Con la emisión del Decreto Ley 174/2026, «Para la gestión estratégica del desarrollo territorial», complementado por la Resolución 70/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Cuba actualiza el marco normativo que rige la planificación del desarrollo local, con el propósito de fortalecer los municipios como instancia fundamental y corregir distorsiones que arrastraba la anterior legislación.

El paquete normativo, presentado en la sede del MEP, incluye además la Resolución 118 del Banco Central de Cuba y la 202 del Ministerio de Finanzas y Precios, que instrumentan el decreto y ordenan el funcionamiento de los proyectos de desarrollo local (PDL).
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, señaló en conferencia de prensa que el decreto responde al mandato de la dirección del país de avanzar en la estrategia de desarrollo local, en articulación con las estrategias provinciales y la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta 2030.

El objetivo, dijo es dotar a los municipios de la autonomía necesaria como instancia fundamental para tomar decisiones y trazar su evolución económica y social, aprovechando sus potencialidades y reduciendo las desproporciones internas.
Al respecto, destacó que esta norma deroga el anterior decreto 33/2021 y ordena el funcionamiento de los PDL. Entre las principales modificaciones se precisa su identidad propia sin personalidad jurídica, regula la apertura de cuentas, la gestión de créditos, la obtención de ingresos y la obligación de aportar impuestos al presupuesto del Estado.
Asimismo, establece que los proyectos tendrán una vigencia máxima de cinco años, tras los cuales deberán evaluarse para saber si pueden convertirse en un actor económico con personalidad jurídica determinada (estatal, privada, mixta), o si se extinguen. También se regula el proceso de liquidación.
De igual modo se establece un límite en su plantilla de hasta 100 trabajadores. Los PDL son de pequeña escala y, por tanto, de superar estas cifras implica transformarse en empresas y continuar sus objetivos según la estrategia local.
“Al menos una vez al año, todos los PDL deben evaluarse, brindar resultados y chequear su marcha”, declaró Alonso Vázquez.
El titular del MEP abundó que además se les faculta a los municipios y provincias para decidir sobre los recursos con los que cuentan en los territorios, aprobar la creación de nuevos proyectos y gestionar su funcionamiento; simplificar los procesos y trámites, así como establecer una guía metodológica más clara para el diseño de las estrategias.
Por su parte, Ivonne Rodríguez Rodríguez, directora jurídica de esta entidad reafirmó que la normativa promueve la participación ciudadana, en coordinación con los diferentes actores, la sociedad, las organizaciones sociales y de masas y los gobiernos locales. Es un decreto que busca logar la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
Las autoridades insistieron en que no basta con que la norma lo indique. Se requiere de un acompañamiento, capacitación en los centros universitarios municipales para ayudar a los intendentes y gobernadores a elaborar estrategias, políticas públicas y planes de desarrollo, con aplicación de la ciencia y la innovación para alcanzar ese municipio con autonomía y autogestión al que aspiramos.

