Más de cuatro días estuvo a oscuras una cifra superior a los cuatro mil vecinos del poblado de Yariguá y de otros vecindarios cercanos como consecuencia del robo del aceite dieléctrico del transformador que sustenta el servicio en esa zona aledaña a la ciudad de Las Tunas.

En conferencia de prensa, el ingeniero Anisley Santiesteban Velázquez, director técnico de la Empresa Eléctrica Las Tunas, dijo que con este acto vandálico y otro ocurrido en la comunidad de Lora, municipio de Jesús Menéndez, en la provincia han ocurrido 11 hechos delictivos asociados al robo del aceite y de partes de transformadores.
Santiesteban Velázquez afirmó que la entidad ha implementado y ejecuta una estrategia con acciones que procuran, en primera instancia la respuesta a los problemas técnicos que ocasionan estas sustracciones y la vigilancia colectiva.
Como parte de las medidas en desarrollo, el directivo detalló la restauración de las cercas perimetrales dañadas en las 44 subestaciones con categoría de vulnerables, para restablecer los límites a los espacios ocupados por esas instalaciones, evitar el acceso de personas ajenas y garantizar la protección de los equipos.
Agregó que el plan de protección prevé la ubicación de lámparas solares que borrarán la oscuridad en esos sensibles enclaves y ahuyentarán a los delincuentes que buscan lucrar a costa de un recurso que no abunda y es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema.
Adelantó que en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior ubican trampas químicas, un dispositivo que ayuda a identificar a los intrusos que tanto daño hacen al bienestar de la ciudadanía afectada y a la economía del país con actos tipificados como sabotaje en el código penal cubano, y cuyos autores son sancionados con el rigor que la ley ampara.
Aseguró que para más garantía, el plan prevé combinar tecnología, barreras físicas y recursos humanos con la contratación de agentes de seguridad y protección, con el propósito de ubicar cuatro custodios en cada una de las subestaciones más vulnerables.
La entidad confía en que esos trabajadores vigilarán y su presencia unida a las mejoras introducidas en la infraestructura, permitirán detectar de manera más expedita cualquier intento de robo.
«Tiempo atrás, un dictamen del Tribunal Supremo Popular anunció que todo delito asociado a la infraestructura eléctrica será considerado sabotaje», remarcó Santiesteban Velázquez, y subrayó que ese respaldo jurídico es otra fortaleza para actuar en defensa del patrimonio de la entidad.
Explicó que, además del robo de aceite dieléctrico, también enfrentan otras modalidades delictivas como hurtos de acometidas, que interrumpen la prestación a viviendas y a centros estatales de producción y servicios; el robo de baterías, dispositivos cruciales para la operación del sistema ante averías; y, la sustracción de transformadores completos o sus partes.
Santiesteban Velázquez consideró decisivo en la protección de las subestaciones sumar a las medidas institucionales el apoyo de los vecinos, e instó a integrar esta actividad al proceso Barrio Seguro auspiciado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las medidas que se implementan, aseguró, tienen el objetivo de que a los apagones por déficit de generación, ahora agravado con el recrudecimiento del bloqueo y el cerco a las importaciones de combustibles impuesto por los Estados Unidos no se agreguen más horas de oscuridad ocasionados por estas actitudes criminales.
Acerca del autor
Licenciado en Periodismo (Universidad de Oriente, 1986), máster en Ciencias de la Comunicación (Facultad de Comunicación Universidad de La Habana, 2010). Inició como colaborador (1999) y desde el 2008 es corresponsal de Las Tunas. Profesor adjunto de la Universidad de Las Tunas con categoría de asistente. Cumplió misión en la República de Haití (2000) y en la República Bolivariana de Venezuela (2018-2021). Es colaborar del Periódico 26 y de la emisora provincial Radio Victoria.

