A finales de la pasada semana trascendió una noticia que podría parecer muy técnica, pero supone un cambio relevante para el sector empresarial, en particular en beneficio de sus trabajadores.
Una reciente normativa del Ministerio de Finanzas y Precios estableció la ampliación del límite de utilidades a distribuir entre los empleados de las empresas estatales y las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano.
Ese incremento de un 30 a un 50% del monto a distribuir del pago a cuenta de las utilidades, luego de honrar los impuestos y otras minoraciones establecidas por la ley para esas entidades, significa la posibilidad de obtener más ingresos adicionales al salario, al cierre de cada trimestre y en la liquidación anual.
Esta disposición, cuya aplicación rige a partir del proceso de pago anticipado de las utilidades correspondiente al segundo trimestre del presente año, viene a reforzar el principio de que mientras más se produzca, mayor debe ser la retribución a los colectivos laborales, con independencia del salario fijo mensual que cada trabajador devenga.
Otra mejora que contempla la nueva normativa es la flexibilización del requisito vinculado a la calificación de las auditorías.
Si al auditar una entidad esta obtiene un resultado deficiente o malo en su control interno, la penalización en la distribución de utilidades no afectará a todo el colectivo, sino a los trabajadores que están señalados en el acta de responsabilidad administrativa, como implicados o responsables de las deficiencias detectadas, siempre y cuando no haya una manipulación de la contabilidad que dañe su confiabilidad.
También se da respuesta a las demoras que a veces se producen en la realización de tales auditorías, al establecer un procedimiento para no afectar el pago de las utilidades, si por causas ajenas a la empresa no se puede hacer el recontrol que se exige cuando hay un resultado desfavorable.
Estas modificaciones responden a inquietudes e insatisfacciones tramitadas por los colectivos laborales a través de sus sindicatos, y dan cuenta de la atención que presta el gobierno a los planteamientos de los trabajadores.
Hay que insistir, no obstante, que una mayor distribución de utilidades no puede afectar el principio básico que exista un respaldo productivo real, sobre la base de una mayor eficiencia, y no de otros factores como el incremento de los precios o la inejecución de partidas presupuestarias que garantizan el óptimo funcionamiento de cualquier empresa.
Igualmente es preciso que además de mejorar los ingresos de los trabajadores, las empresas no descuiden la formación de otras reservas, como son las aprobadas para la capacitación, la estimulación, o la construcción y reparación de viviendas, así como otras que garantizarían mejores resultados económicos a mediano y largo plazo.
No todo el dinero creado puede ir a los bolsillos, y eso deben comprenderlo los trabajadores, porque de lo contrario las empresas no prosperarían lo suficiente.
También debe ser mayor participación de los colectivos en la gestión económica empresarial, mediante la participación de dirigentes sindicales y trabajadores seleccionados en los consejos de dirección y la periódica rendición de cuentas administrativa en las asambleas de base.
Las empresas ahora tienen todas las facultades para decidir qué hacen y cómo se organizan, incluyendo cuánto ganan sus trabajadores. Hay que repartir entonces esa riqueza con inteligencia, para que se multiplique.
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