Distribución de utilidades: Sin quedarse cortos ni pasarse de rosca (+ Fotos)

En el periférico re­parto santiaguero de Alta­mira la ausencia de agua potable golpea a sus resi­dentes. Sin embargo, en la cuadra de Las Cruces, Orlando Ferreiro Santiesteban hoy “respira tran­quilo” después de haber inverti­do “buena platica en una turbina, gracias al pago por las utilidades.

“No imagino qué hubiera he­cho de no tener ese beneficio, el sa­lario mensual no me alcanza para gastos de este tipo, es solo para ali­mentos. Ahora esperaré el pago del próximo trimestre para construir otro tanque para agua, tal vez una cisterna”, planea este chofer de la Comercializadora de Combustibles de Santiago de Cuba.

Es un ejemplo del provecho que pueden reportar las utilidades si son bien reglamentadas y distri­buidas, pero desafortunadamente el caso de Orlando no es la regla. En este suroriental territorio al fi­nalizar el año 2022 solo el 45 % del total de entidades estatales (312), entre empresas y unidades empre­sariales de base (UEB) lograron distribuir utilidades (141), con una cuantía media por trabajador de 4 mil 442 pesos.

Se trata de un asunto de los más discutidos en las asambleas de afiliados, no solo en los centros en los que no se concretan sino tam­bién en aquellos donde sí se pagan, porque también existen dudas e inconformidades.

Valoraciones de sindicalistas de cinco provincias ratifican lo plan­teado por el CXIII Pleno del Con­sejo Nacional de la CTC, efectuado en marzo del actual año: la gran insatisfacción entre los trabajado­res ante las irregularidades en la distribución de utilidades. Ello se deriva en buena medida por la fal­ta de preparación de los dirigentes sindicales y administrativos sobre el tema, a lo que se suma cierto for­malismo y hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática, lo que ha conspirado contra la efectividad de una medi­da destinada a lograr una mayor estimulación a los creadores de las riquezas.

Por otra parte, un segmento del dinero que va a utilidades no pro­viene del aumento de la producción de bienes materiales y servicios, y sí se relaciona con incrementos de precios y violaciones de los desti­nos concebidos. Por tanto nutre di­rectamente la inflación.

Errores, formalismos, falta de exigencia, excesos…

Un reciente muestreo a colectivos laborales matanceros reveló que a la hora de decidir el porcentaje en el pago de utilidades todavía se privilegia el coeficiente de distri­bución salarial (CDS) por encima del aporte individual. Lamentable­mente la opción beneficia más a los indirectos (puestos en las áreas de regulación y control), que a los di­rectos, señala Rogelio Leyva Caste­llanos, responsable de la Esfera de Asuntos Económicos en el Secre­tariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

El método justo es aporte indi­vidual, reconoce Leyva Castella­nos, pero para ponerlo en práctica se necesita una rigurosa evaluación del desempeño, llevar a punta de lápiz el comportamiento producti­vo de los empleados y así los ingre­sos serán parecidos a cómo cada trabajador interviene en la creación de las riquezas, puntualiza.

Lo curioso es la aceptación de esa alternativa, acota. A dicha op­ción debiera oponerse el sindicato, por ese mandato de representar a los afiliados, de pugnar por sus derechos. Si eso no bastara, si no fuera motivo suficiente, habría que echar mano a las facultades conce­didas a la organización, insiste.

“El asunto pudiera resolverse con una herramienta como el re­glamento de utilidades, en el que debe incluirse el reparto median­te el aporte individual y no el coeficiente de distribución sala­rial. Ahí tiene ventaja el sindicato, sin su consentimiento no hay apro­bación posible de las utilidades y sus destinos. Ahora es una deci­sión adoptada de común acuerdo entre las partes. Antes solo era oído el parecer del sindicato. Los tiempos han cambiado para bien y esa facultad la organización debe aprovecharla”.

Una situación similar detectó la comisión económica de la CTC de Villa Clara en sus visitas a em­presas que tenían problemas con la aplicación del reglamento de utili­dades, cuya solución es un reclamo de los trabajadores, según expli­có Maribis González Lara, miem­bro del secretariado provincial.

En un sondeo por diferentes sec­tores entre los que se encuentran los de transporte, energía y minas y agropecuarios se evidenciaron fisu­ras en la aplicación del reglamento.

Además de basarse en el coefi­ciente de distribución salarial, con lo cual no se cumple el principio de distribución por el aporte indivi­dual, muchas empresas no tienen en cuenta los otros destinos de las uti­lidades como la estimulación moral y material, ni el fondo para la repa­ración y construcción de viviendas, entre otros, por lo cual el sindicato exigió a las administraciones de las empresas que los incluyera en el re­glamento.

Se requiere un mayor rigor por parte del sindicato que tiene la responsabilidad de participar en el proceso de aprobación del regla­mento de utilidades en el consejo de dirección de las entidades, des­pués analizarlo y someterlo a apro­bación en la asamblea con los tra­bajadores y finalmente incluirlo en el Convenio Colectivo de Trabajo, y por supuesto, chequear periódi­camente su cumplimiento.

