Cargando...El funcionamiento de los mecanismos de control institucional y popular fue otro tema presentado en la segunda sesión del V Periodo Ordinario del Parlamento que suscitó intervenciones de los diputados, por lo que significa esa práctica, en la cual resulta esencial fortalecer la participación y fiscalización popular.
Antes de que Carlos Rafael Fuentes León, expusiera el proyecto de documento por la Comisión de Atención a los órganos locales, el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo, explicó los antecedentes que motivaron traer ese punto a debate, dada la necesidad de que se haga un control más eficiente desde el punto de vista popular como institucional y gubernamental.
Fue una convocatoria del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz- Canel en una reunión en la que fueron expuestos fenómenos vinculados con la falta de control. A partir de ese momento, precisó Lazo, profundizamos, sobre todo, en las funciones de los organismos representativos y el control que deben ejercer sobre las leyes.
Los razonamientos realizados en las comisiones y en la sesión plenaria de ayer tanto cuando analizamos los temas de la droga, la corrupción y el delito, evidencian que todas estas problemáticas se vinculan con la insistencia reiterada de la falta de control, puntualizó.
Ese escenario y la necesidad de fortalecer el concepto del ejercicio del poder popular en nuestra sociedad y desarrollar los principios de nuestra democracia socialista fue que se elaboró el documento que presentará Rafael, al que le acompañó un documento que expuso Oscar Silveira, Ministro de Justicia, sobre el control de las leyes.
Ejercer control y fiscalizar
El citado documento presentado por el diputado Carlos Rafael Fuentes contiene acciones para perfeccionar e incrementar el ejercicio del control y la participación popular por los órganos locales.
Asimismo, dijo, resume las distintas maneras de ejercer el control popular que están recogidas en las leyes de organización y funcionamiento de los órganos locales, propone acciones dirigidas a promover la participación de la población en estas actividades de conjunto con las asambleas locales y las comisiones permanentes de trabajo, así como establece la metodología de otras acciones de la ANPP para el control y el cumplimiento de las leyes.
“No es un documento acabado, sino una aproximación a lo que podemos hacer para incrementar el ejercicio del control popular y los derechos de participación que amplía la Constitución de la República,
“Este es un Estado de obreros, de campesinos. Por tanto, los trabajadores también ejercen el control popular cuando discuten sus planes de producción, cuando se les presentan para que den sus opiniones, subrayó y acto seguido afirmó que los controles también se ejercen cuando los delegados realizan sus rendiciones de cuenta a los electores”, argumentó.
Es insuficiente el control a la implementación de las leyes
Pareciera que la profusa actividad legislativa del Parlamento en los últimos años fuera suficiente para reforzar la existencia de un sistema jurídico integral, funcional, basado en la legalidad y la institucionalidad. No es así. El control a la implementación de las normas jurídicas es insuficiente, lo que conlleva a su incumplimiento.
El Ministro de Justicia Oscar Silvera aseveró lo anterior al dar continuidad al tema puesto a debate, el funcionamiento de los mecanismos de control institucional.
Dijo que, a partir de la actualización del modelo económico y de la amplia actividad legislativa del país, el asesoramiento jurídico requiere, por su complejidad, de juristas preparados y con una conducta ética que facilite la solución de los problemas y el acompañamiento en los principales procesos de las entidades.
A partir de ese principio mencionó las medidas aprobadas tendentes a reforzar el control a la implementación de las leyes, la exigencia y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas como responsabilidad máxima del órgano, organismo o institución rectora del objeto de regulación de la norma jurídica.
Señaló que las direcciones de Justicia provinciales y municipales se encargan del control de estos sistemas de trabajo en las entidades de subordinación local que cuentan con asesoramiento jurídico propio, y las consultorías jurídicas provinciales del control a las entidades contratadas para la prestación de servicios jurídicos.
La diputada por Las Tunas Leydis Labrador, planteó que hay que ganar en una mayor cultura jurídica en la población.
El miembro del Buró Político José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, recomendó -al ser un documento en proceso de elaboración- incorporar el control popular que debe ejercerse desde el ciudadano contra aquellos que pretendan abusar del pueblo, y esclarecer los pasos que se deben dar y refrendar la obligación que contrae aquel que recibe una denuncia.
En virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 349 Del Asesoramiento Jurídico, significó que se debe exigir, “de forma gradual y progresiva, la obligatoriedad del asesoramiento jurídico en todas las pequeñas y medianas empresas y en las cooperativas”. Para el cumplimiento de lo que se propone subrayó que es importante enaltecer la función del asesor jurídico.
