimiento, que posibilitan me­dir el aporte individual de los trabajadores; de modo que todo aumento sea posible mientras se justifique o lo respalde un resultado productivo de eficien­cia, medida que impacta en la estabilidad de la fuerza laboral.

El directivo insiste en que si bien la normativa descentra­liza, también establece un tra­tamiento diferencial para las empresas de alta tecnología y de producción de software o las que exportan, entre otras.

Pero en el contexto comple­jo que vive el país hay que ir a las causas subjetivas y condi­ciones de aquellas entidades que sí pueden aplicar la nor­mativa, pues sobran los ejem­plos de unas que son eficientes y otras no, aún bajo las mismas circunstancias.

Al respecto, Sarmiento alu­de a las Disposiciones Transi­torias del Decreto 138, que se­ñalan que el jefe de la entidad del sistema empresarial, que no cumple las exigencias para la implementación de las fa­cultades que descentralizan la aprobación de la organización salarial, establece un progra­ma de trabajo que garantice su aplicación en el término de un año posterior a la entrada en vigor del presente Decreto.

Transcurrido ese plazo el jefe de los Oace, Osde, de la Administración Provincial o el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, según corresponda, informa al Consejo de Ministros, a través del MTSS, los resultados del programa de trabajo aprobado, así como las causas y la pro­puesta de medidas a adoptar en las empresas que no lograron su cumplimiento.

Ahora todo en cancha de las empresas

Al transferir al sistema empresarial estatal la potestad de determinar el salario, el vigente decreto soltó las amarras de la dependencia total de la escala única, y de los calificadores de cargos centralizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Ver más

A mejores salarios…

Luis Manuel Castanedo Smith*

Sin duda, la facultad del sistema empresarial estatal cubano para establecer de forma descentrali­zada la organización del sistema salarial de los trabajadores, cons­tituye una de las medidas más pro­fundas durante el último quinque­nio en la economía.

El objetivo principal es que su aplicación contribuya al incre­mento de los niveles productivos y de eficiencia; y a partir de estos resultados mejorar el ingreso de los trabajadores.

La implementación de esta importante medida ha transitado por la aprobación y puesta en vi­gor de tres decretos en los últimos cinco años: el decreto 53/ 2021, el 87/2023 y el 138/2025. Un análisis desde la óptica sindical nos lleva a compartir algunas preocupaciones sobre el tema.

Aunque no es un comporta­miento general y mayoritario, en las empresas que aplican estas medidas no siempre podemos ase­gurar que sus resultados se corres­ponden o están respaldados con incrementos de los niveles produc­tivos que justifiquen aumentos sa­lariales.

Como principio la dirección sindical tiene que exigir que se cumpla la política de que no se puede pagar más produciendo lo mismo, y en ocasiones hasta me­nos, pues ese comportamiento es un elemento negativo en el comba­te a la inflación.

Nuestros dirigentes sindicales y trabajadores deben tener clari­dad absoluta en que estas medidas por sí solas no son la solución a los problemas que hoy tiene el salario, lo cual exige un incremento en los niveles productivos y de eficiencia; el salario, además de su sentido económico y monetario, cuando se dirige incorrectamente se convier­te en un problema político y tam­bién ideológico.

Si malo es no retribuir al tra­bajador según los resultados al­canzados de su trabajo en corres­pondencia con lo que aporta, peor resulta concederle lo que no le co­rresponde.

Por otra parte, el sindicato tie­ne que exigir y ejercer un papel activo en este sentido: ¿Cómo lo­grar que se integren los intereses financieros con la responsabilidad social que tiene la entidad? Hay que esclarecer en cada colectivo y a cada trabajador que de esta di­fícil situación solo es posible salir adelante produciendo más, y que el trabajador que más aporte sea el que más reciba.

En tal sentido continúan las insatisfacciones en no pocos tra­bajadores en la categoría ocupa­cional (operarios) en la que los be­neficios de esta medida aún no son apreciables.

Hay que reflexionar hasta qué punto la dirección sindical ha ejer­cido su actuación en cumplimiento de la política aprobada en la que el diseño del sistema es de común acuerdo.

¿Por qué no se asume con todo el rigor que corresponde como ele­mento esencial de nuestra misión de representante de los trabajado­res? Esa es la razón de ser del sin­dicato.

Es imprescindible rectificar una concepción errónea que hemos apreciado en no pocos espacios de evaluación de la medida y es el he­cho de una mejor aplicación y uso de pagos adicionales muchas veces por encima del que le corresponde por su trabajo.

