La falta de cultura jurídica como causa de vulneración de la legalidad fue señalada por el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Ulises Padilla Sánchez, en intercambio con trabajadores de la Empresa de Correos de Pinar del Río durante la consulta en este colectivo del anteproyecto del Código de Trabajo.
Insistió en la importancia de leer cuidadosamente la norma, explicó la pertinencia de la misma, y puso énfasis en que su cumplimiento no establece diferencia entre formas de propiedad.
“Refuerza los derechos de los trabajadores, pero también la exigencia de sus competencias”, acotó el experto que integró el Grupo Temporal que tuvo a cargo la elaboración del anteproyecto, destacó que fue un ejercicio desde la academia atemperado con la realidad cambiante de una Cuba que se abre a nuevos modelos de gestión.
La congruencia entre el anteproyecto y otras legislaciones vigentes fue resaltada y en tal sentido refirió que la concertación del contrato individual es un momento clave para sentar las demandas de las partes, eliminar el igualitarismo salarial y convertir ese pago en el necesario estímulo de la productividad y la eficiencia.
Acotó que esto da cumplimiento al Artículo 65 de la Constitución de la República de Cuba. (Toda persona tiene derecho a que su trabajo se remunere en función de la calidad y cantidad, expresión del principio de distribución socialista “de cada cual, según su capacidad, a cada cual según su trabajo”.)
Entre los temas que generaron interrogantes estuvo la extensión de permisos para viajes al extranjero, la preservación de los derechos a la jubilación -incluso acogidos a licencia sin sueldo como cuidadores-, y los trámites para solicitud de baja.
Padilla Sánchez, se extendió en los riesgos del pluriempleo para la salud de los trabajadores, la obligatoriedad de las vacaciones y su pago anticipado, así como las posibilidades para la capacitación y superación personal que respalda el anteproyecto.
Insistió en que el funcionamiento de los sindicatos tendrá que ser superior porque les corresponde un rol esencial en la defensa y garantía de los derechos que contiene la propuesta.