A escala nacional las incorrec­ciones detectadas en la generación y distribución de utilidades se identifican con una creciente fluc­tuación laboral en plazas de alta calificación profesional y en secto­res productivos de la economía.

Las utilidades no gozan de la mejor salud si continúa sien­do mínima la incidencia de la re­partición entre los de la categoría ocupacional de operarios, es decir los obreros, fue muy limitado el impacto del incremento salarial de enero del año 2021.

Como un punto rojo en la hoja de ruta del análisis del movimien­to sindical avileño aparecen las empresas productoras y comercia­lizadoras de alimentos sobreexce­didas en las ganancias. Porque los saldos en registros contables no se traducen hoy en más productos del surco y las industrias a la mesa, sino en los excesivos precios que sobrealimentan los ingresos.

De forma general, las tarifas “cebadas” disgustan a la pobla­ción en esta época de severas limi­taciones materiales y se necesitan urgentes acciones para aliviar, con lo más cercano a las posibilidades, la realidad económico productiva marcada por déficit en las produc­ciones de alimentos y atrasos en la entrega de la canasta familiar normada y el consumo social. Esta situación se refleja en un informe contentivo del incumplimiento en Ciego de Ávila del 65 % de los indi­cadores productivos y de prestación de servicios captados para la infor­mación estadística.

En esa lista coinciden los exce­sos de utilidades con el déficit de la comida, en productos básicos como la leche, el azúcar, los cárnicos; y las viandas, hortalizas, granos y frutas, pues se incumple el surtido previsto per cápita por el programa de auto­abastecimiento municipal, excepto en el municipio de Majagua, según el documento de la CTC.

¿Qué hacer para que crezca el salario en tiempos de crisis?

A todo lo anterior se une la inco­rrecta instrumentación de la nueva facultad otorgada a la entidad para fijar el salario de los trabajadores, instituida en el Decreto 87 que sus­tituyó al Decreto 53. En este aspec­to, el sindicalismo tiene una gran responsabilidad.

Se establece que el sistema sa­larial de la empresa lo aprueba el jefe máximo, previa decisión del consejo de dirección y de común acuerdo con el sindicato a ese ni­vel, se analiza en asamblea con los trabajadores y va al Convenio Co­lectivo de Trabajo. A fines del pasa­do año las entidades que aplicaban esta facultad abarcaban solo el 35 % de los trabajadores que labo­ran en el sistema empresarial.

En Camagüey —como detalló quien fungía como miembro del Secretariado Provincial de la CTC, Agustín Arribas Rodríguez— en esa misma etapa de las 109 empre­sas que hay en el territorio solo el 30 % distribuyó utilidades regu­larmente, unas 33, y nada más en 17 se aplicó el entonces Decreto 53, que facultaba al director de la em­presa para fijar el salario.

Esto en cantidad de trabajado­res significó que unos 25 mil, de los más de 80 mil con que cuenta el sec­tor empresarial fueron beneficiados. Una cifra para nada halagüeña.

“Para mejorar el salario, como alega Arribas Rodríguez, primero hay que producir o prestar un buen servicio. El bloqueo no lo van a qui­tar mañana, no nos vamos a volver millonarios de un día para otro ni podemos lamentarnos porque no tenemos liquidez. Hay que trabajar eficientemente con lo que tenemos”.

Y en tiempos de desmotivacio­nes es preciso cambiar. Las nor­mativas instauradas facilitan en el sector empresarial el incremen­to de salarios, pero si a los que les toca aplicarlas no saben cómo ha­cerlo no avanzaremos. Para lograr que ese poco salario crezca todo lo posible hay que capacitar a los im­plicados, destrabar mentalidades y procesos y asumir la innovación como tarea principal para garanti­zar la continuidad productiva.

En opinión de Daniel Romero Ilnait, funcionario de la CTC en la provincia santiaguera a cargo de la esfera económica, “en las entidades donde se aplica bien su impacto es positivo y se manifies­ta en la gestión para asegurar la estabilidad de la fuerza laboral, incremento de la productividad del trabajo, así como un uso más racional de los recursos humanos y materiales con el trabajo a dis­tancia.

“Todo este buen ambiente favo­rece el necesario encadenamiento productivo, la sustitución de im­portaciones, el aumento de produc­ciones alternativas, la búsqueda de fuentes de financiamiento, junto con la disminución de las pérdidas contables de años anteriores”.

¿Si unos pueden por qué otros no?

En la Empresa de Cepillos y Artículos Plásticos Juan Antonio Márquez, única de su tipo en Cuba, localizada en la central provincia de Ciego de Ávila, “todos los tri­mestres del 2022 distribuimos uti­lidades porque, además del uso óp­timo de la materia prima reciclada que sustituyó importaciones, cre­cieron las ventas y logramos ahorro en los indicadores que intervienen en los gastos”, opina Iliana Benítez Sardiña, directora económica.