Es significativo que en una menor medida se da precisamente en las categorías ocupacionales de operarios.

Después de cinco años de aplicación, urge avanzar más en la implementación de la medida. Lo necesita el sistema empresa­rial sustentado en las entidades que generan bienes y servicios, y producciones para la exporta­ción.

En el avance de este objetivo hay que rescatar la batalla por la productividad del trabajo como elemento clave en la construcción de nuestro modelo. No es posible lograrlo si donde más se produce y con eficiencia, los ingresos que re­ciben no se corresponden con esos resultados.

*Funcionario de la Secretaría General de la CTC

Celebrar con sensatez

Francisco Rodríguez Cruz

El Decreto 138 sobre la organiza­ción del sistema salarial en el sis­tema empresarial cubano es una de esas normas que merecen celebrarse con sensatez. No por perfecta, sino porque resuelve una contradicción histórica que arrastrábamos desde hace décadas: cómo darle autono­mía a la empresa estatal en esa ma­teria sin caer en excesos perjudicia­les para la economía.

Esta no es una medida improvi­sada. Previamente hubo una prueba piloto en más de 100 entidades que concentran el 71 % de las utilidades de todo el sistema empresarial esta­tal, con una productividad media de 46 mil pesos y salarios superiores en 2 mil pesos al promedio del resto.

El decreto no solamente ofrece la posibilidad de ganar más, sino que contiene protecciones que blin­dan al colectivo, al establecer que nadie debe cobrar menos que el año anterior si sigue haciendo las mis­mas funciones, ni por debajo del sa­lario mínimo en el país.

Además, cualquier cambio en el sistema salarial debe ser aprobado de común acuerdo con el sindicato, discutido en el consejo de dirección, refrendado por la asamblea de tra­bajadores e incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo. Eso, en buen cubano, significa que el jefe no de­cide solo.

El sindicato tiene entonces una tarea enorme por delante. La sec­ción sindical de base no puede limi­tarse a poner el sello de aprobación. Sus dirigentes tienen que formarse técnicamente para entender de es­calas salariales, de evaluación de puestos, de indicadores de rendi­miento. Porque si no se sabe leer un estado financiero o no se entiende cómo se calcula el aporte al Estado, entonces el “común acuerdo” se con­vierte en un acuerdo a ciegas. Y eso, lo sabemos, es peligroso.

También el sindicato deberá alertar sobre posibles distorsiones. Pudiéramos imaginar algunas: un director mal asesorado que intente reducir los complementos por peli­grosidad o turnos nocturnos para “ahorrar” y cumplir la meta fiscal; que el pago por rendimiento del 30 % del fondo termine repartiéndo­se de manera igualitaria sin medir resultados reales, para evitar con­flictos; o que se premie más al que produce rápido, pero mal; o al que infla cifras.

Igualmente constituye un acier­to que el 30 % del fondo salarial esté vinculado al rendimiento. Aun­que no se trata de premiar al indi­vidualista que produce solo para su bolsillo, sino de incentivar a todo el colectivo para que la empresa en su conjunto mejore sus indicadores de eficiencia y el aporte al Estado. Si la empresa cumple sus metas produc­tivas y fiscales, le es posible aumen­tar su fondo salarial y repartir más entre todos.

La lógica es simple: no se pue­de gastar más de lo que se aporta al desarrollo del país. Algunos críticos dirán que esta “autonomía condi­cionada” no es autonomía real. Pero la experiencia demuestra que la au­tonomía sin control termina en des­calabro.

En cambio, aquí se establece un equilibrio: la empresa está autoriza­da a diseñar sus escalas salariales, crear pagos por antigüedad (hasta 3 mil pesos por 30 años de servicio) u otros incentivos que distingan las habilidades, los conocimientos y las condiciones de desempeño de cada trabajador, incrementar los com­plementos por peligrosidad o tur­nos nocturnos. Pero siempre con un tope: que la suma de esos comple­mentos no exceda el 50 % del sala­rio base.

En resumen, el Decreto 138 no es la panacea, es un paso de madurez. Reconoce que las empresas no son to­das iguales: las exportadoras de alta tecnología tienen métricas propias, a las nuevas creaciones les está permi­tido arrancar con reglas flexibles, y las unidades empresariales de base exitosas pueden recibir tratamiento diferenciado, aunque la casa matriz no marche bien. Eso es inteligencia organizativa, no privilegio.

