Cargando...Ante tantas maldades en contra de los clientes, podría pensarse que en asuntos de alteración de precios los malhechores prácticamente no tienen nada que inventar a fin de lacerar cada vez más el bolsillo de la población. Al menos eso creía, antes de tropezar con lo que parece ser una de las últimas modalidades-fechorías en no pocos mercados agropecuarios y centros que comercializan los más disímiles productos.
Se trata de que en esos lugares cada producto cuenta con un doble precio, uno es dirigido al ojo avizor de los inspectores, acorde a las normativas y otro para el cliente. Por supuesto, este último mayor, desmedido y muy por encima del que reservan con destino al funcionario encargado de fiscalizar y hacer cumplir lo establecido para la comercialización en tales mercados.
El primero de esos precios aparece en la tradicional pizarra, generalmente con letras pequeñas, casi imposibles de apreciar por quienes padecen alguna dificultad visual. Pero al estar expuestos al público, cumplen con lo estipulado.
El otro, el verdadero, lo anuncia el vendedor con peculiar entonación, según de quien se trate. Y si alguien invoca el que aparece en la pizarra —como este reportero que suscribe—, entonces el tarimero, sin asomo de pena o vergüenza, lo hace saber a viva voz: “Ese es para los inspectores, aquí ese producto tiene este otro precio”. Así me dijo.
Me sucedió en el mercado agropecuario de Zapotes y Diez de Octubre, unas cuadras más allá de la Esquina de Toyo, no a escondidas, sino públicamente, frente a las oficinas de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) del municipio capitalino de Diez de Octubre. Es como delinquir a las puertas de una unidad de la PNR.
No es solo que a una persona le roben en el precio de su producto, sino que tiene que soportar además que en su cara, en medio de un conglomerado de personas, el vendedor reconozca ante todos su fechoría.
Algo que ocurre en cualquier momento. Ayer, hoy o mañana. Un hábito en franco desafío a la clientela, a las autoridades del orden, y que me hizo pensar en la impunidad con que ocurren muchos de esos hechos.
Una reserva por explotar para continuar el incremento de ingresos a la familiala cubana, no permitir que nadie lacerare cada vez más su bolsillo. Por la alteración de precios es cierto que todos somos responsables; pero si los empoderados y asalariados para ello se declaran incapaces de hacer cumplir lo estipulado y legislado para ello: prescindamos también de esa carga financiera y en sustitución al actual sistema de inspectores y otros cargos estatales, organicemos al sector socio político colegiado para que lo haga sin otra remuneración adicional que vaya más allá de la satisfacción de ver y ser participe directo en el incremento de la capacidad de compra familiar, del incremento del bienestar de la población. Gracias.