El país está en la antesala de cambios que permitan además de resistir la creciente agresividad del bloqueo estadounidense, continuar nuestra política trazada para desarrollar la economía.
Específicamente llama la atención el que se impone a las mercancías que no fueron creadas por el vendedor y por tanto este no aportó los gastos necesarios que cada producto requiere para tener un precio adecuado.
Un breve ejemplo. A mediados de octubre se vendió en algunos establecimientos estatales un jugo de melocotón de importación a 25 CUP la lata, que realmente lo valía dada su calidad.
Sucede que a menos de 100 metros de donde lo vendieron un cuentapropista días después lo puso a la venta por 40 CUP la lata. Lo mismo ocurre con los refrescos embotellados que el Estado vende a 5 CUP y este establecimiento lo comercializa a 18 CUP. Incluyo la malta, a 40 y, en fin, la lista sería larga.
Esto ocurre no solo en el lugar donde aún están los productos señalados, incluso, en ocasiones acontece en establecimientos estatales.
Lo preocupante es quién y con qué derecho alguien le pone precio a los precios que sí responden al valor que costó producirlos.
En mi adolescencia trabajé en una tienda de ropa por la izquierda, pues legalmente no tenía edad para ello. Una de las cosas que aprendí fue que las mercancías tenían un tope de ganancia, no más, so pena de ser multado si fuera sorprendido por un inspector.
¿Existe aún esa legislación, fue cambiada por otra o ya no existe? Con ello la otra pregunta sería: ¿qué podría hacerse para evitar que la nueva normalidad para la que nos estamos preparando no sea una nueva anormalidad?
Un breve comentario no puede abordar un tema tan complejo que ya ha sido explicado en más de una Mesa Redonda y por colegas especializados en asuntos económicos, pero sí pudiera y es nuestro objetivo alertar a los que tienen el deber de poner fin a tal situación.
Convencido estoy de que, independientemente de los cambios que se avecinan, el consumidor agradecería una explicación sobre el tema.