Julián Víctores Espinosa, direc­tor de capital humano en ese centro, ejemplifica: “El salario promedio mensual por trabajador está en el or­den de los 3 mil 770 pesos y sumadas las utilidades asciende a 7 mil”.

Ni un kilogramo de materia pri­ma importada recibieron en el año 2022. Mezclaron material virgen ad­quirido en entidades nacionales con el reciclado. Innovaron máquinas para convertir el residuo en recurso con valor agregado. Así disminuye­ron la contaminación por plásticos e implementaron objetivos del modelo de economía circular.

En tiempos de crisis bus­car opciones, como la de incre­mentar el pago para que el tra­bajador se motive a cumplir su función, resulta toda una tarea titánica. Nadie lo duda y más cuando no llegan los insumos indispensables.

Ante estas carencias las em­presas pueden flexibilizar el objeto social y realizar encadenamientos con otras entidades o apelar a sub­productos para desarrollar líneas o servicios secundarios.

Ese es uno de esos cambios di­fíciles de lograr, y que la Empresa Provincial de Alojamiento Cama­güey, la cual se dedica a la presta­ción de servicios de alojamiento y gastronomía con recreación asocia­da, comprendió muy bien.

Para ellos la COVID-19 significó pérdidas económicas. Sus instala­ciones sirvieron como centros de ais­lamiento o extensiones hospitalarias y aplicaron precios diferenciados y ajustados. Esto, como explicó Yennis León Mayedo, director de la empre­sa en el momento en que se redactó este reportaje, fue necesario y pri­mordial, pero “generó más de 2 mi­llones de pérdidas en el 2021.

“Los trabajadores sabían de la importancia de la tarea, de que no podríamos pagar utilidades y que había que detener procesos de man­tenimiento”.

El año 2022 lo comenzaron igual, con más de un millón de pér­didas, y la situación no podía con­tinuar. Por eso crearon nuevos pro­ductos y buscaron opciones que los sacaran de ese bache. “Había que incrementar elaboraciones, y lo hi­cimos, además realizamos encade­namientos con otras entidades”.

Pero fueron más allá y a partir de su experiencia en la informati­zación de sus entidades crearon un servicio de instalación de programas informáticos para otras empresas. Así cerraron el pasado año con más de 3 millones de pesos en utilidades.

No existe una receta común para lograr que cada cual reciba la remuneración de acuerdo con su aporte, que es uno de los propósitos de las utilidades y hacia lo que debe estar encaminado el cumplimiento de la potestad dada a los directores de las empresas para fijar el salario de los trabajadores.

José Antonio Pérez Pérez, miem­bro del Secretariado Nacional de la CTC a cargo de la esfera económica, subraya que, en cuanto a las utili­dades es necesario lograr la mayor transparencia a partir de una am­plia y activa participación de los tra­bajadores tanto en el proceso de su formación como en la distribución.

Las utilidades, enfatiza, siempre tienen que estar acompañadas del incremento de la productividad del trabajo y el cumplimiento de los in­dicadores de la producción y los ser­vicios, tiene que existir un impacto en estos indicadores, porque de lo contrario se alienta la inflación.

Es fundamental, acota, el pa­pel del sindicato en la elaboración y aprobación de los reglamentos. Urge rectificar el facilismo y la ru­tina de aplicar el coeficiente de dis­tribución salarial, que solo benefi­cia a los que más salario reciben y no a los que más aportan.

Enrique Cisneros Morris, jefe de departamento de la Esfera de Asuntos Económicos de la CTC, agrega que en la visita realizada el pasado año a 87 empresas detecta­ron que en su mayoría incumplían lo establecido en las normas para la distribución de las utilidades a partir de errores cometidos en la elaboración de los reglamentos.

Otra dificultad, señala Pérez Pérez, es que no se les está dando prioridad a los demás destinos de las utilidades, en lo que el sindi­cato tiene que insistir, por otro lado se utiliza poco la estimula­ción moral y material, por men­cionar uno, que repercute en los resultados de la entidad porque así los trabajadores se sienten motivados a aportar más. Todos los destinos apoyan el resulta­do del trabajo en función de la empresa. Tampoco se recurre al pago por alto desempeño.

En todo ello, reitera, se re­quiere la participación de los tra­bajadores y lo correcto debe ser que quienes más tributen sean los que más se beneficien, inde­pendientemente de su categoría ocupacional.

Este recorrido por la experien­cia de varias provincias indica que todavía hay mucho por avanzar en la ejecución de las prerrogativas otorgadas al sistema empresarial. Como bien se ha afirmado, la au­tonomía significa un cambio de mentalidad; pasar de cumplidor de decisiones “de arriba” a generador “desde abajo” de las decisiones que atañen al colectivo, y eso se rela­ciona con las utilidades y la puesta en práctica del Decreto 87, en cuya materialización deben participar la organización sindical, el em­pleador y los trabajadores.

Si se cumple lo establecido en ambos casos y el sindicato desem­peña su papel en defensa de que se premie al que más contribuya, la empresa no se quedará corta ni se pasará de rosca, como indica el tí­tulo de este trabajo, porque tendrá como tope la eficiencia.