Cargando...La madrugada del 3 de enero del 2026 fuerzas armadas de Estados Unidos (EE. UU.) lanzaron contra Venezuela una acción militar denominada Operación Resolución Absoluta. Incluyó ataques aéreos en diferentes puntos y el ingreso de fuerzas especiales en zonas estratégicas de varias ciudades, incluida Caracas. Hubo explosiones y aeronaves volando a baja altura, especialmente alrededor de bases militares. La cifra de heridos y fallecidos ha ido creciendo según fluyen las noticias oficiales.
El objetivo era secuestrar al presidente Nicolás Maduro para trasladarlo a EE. UU., donde supuestamente enfrentará, junto a su esposa, también apresada, cargos por narcotráfico, terrorismo y otros delitos.
A Maduro lo estaban “cazando” desde hace años y finalmente lo consiguieron; pero el propósito real sigue pendiente: el cambio de gobierno y el derrocamiento de la Revolución Bolivariana, por lo que no se descartan nuevas acciones contra Venezuela en días y semanas venideros.
El presidente Donald Trump disfrutó el operativo como si de un videojuego se tratara. Más tarde calificó la operación de “brillante” y aseguró que se ocuparía personalmente de supervisar la transición política “segura”; mientras, de paso, tomaba el control de los recursos naturales venezolanos.
La acción es quizás la primera expresión concreta de cuán en serio va la llamada Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentada el 5 de diciembre del 2025. La iniciativa articula el principio de America First (EE. UU. primero) con la política exterior de una potencia que se resiste a perder espacios de influencia mundial.
El documento reconoce como ejes fundamentales la seguridad territorial, la competencia global y la redefinición de la relación con aliados tradicionales y adversarios. Redefine al hemisferio occidental como un espacio de interés vital, legitima el uso preventivo de la fuerza y recupera, bajo nuevos términos, la lógica de supremacía regional de la Doctrina Monroe.
La estrategia enfatiza la protección de los intereses estadounidenses, la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Sobre esa narrativa descansa la historia de los supuestos vínculos de Maduro con el narcoterrorismo.
Desde esa perspectiva, Venezuela es una amenaza por su modelo político, por sus alianzas internacionales y por sus reservas de hidrocarburos que según varias fuentes, podrían garantizar al menos 100 años de desarrollo para EE. UU.
La embriaguez imperial alcanzó tal grado que Trump ordenó y comandó el operativo sin esperar la autorización del Congreso ni un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual eran reglas básicas de la guerra hasta hace unos años. Israel, Estados Unidos y otras potencias mundiales se han encargado de hacerlas volar por los aires.
Medios y analistas han situado la acción en la lógica de la intervención imperialista y alertan sobre el pésimo precedente que sienta con respecto al Derecho Internacional y la soberanía nacional. Describen el hecho como una “agresión militar grave que amenaza la paz y estabilidad regional”.
El operativo evoca patrones históricos de intervenciones estadounidenses en América Latina para desestabilizar gobiernos adversos a Washington y refuerza el uso falaz de figuras delictivas vinculadas al narcotráfico en todas sus variantes.
En este contexto no es posible olvidar el reciente indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por un tribunal de Manhattan, en Nueva York, en junio del 2024, por haber convertido su nación en un “narcoestado”.
Como era de esperar, la operación militar generó denuncias del Gobierno venezolano y también de Cuba, México, Colombia, Brasil, Rusia, China, Irán y más. Líderes mundiales han condenado la acción por ser contraria al Derecho Internacional y han pedido respeto a la soberanía de los Estados, y señalan que este tipo de operaciones pueden generar escaladas de tensión, desestabilización regional y agravar conflictos existentes.
Lo sucedido en Venezuela nos recuerda además que, desde Vietnam hasta Iraq, desde Panamá hasta Afganistán, dondequiera que EE. UU. ha lanzado una bomba, ha dejado una profunda herida económica, social, política y humana, de las que no cicatrizan. América Latina guarda triste memoria de que la seguridad para Washington se traduce en trauma, desestabilización y daños que trascienden el estruendo de los misiles.
