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Por Mariano Casco*, especial para Trabajadores
El 26 de septiembre del 2014 será recordado como una fecha que simboliza el México bárbaro del siglo XXI: esa noche una nueva masacre recorrió la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de la capital del país.
Ese día estudiantes de la normal de Ayotzinapa —escuela rural de maestros cuyos miembros se han caracterizado históricamente por sus movilizaciones contestatarias— recibieron un atroz ataque encabezado por policías municipales que tuvo como resultado 6 muertos y 43 desaparecidos.
La imagen difundida del cuerpo sin vida, con signos de tortura y con la cara desollada, del normalista Julio César Mondragón hizo estallar de indignación al pueblo mexicano que rápidamente exigió justicia y la inmediata aparición con vida de los desaparecidos.
Con los familiares de las víctimas a la cabeza, la sociedad civil se movilizó a millones y logró despertar la atención de buena parte de la comunidad internacional. Las jornadas globales por Ayotzinapa y la consigna “Fue el Estado” aglutinaron el descontento mundial y pusieron contra las cuerdas al Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto.
La estrategia del Presidente para salirse de la escena fue dar una versión de los hechos donde los responsables se circunscribían exclusivamente a las autoridades locales. De esta manera, para la Procuraduría General de la República (PGR) la culpabilidad cayó sobre el alcalde de la ciudad, la policía local y el cártel Guerreros Unidos, mientras dejaron de lado el rol de instituciones de mayor alcance. Por ejemplo, “olvidaron” investigar el papel jugado por el principal poder del estado de Guerrero: el Ejército.
La “verdad histórica” —como fue llamada por el propio Gobierno— planteaba que por iniciativa del presidente municipal la policía atacó y capturó a los estudiantes para luego entregarlos al mencionado grupo delictivo, quienes en un basurero en Cocula incineraron hasta convertir en polvo los cuerpos de los 43 estudiantes.
Pero la investigación avalada por los padres de los jóvenes desaparecidos y realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintió terminantemente dicho relato. Su pesquisa concluyó que el fuego desatado en el basurero no fue de la magnitud requerida para incinerar 43 individuos, y también que los restos humanos encontrados no correspondían con los de los estudiantes.
Por otro lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de afirmar la insostenibilidad de la versión de la PGR, propuso investigar al Ejército, amparándose en el monitoreo que la institución armada hizo de los hechos. Hasta el momento su solicitud no ha sido procesada.
Que la clave para determinar el destino de los 43 normalistas desaparecidos se encuentra en el Ejército no solo reside en el poder que dicha institución tiene, sobre todo, sino también en su larga trayectoria como violador de los derechos humanos. Por ejemplo, el 30 de junio del 2014 (menos de dos meses antes del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa), el Ejército ejecutó en Tlataya (estado de México) a 21 personas desarmadas, argumentando que las bajas fueron producto de un feroz enfrentamiento contra un grupo narcotraficante. Aunque muchas evidencias apuntan al mismo lado, la cerrazón de las autoridades civiles y militares con respecto a interrogar soldados ha sido terminante.
La masacre de Iguala visibilizó a nivel mundial la dramática situación de violación de los derechos humanos que sufre el país gobernado por Peña Nieto. Desde el 2013 (su mandato inició en diciembre del 2012) hasta abril del presente año, las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dan cuenta de 13 mil 156 desapariciones, escalofriante número que habla de la violencia estructural que recorre la nación.
Al igual que la incansable búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo fue un símbolo de la resistencia contra la última dictadura militar argentina (1976-1983), ahora lo está siendo contra la impunidad en México la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A dos años de la masacre, el pasado lunes 26 de septiembre miles se movilizaron en el país y el mundo exigiendo justicia. La principal consigna fue: ¡Hasta encontrarlos!
*Mariano Casco es graduado de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y Máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, México.