Y al sindicato hay que decirle: no se duerman en los laureles. El de­creto les da herramientas. Úsenlas. Formen a sus cuadros, vigilen cada propuesta salarial, exijan transpa­rencia en los indicadores, y no per­mitan que un afán recaudatorio ni un mal directivo dañen los derechos conquistados.

Molestia pasada por agua

Gabino Manguela Díaz

Difícilmente usted no haya sufrido por la falta de agua en La Habana en los últimos me­ses, pues por momentos más de 250 mil citadinos han tenido algún tipo de afectación con el suministro de ese líquido, un recurso que no admite va­riantes, y que todos, absoluta­mente todos, necesitamos para vivir.

Ya sea porque tuvo que car­garla desde las llamadas pipas, de la cisterna o del tanque de un vecino solidario —que por suer­te no escasean— o por la zozobra que crece cuando pasa el tiem­po en que el agua debió llegar y ni una gota cae al cubo o vasija, que preparada ya, con ansias, parece esperarla también.

Hoy día el suministro cla­sifica entre las afectaciones de mayor molestia para la pobla­ción, además de los apagones, la falta del transporte públi­co y las grandes dificultades relativas a la bancarización, íntimamente vinculadas con los tremendos efectos del re­crudecido bloqueo económico, comercial y financiero del Go­bierno de Estados Unidos con­tra Cuba.

A pesar de que la cifra repre­senta solo alrededor del 11 % del total de los residentes capitali­nos, los reportes de prensa in­dican el perjuicio, pues la más mínima escasez provoca un al­tísimo disgusto dado su negati­vo impacto para las actividades impostergables de la vida dia­ria.

No son nuevos los males en el abastecimiento de agua, tanto en La Habana como en otras provincias, motivados en lo fundamental por desperfec­tos o colapso de los equipos de bombeo, fallas eléctricas, rotu­ras en conductoras y salideros pero causantes todas de bajas presiones. A ello se une la co­nocida desorganización en el suministro mediante carros cisterna.

Hasta principios de mayo las afectaciones prácticamente abarcaban todas las localida­des habaneras.

Revertir la citada situación en la capital constituye objeti­vo primordial de los trabaja­dores de Aguas de La Habana, cuya dirección precisó que el avance en su labor dependerá en gran medida del suminis­tro de energía eléctrica donde se encuentran las fuentes de abasto y los impulsores, ubica­dos dentro de la ciudad, pero no siempre en circuitos, que por justificadas razones son favorecidos.

La programada instalación de paneles solares, la puesta en marcha de centros de car­ga fotovoltaica y la instalación de nuevas bombas —según las posibilidades— clasifican entre lo más urgente para paliar el difícil abasto, pero la solución definitiva no parece cercana en el tiempo.

 Feria de productos

Una Feria de Promoción y Comercialización de Produc­tos con actores estatales y privados tendrá lugar el mes próximo en el Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero, el principal balneario cubano.

Empresarios, emprendedores, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes); pro­yectos de desarrollo local, cooperativas no agropecua­rias y trabajadores por cuenta propia están convocados a participar en un espacio diseñado para impulsar el desarrollo económico local y fortalecer el vínculo entre productores, prestatarios de servicios y la comunidad. (Juanita Perdomo)

Desde Punta Brava

La sincronización con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) del parque fotovoltaico Punta Brava, ubicado en la comunidad homónima del municipio de Amancio, en el sur de la provincia de Las Tunas, es un aporte a los esfuerzos del país para cambiar su matriz energética hacia fuentes renovables y limpias.

El equipamiento fue donado por la República Popular China, cuyos técnicos certificaron la calidad del trabajo y dieron su visto bueno para la interconexión, en un acto que demuestra que el pueblo cubano no está solo en la batalla contra el bloqueo y en su afán de defender la soberanía nacional. (Jorge Pérez)

De referencia

Ciego de Ávila se consolida como referente en la gestión ambiental responsable, según se conoció al otorgársele a esta central provincia cubana la sede del acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.

Sobresale el cumplimiento de las acciones de la Es­trategia Ambiental Provincial-Tarea Vida en función de la adaptación al cambio climático, unido a la integración entre las direcciones del Partido Comunista de Cuba, del Gobierno, los centros científicos y las organizaciones en general, según informó a la prensa Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Am­biente.

Argumentó que más del 75 % de las entidades avi­leñas realizan caracterizaciones periódicas de sus resi­duales, fortalecen la protección de sus áreas naturales, priorizan la conservación de la biodiversidad, las zonas protegidas y el Programa Nacional de Diversidad Bioló­gica. (José Luis Martínez Alejo)

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