Más de 400 quejas y denuncias sobre la elevación injustificada de determinados precios ya había tramitado en lo que va de mes solo el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), en respuesta al llamado de las autoridades para que la ciudadanía contribuya a enfrentar la especulación y a proteger su capacidad de compra, luego del justo y tan esperado incremento de salario en el sector presupuestado.
En la conferencia de prensa, ampliamente difundida la pasada semana, la titular del MFP, Meisi Bolaños Weiss, valoraba que como norma hubo una reacción positiva ante las primeras medidas para evitar afectaciones al poder adquisitivo de la población, aunque abundan las inquietudes por la imposición de sobreprecios a productos y servicios de alta demanda; por ejemplo, refrescos y cervezas, alimentos elaborados, carne de cerdo, otros renglones agropecuarios y las tarifas del transporte particular.
La voluntad gubernamental está clara y explícita en las recientes resoluciones 301 y 302 del propio MFP, que apuestan por una política de control de los precios mayoristas y minoristas, tanto en el sector estatal como en el privado, a partir del supuesto de que no hay modificaciones sustanciales en los costos de producción y comercialización que justifiquen tales incrementos.
La primera conclusión, por tanto, sería que esta es una batalla que nace de un clamor popular y que vale la pena echarla, con independencia de las disquisiciones técnicas entre economistas y no pocos agoreros o críticos, estos últimos siempre prestos a vaticinar el fracaso de cualquier decisión del Estado cubano.
La creación de grupos multidisciplinarios en las provincias y municipios para monitorear el índice de precios al consumidor, así como proponer el establecimiento y ajuste bimestral de los precios máximos de los productos más sensibles e investigar las posibles infracciones de esta política, son algunas de las herramientas principales previstas en pos del control institucional, en un proceso donde la exigencia para enfrentar los incrementos especulativos tiene que ser fundamentalmente una responsabilidad administrativa.
No es en tono amenazante, según apuntan ciertos medios malévolos, sino en plan preventivo y de persuasión, que el MFP y los gobiernos locales alertan que actuarán con rigor frente a quienes intenten violar las citadas regulaciones mediante artificios, y con algunos incipientes subterfugios: los llamados combos o venta combinada de dos o más productos para encubrir una elevación de sus precios.
Como se ha informado, hasta el momento son 12 las provincias cuyos Consejos de la Administración, en correspondencia con las facultades que les han sido otorgadas, han adoptado acuerdos para evitar la subida de precios a productos y servicios de alta demanda, incluida La Habana, que reguló 28 surtidos, entre estos las diferentes modalidades en que se vende la carne de cerdo.
Otro elemento fundamental es que las medidas de incremento salarial y el consiguiente control de los precios no son las únicas previstas por el Gobierno para, en medio del arreciamiento del bloqueo por la Administración Trump, buscar el mejoramiento de la economía mediante el aumento de las producciones locales, la sustitución de importaciones y la exportación de nuevos renglones.
El tope establecido para una selección de precios de productos y servicios tampoco es una medida contra el sector no estatal de la economía, como algunos puntos de vista malintencionados quieren sugerir, pues tampoco las entidades estatales pueden incrementar sus precios. Esto integra la revisión periódica de los márgenes comerciales de las cadenas de tiendas en pesos convertibles, que en el caso de los productos de la llamada línea económica se venden prácticamente a su costo de importación, con precios centralizados, según el MFP.
Más allá de su total efectividad o no, y de las posibles grietas quizás inevitables, resulta esencial que esta política permitirá a mediano y largo plazo volver a colocar los precios en el centro de la atención de los organismos de control estatal, lo cual hasta el MFP reconoce que no fue así en los últimos años, en particular en materia de inspección y supervisión.
También será necesario un fortalecimiento y revisión a fondo de esa inspección estatal, con acciones de control sorpresivas —de verdad— en comercios y mercados; así como acompañar hacia un futuro inmediato la actual habilitación de vías expeditas para las quejas y denuncias de la población, con un sistema de información pública sobre los precios más robusto, transparente y asequible, con el auxilio de las tecnologías de la comunicación.
