Multas a la carta: ¿inspeccionar o extorsionar?

Entran sin identificarse, como un cliente más. Hus­mean, preguntan, inten­tan comprar algo. Cuando ya tienen lo que buscaban, man­dan a llamar al titular. Entonces aparece el carné que lo acredita como inspector, y con él la lista de regulaciones, artículos y cifras que crecen a medida que el dueño del negocio se encoge: 5 mil pesos por esto, 80 mil por aquello y otra cifra mayor si el producto, dicen, está vencido. Luego llega el giro. Un aparte, un rincón lejos de la cá­mara de vigilancia, y la propuesta: “Lo podemos arreglar”.

En Cuba, multar se ha con­vertido, literalmente, en un ofi­cio mejor pagado. El problema no es que el Estado fiscalice. Es que convirtió la multa en indica­dor de éxito y puso encima de la cadena a inspectores con una ca­pacitación —o compromiso— in­suficiente, salarios bajos y cuotas de recaudación que transforma al contribuyente en una fuente de ingresos fiscales por la vía de la multa arbitraria.

Un modus operandi que se perfec­ciona

Jorge Gutiés Sánchez, trabajador por cuenta propia (TCP) en el mu­nicipio de Marianao y miembro del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), lleva casi 30 años en el sector no esta­tal. Asegura haber visto cómo el método se afina. Según su testi­monio y los que recoge el sindica­to, hay inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) que piden la documentación, el proyec­to de trabajo y el contrato, y luego “dimensionan” una violación me­nor hasta convertirla en una multa descomunal.

“Muchas veces usan el chanta­je emocional de retirarte del pro­yecto”, explica. La multa de 72 mil pesos, por ejemplo, existe para negociarla y sacar 10 mil o 15 mil. La amenaza se refuerza con el de­comiso, y el TCP cede al chantaje. Ahí radica la trampa jurídica. La multa es legal y el negocio está en una inspección. “¿Cómo vas a de­cir que te están extorsionando si te ponen una multa por una viola­ción?”, cuestiona. Los inspectores, añade, “buscan alternativas que no puedas grabar”, porque sería una prueba convincente.

Los entrevistados para este re­portaje coinciden en que el proce­so carece de transparencia. Javier, también cuentapropista en el mu­nicipio de Plaza de la Revolución, advierte que hay quienes se presen­tan con la orden de inspección en blanco, entran al establecimiento y, si detectan algo, rellenan los datos afuera. Leanet Hidalgo Pérez, del Bazar Toño, en Playa, relata que los inspectores llegan sin identifica­ción y “engordan el problema” que hallan citando artículos y resolu­ciones que el dueño no tiene manera de verificar en ese momento.

Chayanne Ledesma, adminis­trador del establecimiento Chan­chos, también en Playa, describe otra táctica. Los inspectores no se­ñalan todo en una visita, sino que dosifican los hallazgos para volver otras veces en el mismo mes, aun­que la norma (Decreto 100, Regla­mento de la Inspección Estatal) limita las visitas a una mensual. Vienen en pareja y se nota “la di­námica del bueno y el malo”.

“Uno no sabe cómo enfrentar­los”. Así resume su experiencia Gabriel, un espirituano que ejerce como TCP hace cuatro años. Según su testimonio, las multas pueden ser varias en un mismo mes, mu­chas veces por problemas relacio­nados con el justificante de la pro­cedencia de los productos.

La otra cara, el control

Yalili Sánchez Romero, jefa de grupo de la Dirección de Inspec­ción Provincial (DIP) de La Ha­bana, defiende la importancia de la labor de ese cuerpo para el enfrentamiento a las ilegalida­des y la protección de los consu­midores.

Sobre el procedimiento de tra­bajo, explica que los inspectores deben salir de las oficinas munici­pales o provinciales con una orden que contenga la dirección exacta del establecimiento que visitarán. Aclara que el documento no nece­sariamente incluye el nombre del titular, pues las redes de estableci­mientos que utilizan para organi­zar las inspecciones requieren una actualización constante.

