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Cargando...¿Y nosotros qué?, fue la pregunta que se hicieron los trabajadores de Frigel, una mipyme estatal habanera dedicada a servicios de refrigeración y climatización, cuando analizaron la desventaja que para ellos tiene la no ubicación allí de recién graduados de nivel superior, algo que, aseguraron, el Anteproyecto de Ley del Código de Trabajo no resuelve de manera favorable para ellos.
El documento consigna que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantiene esa ubicación dirigida a las oficinas centrales de órganos, organismos y entidades nacionales, según los sectores estratégicos de la economía y las prioridades del desarrollo local.
Entonces María del Carmen López, jefa del Grupo Comercial en la citada mipyme estatal, dijo que “en esencia si somos estatales, ¿por qué se preferencia la ubicación de profesionales en las empresas?; eso indica que no somos protegidos”.
El tema ocupó parte importante del análisis, y Moisés Gómez Vega, jefe de Servicios Técnicos, destacó lo que consideró el meollo del asunto. “El Anteproyecto y la experiencia que hemos tenido, no definen qué somos. Se habla de mipymes —sin apellidos—, pero sin diferenciar. Para unas cosas nos miden como estatales y para otras somos particulares o privados. Y eso está mal, porque tenemos que cumplir las mismas leyes. A veces nos parecemos más a una unidad empresarial de base”.
La asesora jurídica, Julia Cristina Baró, expuso una duda: “¿Cómo nosotros, una mipyme estatal, haremos el pago para el aseguramiento de los trabajadores ante contingencias?”.
Reinier Mirabal, secretario general de la sección sindical, propuso incluir algún elemento que garantice un estímulo por parte de los centros para aquellas personas que llegadas a su edad de jubilación cumplimentan determinados requisitos, y recordó la práctica de que en otros tiempos había sectores en que hijos y descendientes de jubilados tenían determinadas ventajas para su incorporación al centro donde trabajan de sus padres.
Finalmente, los asistentes a la reunión refrendaron la importancia del cambio del concepto de idoneidad por el de capacidad demostrada para los procesos de incorporación al empleo.
