La ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, se ha convertido en un infierno. Datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) refieren que alrededor de 250 mil civiles han quedado atrapados por el fuego cruzado entre el ejército regular de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo que controla gran parte de la región occidental del país.

Durante el conflicto, la ONU ha alertado repetidamente de masacres sistemáticas, ataques a hospitales, saqueos y bloqueos que impiden la entrada de alimentos y medicinas. La fase más reciente de esa guerra comenzó el 15 de abril de 2023, cuando las tensiones entre el Ejército Sudanés (SAF), liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las RSF, encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, derivaron en combates abiertos. Lo que se inició como rivalidad militar, derivó en guerra civil con devastadoras repercusiones para la población civil.
Sin embargo, en Darfur la violencia étnica y las luchas por el control de recursos como el oro, el agua y la tierra cultivable han marcado la vida de sus habitantes desde hace décadas. En los años 2000, unas milicias llamadas Janjaweed —identificadas como antecesoras de las actuales RSF— fueron denunciadas por crímenes de guerra y genocidio contra comunidades no árabes.
El Fasher bajo fuego
La realidad de un país en guerra es difícil de constatar. A pesar de ello, varias fuentes aseguran que El Fasher es el último bastión del Ejército en Darfur. Desde mayo de 2024, las RSF intensificaron allí sus ataques y mantienen un cerco casi total. Las escuelas son refugios improvisados, el acceso al agua potable depende de pozos inseguros y los hospitales funcionan sin electricidad ni medicamentos; mientras los de campañareportan que agotaron sus reservas de anestesia y antibióticos.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncian que la asistencia humanitaria no llega a los barrios más castigados y que miles de niños sufren desnutrición severa. En ese contexto, las enfermedades se expanden sin control.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado ejecuciones sumarias, violencia sexual como arma de guerra y saqueos a convoyes de ayuda. “Los civiles están siendo cazados por su identidad étnica o por el simple hecho de quedarse”, declaró en septiembre el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
Varias fuentes afirman que la pasada semana las RSF asesinaron a más de 450 civiles en un hospital de El Fasher, así como otras decenas de muertos motivos étnicos. En total serían unas 2 mil muertes, fundamentalmente mujeres, niños y ancianos
Guerra azuzada desde el exterior
Las armas continúan llegando, así lo confirman informes del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, donde además refieren que las redes de contrabando y tráfico regional facilitan el suministro a través de países vecinos, fundamentalmente Libia, Chad y Sudán del Sur.

El suministro no es casual. Analistas coinciden en que una de las razones por las que el conflicto se ha perpetuado está en los intereses extranjerosen juego. Las acusaciones señalan a ciertos ciudadanos asentados en los Emiratos Árabes Unidos de proveer apoyo logístico a las RSF, algo de lo que el gobierno emiratí se ha desmarcado. También señalan a la compañía Wagner, que durante años explotó minas en Sudán, como otro de los soportes más importantes de los paramilitares sudaneses.
La mira está puesta en las enormes reservas naturales de la nación africana, entre ellas las minas de oro, los yacimientos petrolíferos, los vastos territorios fértiles; así como la valiosa posición geoestratégicaque la ubica entre el mar Rojo y el Sahel.
Hoy Sudán está al borde del colapso total: ciudades en ruinas, economía desplomada y la mitad de la población urgida de una ayuda que no puede llegar: “El país vive una de las peores crisis humanitarias del mundo y, sin embargo, recibe una de las respuestas internacionales más débiles”, declaró recientemente Martin Griffiths, coordinador humanitario de la ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que el conflicto ha generado más de 10 millones de desplazados internos y 1,7 millones de refugiados. Parecería que son fichas insignificantes en una partida sin reglas, frente a lo cual se impone el deber moral de exigir que se abran rutas humanitarias seguras, se detenga el flujo de armas y se proteja a la población civil. Todo lo demás será tardío y cómplice.