Respecto a la frecuencia de las inspecciones, en el caso de los TCP, precisa que pueden ser verificados nuevamente si reinciden en una infracción, aunque la norma esta­blece una visita al mes.

Al valorar la función de la DIP, Sánchez Romero considera que este trabajo tiene importancia para la economía, pues contribuye a la recaudación de ingresos para el presupuesto estatal mediante el cobro de multas. Sin embargo, la­menta que la percepción social so­bre los inspectores haya cambiado y que existan numerosas opiniones negativas sobre su desempeño.

Lorena del Pilar Pérez López, inspectora integral de la DIP en Sancti Spíritus, reconoce que ejer­ce una labor compleja y no siempre bien recibida por la población.

“Las sanciones responden a la gravedad de las infracciones y no todas las inspecciones terminan con una multa. En determinados casos se advierte al infractor y se realiza una labor de concientiza­ción, especialmente si se trata de la primera violación. Cuando lle­gamos a un TCP con una conduc­ta reincidente, sí hay que multar”, sostiene. La inspectora defiende el cumplimiento del Código de Ética y asegura que hasta la fecha no ha chocado con el soborno.

Sara Luna Triana, quien acumula 30 años de experiencia en el cuerpo de inspectores espiri­tuano y es su actual jefa de grupo, aclara que existe un plan de ins­pecciones y un índice de detección, pero no un plan de multas. Hasta el cierre de septiembre ejecutaron 28 mil 298 acciones de control en esa provincia central. Como resul­tado se aplicaron 29 mil 959 mul­tas con un importe de 56 millones 775 mil 135 pesos.

Para Eduardo Rodríguez Ma­rín, director de la DIP en dicho territorio, la actividad ha ganado complejidad dado el crecimiento de los nuevos actores económicos y la disminución de los inspectores. “Es complicado completar la plan­tilla. Nadie quiere buscarse pro­blemas. Hacemos el mayor esfuer­zo para que lleguen a nosotros con capacitación, que tengan buena conducta social y sin antecedentes penales. Funciona una comisión que hace verificaciones en el barrio y realiza los exámenes de ingreso a la institución”.

El entrevistado rechaza el cri­terio de que existe corrupción ins­titucionalizada. “En la provincia sí tuvimos este año un hecho de in­disciplina. No conllevó un proceso judicial. El inspector fue separado de su puesto a raíz de una conducta impropia. Un mal comportamiento en el lugar de la inspección derivó en una queja. Se actuó en conse­cuencia con el Código de Ética”.

Pagar para trabajar tranquilo

Para algunos, ceder es una deci­sión de cálculo. Luisa, cuentapro­pista del municipio de Plaza de la Revolución, lo dice sin rodeos: “Yo sí les doy mi dinero porque nece­sito de alguna manera tener tran­quilidad para trabajar”. Incluye ese gasto en su ficha de costos. Se­gún su testimonio, el cobro puede ser mensual y organizado, con un jefe de grupo que envía a alguien a recoger el dinero.

Jorge Gutiés describe el círculo vicioso: quien paga una vez que­da marcado. “Los inspectores la cogieron con los TCP que traba­jan en La Cuevita, en el Puente de 100, en la Güinera” en La Habana. Advierte que si en una semana se llevan 10 mil pesos por cada 10 quioscos, “¿cómo no van a volver a la siguiente?”.

Asegura que los que tienen esa conducta cuando se van de la DIS, dejan el mapa de los negocios dis­puestos a pagar. “Es una cadena. Es cíclico”.

En su opinión, el segundo círculo es la selección de las vícti­mas. El inspector corrupto prefiere al cuentapropista con contrato de arrendamiento y local fijo, porque cualquier incidencia grave pone en riesgo su estancia. Mientras, el ven­dedor ilegal de pollo, huevo o acei­te, etc. trabaja a la vista de todos.

