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Cargando...Si la Bancarización en Cuba se hubiera implementado respetando su diseño original, quizás no sería tan cuestionada por gran parte de la población, que reconoce las ventajas y las facilidades que les brinda a las personas naturales y jurídicas en materia de relaciones financieras.
No es ocioso recordar que cuando fue presentada, el Banco Central de Cuba remarcó que se iría implementando en la misma medida en que las diferentes instituciones fueran creando las condiciones materiales, que, por supuesto, incluyen el soporte tecnológico, cajeros automáticos y equipos de puntos de venta (POS).
Pero, en las provincias se generó un movimiento maratónico y sin convocatoria comenzaron a emular. Todas se sumaron a una carrera para tratar de ubicarse entre las primeras en cumplir metas que nadie había puesto, y distinguirse en el panorama nacional por un mérito con impacto demoledor entre los ciudadanos comunes.
Uno de los asuntos que más puntos tiene en contra fue la imposición del salario en tarjetas magnéticas a trabajadores de la agroindustria azucarera y de otros sectores con residencias y puestos de trabajo en zonas remotas de nuestra geografía, donde las transacciones comerciales siguen siendo en efectivo.
He participado en varios debates sobre el tema y los afectados han explicado cómo ese proceder les alteró su sistema de vida, de trabajo y hasta nervioso. Para acceder al salario deben salir de los campos productivos, pero escasea el transporte y cuando aparece es bastante caro; en otras oportunidades después de recorrer muchísimos kilómetros por caminos malos llegan a la ciudad y a veces los bancos no tienen fluido eléctrico o se cayó la conexión, y la existencia de efectivo es casi siempre muy poca.
Cuentan que es un día agotador e improductivo, el regreso es imprescindible en el tiempo y aunque la ausencia al puesto laboral no clasifica como indisciplina, por esas horas perdidas no reciben remuneración de ningún tipo.
Y como si fuera poco, en los mercados, tiendas, puntos de venta hay dueño que no aceptan el pago de sus ofertas mediante las pasarelas digitales legalmente establecidas, ponen solo la opción de transferencia o lo condicionan a determinadas cantidades de dinero, y hay casos que les imponen multas que implican un egreso superior al valor de los comprados.
¿Argumentos o ardides?, con cualquiera tratan de justificar la violación de la legislación vigente que ampara jurídicamente esta práctica que es universal, y se parapetan en la negativa de los proveedores a aceptar el pago digital y en que el acceso a las divisas es en el mercado subterráneo. Enuncian la imposibilidad de sostener sus emprendimientos en estas condiciones.
La bancarización tiene que funcionar como un sistema, no pueden fallar ningunos de sus eslabones, y el chequeo y el control sistemático debe trascender el comercio minorista y poner bajo las mismas reglas a los mayoristas.
Mientras tanto, las inspecciones ponen su atención en las tarimas y quedan absueltos los que también desobedecen la ley en los grandes almacenes. Hay que juzgar esas negativas como una evidencia de evasión fiscal, un delito de lesa economía. Los desaciertos ya tienen nombres.
Acerca del autor
Licenciado en Periodismo (Universidad de Oriente, 1986), máster en Ciencias de la Comunicación (Facultad de Comunicación Universidad de La Habana, 2010). Inició como colaborador (1999) y desde el 2008 es corresponsal de Las Tunas. Profesor adjunto de la Universidad de Las Tunas con categoría de asistente. Cumplió misión en la República de Haití (2000) y en la República Bolivariana de Venezuela (2018-2021). Es colaborar del Periódico 26 y de la emisora provincial Radio Victoria.
