Cargando...La tragedia del pueblo yanomani deja de ser tema de denuncia de los indígenas brasileños y las organizaciones de derechos humanos para convertirse en una esperanza de cambio.
El primer paso para alcanzar ese objetivo fue dado por el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que a solo unos días de asumir el cargo los visitó y anunció medidas para acabar con esta crisis humanitaria.
La imagen que recibió a la comitiva gubernamental no podía ser más desgarradora. Cuerpos esqueléticos, niños enfermos, ancianos debilitados por desnutrición crónica.
La ministra de Salud, Nísia Trindade Lima, conoció que el año pasado enfermaron más de 11 mil de los 30 mil indígenas. «Si alguien me hubiera dicho que aquí se trata a la gente de forma inhumana, como he visto, no lo hubiera creído”, lamentó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Flavio Dino, explicó que hubo centenares de documentos oficiales enviados a ministerios y organismos públicos. Ahora esas personas deberán explicar por qué, una vez avisadas, no hicieron nada»,
El pasado año murieron 99 personas por desnutrición, neumonía o diarrea –todas enfermedades evitables–, y en los cuatro años de gestión de Bolsonaro fallecieron 570 menores en todo el territorio y hay más de 50 en cuidados intensivos. Con la visita se declaró el estado de emergencia y más de mil indígenas fueron atendidos.
Cambio radical a favor de los indígenas
Con el nuevo Gobierno se creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas y al frente, la conocida activista Sonia Guajajara, primera ministra aborigen en la historia de Brasil.
Joenia Wapichana, primera diputada indígena en este país, pasó a dirigir la Fundación Nacional del Indio (Funai), que fue rebautizada como Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas porque la palabra «indio» se considera discriminatoria.
El presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, Antonio Barra Torres, comparó las imágenes de la crisis con el Holocausto.
«Esto solo lo vimos en los documentales de la Segunda Guerra Mundial, en escenas del Holocausto, donde se podían observar a personas con huesos cubiertos solo por piel. Y vemos que esto sucede en nuestro propio país. ¿Cómo se llegó a este punto?».
Desde los años 70, en plena dictadura militar (1964-1985), los ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) ya agravaban la deforestación, generaban violencia contra las comunidades y propagaban enfermedades como la malaria –luego el Covid– estimulando la entrada de drogas y alcohol en las comunidades ancestrales.
La situación se agravó durante el gobierno de Bolsonaro, quien defendió la legalización de la minería, promovió la agroindustria, a las empresas mineras y llegó a vetar medidas claves que garantizaban a los indígenas el acceso a servicios básicos como agua potable, material de higiene o cestas de alimentos básicos.
Queremos vivir en paz y recuperar nuestro territorio
El Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre informó que ya se entregaron unas 80 toneladas de alimentos y se brinda asistencia por parte de equipos de salud.
Los siguientes pasos, dice la institución, serán garantizar el abastecimiento de agua potable y acciones en áreas como educación, comunicación y vivienda.
Más que una crisis humanitaria, lo que vi fue un genocidio. “Un crimen premeditado contra los yanomamis, cometido por un Gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño», donde los adultos pesan como niños, niños que mueren por desnutrición, malaria, diarrea y otras enfermedades», señaló Lula en Twitter
No habrá más genocidio. Los pueblos indígenas serán tratados con dignidad», declaró el mandatario. «
Cuando los yanomamis se resignaron a que los mineros extrajeran el oro, exigieron comida a cambio. «Solo después de acostarme con tu hija, te daré comida» fue la respuesta, según reciente estudio.
La investigación además analiza los intereses de nueve grandes empresas mineras en esas tierras desde 2020: Vale, Anglo American, Belo Sun, Potasio de Brasil, Mineração Taboca/Mamoré Mineração e Metalúrgica, Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto. Las que recibieron, en lo últimos cinco años, 54.100 millones de dólares en financiación de Brasil y el exterior.
“Los mineros están destruyendo nuestros ríos, nuestra selva y a nuestros hijos. Nuestro aire ya no es puro, nuestra caza está desapareciendo y nuestro pueblo está pidiendo a gritos agua limpia”, denunció en marzo pasado Júnior Hekurari Yanomami, presidente del consejo local de salud, “Queremos vivir, queremos recuperar nuestra paz y nuestro territorio”.