Los entrevistados también coinciden en que los cuerpos de inspección no operan igual. Los de Higiene y Epidemiología, la Ofi­cina Nacional de Administración Tributaria (Onat) y los de Finan­zas y Precios reciben elogios. Cha­yanne Ledesma subraya que los inspectores de esas áreas le mues­tran dónde está la incidencia para que la corrija. El señalamiento se concentra en la DIS.

Inspeccionar al inspector

Cristina Ramos, en Santiago de Cuba, lleva más de dos decenios inscrita como TCP, y sus experien­cias en materia de inspecciones e inspectores suman más hojas que los libros de registros de los hués­pedes a los que les ha alquilado ha­bitaciones.

“Cuando comenzamos en este negocio no éramos muchos los arrendatarios. Recibí inspectores hasta en horas de la madrugada. Llegué a sentirme acosada. Era una suerte de persecución, casi ob­sesiva. Viví momentos muy desa­gradables porque la gran mayoría de ellos eran agresivos, groseros, con total falta de ética. Formulé quejas al respecto a diferentes ins­tancias y organismos, incluida la Fiscalía, pero siempre tuve la ca­llada por respuesta”, cuenta.

Cristina reconoce que al prin­cipio algunos arrendadores come­tieron no pocas violaciones, inclu­so con implicaciones legales, “pero eso nunca justificó que nos super­visaran asumiendo de antemano que todos éramos harina del mis­mo costal”.

Otros cuentapropistas santia­gueros coincidieron en que “los inspectores llegan con portafolios grandes, prestos a llenarlos. Antes eran más de cargar mercancías; ahora la tendencia es tomar dinero en efectivo”.

Según los TCP el primer fallo que detectan es el punto de parti­da para desatar la extorsión: “esto podemos arreglarlo de otro modo”. Es el pie forzado y sabemos lo que significa.

Cobrar poco, multar mucho

El diseño salarial alimenta el fenó­meno. Según la Resolución 7/2022 del Ministerio de Trabajo y Seguri­dad Social, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 26, del 2022, los inspectores municipales percibían 5 mil 60 pesos mensuales y los provinciales 250 pesos más. En la actividad de supervisión los salarios iban desde 5 mil 810 pesos para un supervisor municipal has­ta 7 mil 830 pesos para un jefe de grupo en La Habana.

El 18 de diciembre del 2024 se anunció en la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobación de “un sistema de pago por la efica­cia del trabajo de los inspectores, de las direcciones de inspecciones y de los trabajadores de las oficinas de control y cobros de multas”, se­gún Cubadebate.

Yalili Sánchez Romero, jefa de grupo de la DIP en La Habana, ad­mite que existe una relación entre el sistema de pago por resultados y la cantidad de multas cobradas, no las impuestas.

“Por orientaciones de los or­ganismos superiores tienes que ponerte un plan diario porque la imposición tiene que subir. A veces hay que salir a recuperar lo pen­diente”, y por eso si en días ante­riores el promedio de multas eran seis, la cifra tiene que cambiar y ser superior, explica.

Vincular el ingreso al resulta­do puede empujar a más multas, a multas desproporcionadas o a cobros irregulares. Javier ve esto como un problema estructural que ubica al inspector en una posición de poder, con un salario básico insuficiente. “Esa es la receta per­fecta para la corrupción, no solo en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo”.

Luisa teme que la estrategia para cubrir el déficit fiscal descan­se en las multas. Las cifras oficia­les sugieren la escala del esfuerzo. Según explicó a la Agencia Cuba­na de Noticias, Dania Rubio Gar­cía, directora de Inspección del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), 17 mil 929 centros presen­taron irregularidades o incum­plimientos durante el Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las Violaciones de Precios, realizado del 19 al 21 de febrero último, tras más de 25 mil 100 inspecciones en toda Cuba. El mensaje oficial es de firmeza y de tolerancia cero ante lo mal hecho.

