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Patriotismo a toda prueba

No podía ser de otra manera teniendo en cuenta el escenario. El análisis de la reforma constitucional en la facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana (UH) se caracterizó por la formulación de planteamientos patrióticos y éticos, sobre la base del contexto actual.

Académicos de la talla de María del Carmen Barcia, Francisca López Civeira, Thalía Fung y Ángel Pérez Herrero, entre otros, intervinieron en el encuentro con criterios que, una vez tomados en consideración, podrían enriquecer el texto, sobre todo desde el punto de vista histórico.

Barcia recurrió más de una vez a Martí. Subrayó la importancia de la equidad, al margen de la igualdad, y habló de derechos humanos y de otros tan esenciales como los civiles y ciudadanos.

En el Título I: Fundamentos Políticos, Artículo 4, el profesor Constantino Torres, en lo concerniente a los símbolos nacionales, refirió la necesidad de que en el documento constitucional quede plasmado himno nacional y no de Bayamo, como es la propuesta actual.

Los historiadores, los filósofos y los sociólogos consideraron primordial esclarecer un conjunto de términos que tienen connotaciones diferentes en relación con la manera en que están abordados, y recomendaron agregar algunos al glosario final del documento.

Acertada fueron las palabras de Noel Fernández Valdés, quien abogó porque se explique en el Preámbulo del Proyecto Constitucional (Título I, Capítulo I) el significado de que “Cuba es un Estado socialista de derecho”.

Algunos creyeron imprescindible dilucidar cuál es el órgano supremo del Estado. El Artículo 5 (Título I) señala que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. En tanto, el Título VI, Artículo 97, plantea que la “Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del Poder del Estado”, lo cual resulta fundamental retomar y precisar.

Hay confusiones conceptuales en muchos de los términos que se utilizan, y cuando las cosas no están claras cualquier interpretación puede ser peligrosa, enfatizó Civeira.

 

Profesora Liliana Fernández Mollinedo, Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Fotos: De la autora

Liliana Fernández Mollinedo, del Departamento de Historia de la facultad, se centró también en el Título I (Artículo 3, párrafo 33), solicitó que se defina el término de traición a la patria y en cuanto al socialismo como sistema político y social revolucionario irrevocable, preguntó: “¿Entonces el económico sí es irrevocable?”.

Asimismo, recomendó el voto popular y secreto para la elección de los cargos públicos más importantes y la adición de un artículo sobre la protección animal.

Sobre este último aspecto intervino Carlos Ariel Díaz Abad, profesor de Teoría Política y Ciencias de la Religión, quien consideró “inaplazable” este requerimiento ético.

En nuestro país, desgraciadamente, los ciudadanos tienen derecho a maltratar, torturar, dejar morir de hambre, o por enfermedad a un animal bajo su propiedad, y eso es algo repudiable. Para que estos hechos que se cometen a diario sean punibles por la ley es necesario que se contemple en el Artículo 86, el cual expresa que “todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado”, señaló el joven.

La experta en temas de violencia de género, profesora de la carrera de Sociología, Clotilde Proveyer, desde la evidencia científica hizo recomendaciones al Artículo 71. Doto: Alina M. Lotti

La experta en temas de violencia de género, profesora de la carrera de Sociología, Clotilde Proveyer, al abordar el Capítulo III: Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Título IV) propuso modificar la redacción del Artículo 71, con el objetivo de adecuarlo a la evidencia científica.

“La violencia familiar, en cualquiera de sus manifestaciones, se considera destructiva de la armonía y unidad de las familias, es un problema social, que lesiona los derechos de sus integrantes y resulta punible”.

En cuanto al Artículo 83, de este propio Capítulo, sugirió una adición. De esta forma quedaría: “La salud pública es un derecho de todas las personas. El Estado garantiza la calidad, el acceso y la gratuidad de los servicios de atención, protección y recuperación”.

Los debates sobre el Proyecto de Constitución no concluyeron en una jornada, por lo cual deberán retomarse en los próximos días en esta facultad de la UH.

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