El proceso de disponibilidad al que está abocado el universo laboral cubano tiene entre sus exigencias la consulta con las organizaciones sindicales en todas sus estructuras, sin cuya aprobación no podrá implementarse y por eso es decisiva la preparación de sus cuadros en las normas jurídicas que lo respaldan.
Lo enfatizó Odalis Batista Pérez, secretaria general de la CTC en Las Tunas, en la más reciente reunión del Secretariado Provincial de la organización obrera, y enfatizó en los principios de esta tarea y las formas en que el movimiento sindical debe acompañar, asesorar a las direcciones administrativas y a sus representados para evitar violaciones de la legislación laboral vigente.
Los asistentes valoraron que en la provincia hay 29 entidades de 11 organismos involucrados en este programa, 10 de subordinación nacional y uno de jurisdicción local, cuyas direcciones administrativas están adoptando medidas para paliar sus efectos en los trabajadores y sus familias.
Jorge Antonio Rojas Velázquez reseñó algunos desaciertos que confunden los principios elementales que distinguen los conceptos de interrupción y disponibilidad; y, convocó a estar atentos, porque generalmente la primera se aplica a los vinculados directamente con la producción o la prestación de servicios y fustigó la tendencia a buscar eficiencia mediante esta alternativa sin emplear las prerrogativas que dan a la empresa estatal socialista las 43 medidas aprobadas para su perfeccionamiento.
En esa misma línea de pensamiento se pronunció Wilkemis Tamayo Ruiz, quien recordó el desafío que entraña alcanzar la eficiencia económica, uno de los objetivos declarados del proceso de disponibilidad, sin dejar a nadie desamparado, que es esencia de nuestro sistema político, y remarcó: “Tenemos que defender primero el empleo con la aplicación proactiva de las facilidades otorgadas por el Estado a las empresas para encontrar fuentes alternativas de ingreso desde el pensamiento innovador de los trabajadores.”
Para Valentina Aguilera Puig, subdirectora de Empleo y Fuerza Calificada en la Dirección Provincial de Trabajo, el reto es mayor en un territorio con poca generación de empleos, sin grandes inversiones, que según estudio de su comportamiento hasta el 2030 no superará las tres mil 900 nuevas ofertas, la mayoría asociada al desarrollo de la actividad turísticas que por razones harto conocidas no marchan como se había previsto.
No obstante, “actualmente en la provincia hay 697 plazas vacantes y no solo en la agricultura”, aseguró Aguilera Puig en el intercambio con los dirigentes sindicales y comentó que más de 15 mil personas aptas para el trabajo no tienen vínculo laboral por diferentes razones.
Al propio tiempo, mil 471 graduados de técnicos de nivel medio todavía no tienen ubicación como consecuencia de la falta de objetividad o la ausencia de demandas de fuerza calificada a las instituciones académicas. En una mejor organización del trabajo interfiere, también, la indisciplina de algunas direcciones administrativas que no reportan oportunamente las vacantes que tienen en sus centros.
Hubo consenso en que para garantizar el éxito de este proceso hay que seguir fortaleciendo y estrechando las buenas y tradicionales relaciones existentes entre todos los organismos relacionados con su materialización.