La mirada del sindicato

Niuris Cabrera Ibáñez, secretaria general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administra­ción Pública, manifestó que han recibido numerosas quejas sobre la actuación de inspectores de la DIS, relacionadas con presuntos mal­tratos, sobornos y actuaciones que, según afirma, han afectado el pres­tigio de la institución en el país.

Explica que estas inconformi­dades se remontan a la etapa de los TCP, antes de la expansión de las mipymes y las cooperativas no agropecuarias. Frente a esta situa­ción, el sindicato ha abordado el comportamiento de los inspectores en asambleas de afiliados, conse­jos de dirección y matutinos, en los cuales han insistido en la necesidad de actuar con disciplina, transpa­rencia y apego a la legalidad.

Entre las quejas menciona las inspecciones reiteradas a determi­nados trabajadores no estatales y el trato que reciben durante esos procedimientos. Cita como uno de los reclamos el siguiente: “Me atacan a mí, que estoy bajo los ba­samentos legales, mientras que al que está al lado, indocumentado, no le pasa nada”.

La representante sindical con­sidera que estas cuestiones tam­bién guardan relación con la pre­paración y selección del personal. A su juicio, no cualquiera puede desempeñarse como inspector integral, pues la función exige co­nocimientos, compromiso y lealtad.

Cabrera Ibáñez precisa que han insistido en la importancia de que los inspectores adviertan pri­mero sobre las infracciones y, si es­tas persisten en visitas posteriores, apliquen las medidas establecidas.

No obstante, los intercambios y llamados de atención, continúan las insuficiencias en el desempeño de algunos trabajadores de la DIS, que han perjudicado la institución y limitado el cumplimiento de sus funciones.

Jorge Gutiés, quien es además secretario general del Buró Extra­territorial de los Nuevos Actores Económicos de la Inmobiliaria Ha­bana, cuenta que ha entregado in­formes al Ministerio de Comercio Interior y al Gobierno de La Ha­bana. “Es lo que nosotros podemos hacer: plantear este fenómeno a las máximas autoridades”. Admite que la respuesta no está a la altura de un problema tan grave como la corrupción organizada de quienes “amparados por un carné de ins­pector”, la practican a diario.

Sin apartarse de la ley

Una multa debería ser el resulta­do de una infracción comprobada, no el punto de partida de un pacto. Para que la inspección cumpla su rol, tanto quienes fiscalizan como quienes son fiscalizados tienen que conocer la ley: los primeros, para aplicarla con rigor y sin ar­bitrariedades; los segundos, para saber cuáles son sus derechos, sus obligaciones y cómo defenderse ante un procedimiento irregular. Sin ese conocimiento la legalidad queda expuesta a interpretaciones interesadas y el desconocimiento puede convertirse en una herra­mienta de abuso.

Ninguno de los entrevistados que cuestionó la actuación de al­gunos inspectores propone elimi­nar las inspecciones. Valoran que son necesarias para proteger a los consumidores, detectar ilegalida­des y garantizar el cumplimiento de las normas. Lo que reclaman es que se realicen con transparencia, preparación, respeto y apego a la ley.

El desafío no consiste en re­nunciar al control, sino en recupe­rar su sentido. Si la multa se con­vierte en un objetivo y el inspector actúa al margen de las garantías que debe proteger, se desvirtúa la función pública y se debilita la confianza en las instituciones. La autoridad no se demuestra por la cantidad de multas impuestas, sino por la capacidad de hacer cumplir la ley sin apartarse de ella.

Algunos entrevistados prefirieron ocultar su identidad para evitarse complicaciones en su trabajo.

Acerca del autor

Betty Beatón Ruiz

Periodista cubana. Máster en Ciencias de la Comunicación. Profesora Auxiliar de la Universidad de Oriente. Guionista de radio y televisión.