La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este lunes la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2025. La disposición establece un marco jurídico para fortalecer la gestión del conocimiento, promover la articulación entre los diferentes actores del sistema científico e impulsar la aplicación de los resultados de las investigaciones en la economía y la sociedad.
La política científica del país ha experimentado transformaciones en los últimos años, entre ellas la consolidación del Sistema de Gestión de Gobierno basado en ciencia e innovación y la creación del Consejo Nacional de Innovación. También se han incorporado nuevas figuras para dinamizar estos procesos, como los parques científicos y tecnológicos, las fundaciones de ciencia y tecnología, las empresas de interfaz universitarias y las empresas de alta tecnología, además de mecanismos de incentivos económicos a la producción científica y la innovación.
En ese contexto, la nueva ley reconoce como participantes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) a universidades, centros de investigación, empresas estatales y privadas, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y asociaciones. También contempla los proyectos de desarrollo local (PDL) vinculados con estas actividades.
La norma propone un sistema amplio e inclusivo, que integra tanto a las instituciones dedicadas a generar conocimiento como a aquellas que lo utilizan en sus procesos productivos y de servicios. Asimismo, incorpora a los diferentes actores económicos, académicos y sociales, y aborda desafíos relacionados con el potencial humano, el financiamiento, la articulación entre los participantes y el impacto económico y social de la ciencia.
“La Ley es fruto de la construcción colectiva de la comunidad científica e innovadora del país, con activa participación de investigadores, profesores, estudiantes, empresarios, productores, directivos y comunicadores. Se nutrió, además, de recorridos por los territorios y procesos de análisis en centros de investigación y universidades”, expresó en su perfil de Facebook Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
Entre los elementos que introduce destaca el modelo de gobernanza de la ciencia, concebido en varios niveles y con la participación de diferentes actores. Este comprende desde el organismo rector hasta el Consejo Nacional de Innovación, los consejos técnico-asesores de las distintas instancias y los consejos científicos.
Al respecto, el viceministro del Citma, Daimar Cánovas González señaló que la legislación concede especial importancia al potencial humano y científico del país, tanto por las necesidades del desarrollo de la ciencia como por los desafíos que plantea la dinámica demográfica.
En ese sentido, incorpora instrumentos como el Sistema Nacional de Categorías Científicas, el Sistema de Innovadores y Tecnólogos y las reservas científicas, entre otros mecanismos dirigidos a fortalecer la formación, promoción y aprovechamiento del talento.
La ley también se articula con las transformaciones económicas aprobadas recientemente en el país. Entre sus disposiciones contempla las alianzas público-privadas, la participación de cubanos residentes en el exterior en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y el protagonismo de los municipios en la conformación de sistemas territoriales de innovación. A la vez, establece principios relacionados con la ética científica y la vocación de servicio de investigadores e innovadores.
Otro de los cambios relevantes se refiere al tratamiento de los profesionales dedicados a la investigación. Andrea Armas, Directora General de Ciencia y Técnica del Citma, explicó que la legislación establece igualdad de condiciones para quienes desarrollan esta actividad en universidades y centros de investigación.
“Sin dudas, este es uno de los elementos transformadores de mayor impacto”, afirmó.
La disposición favorece, además, la armonización de los requisitos para los procesos de categorización científica y tecnológica, así como para la categorización docente y la formación doctoral. También abre posibilidades para crear nuevos instrumentos destinados a acelerar el desarrollo del talento joven, facilitar el acceso a becas doctorales y posdoctorales y promover la participación en el Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la República de Cuba, actualmente en proceso de creación.
Según Andrea Armas, el desarrollo del potencial humano ocupa un espacio singular dentro de la ley y constituye uno de sus aportes para avanzar en la implementación de la política científica nacional.
La publicación de esta disposición representa el primer paso de un proceso que requerirá la participación coordinada de organismos, centros de investigación, universidades y nuevos actores económicos. Su aprobación, por sí sola, no garantiza el cumplimiento de los objetivos propuestos. El desafío estará en convertir sus principios y mecanismos en acciones concretas, capaces de vincular con mayor eficacia la investigación científica, la innovación y las necesidades económicas y sociales del país.
(Tomado de Tribuna de La Habana)
