Cada semana Isis Sánchez vuelve a sacar la calculadora antes de salir de compras. Como en muchas familias cubanas, ya no se preocupa únicamente por cuánto dinero lleva sino por cuánto habrán aumentado los precios de los productos desde la última vez que visitó la tienda.
“Hace dos años, la maicena costaba algo más de 300 pesos (CUP) la libra; hoy está a 800. Lo mismo ocurre con la leche en polvo que empezó en 900 y ya va por mil 900”, cuenta esta madre holguinera.
Es evidente que el escenario no es homogéneo para todos. “Por eso nunca sales con el dinero exacto. Corres el riesgo de que el producto haya subido al menos 50 CUP de un día para otro”, añade Isis. Su preocupación introduce una interrogante que inquieta a la mayoría: ¿deben los precios seguir sujetos a las reglas del mercado o es necesario establecer topes para proteger el poder adquisitivo de la población?
Entre las causas estructurales de la actual situación, los expertos reconocen el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, ahora agravado por el cerco energético de Estados Unidos contra Cuba.
¿Topar o no topar?
Para muchos ciudadanos la respuesta parece sencilla. “Hay que topar los precios, la cosa no puede seguir así. Es necesario más control y supervisión real”, señala Carlos Mustelier Vega, jubilado residente en el Municipio Especial de Isla de la Juventud (MEIJ).
La percepción se repite en trabajadores y pensionados que observan cómo los precios continúan escalando mientras sus salarios permanecen invariables. Ana Cruz, trabajadora del sector estatal en Holguín, asegura que cada visita al agro trae una nueva sorpresa. “La libra de picadillo que días atrás pagaba a 300 pesos, ya está a 700 y más. Y para colmo, uno no sabe ni de qué está hecho”, acota.
Sin embargo, la experiencia de años anteriores muestra que fijar precios por decreto no siempre logró los resultados esperados.
Según Alfredo Vázquez Pérez, jefe del Departamento de Eficiencia Económica de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la solución no puede reducirse a un mecanismo administrativo, pues este no resuelve el problema de fondo.
“Tenemos que generar riqueza para poder repartirla. La apuesta está en estimular la producción y la oferta de bienes y servicios. Es decir, atacar las causas de la inflación y no solo sus síntomas. Solo así, el Estado recuperaría capacidades reales para regular el mercado”, afirma.
A su juicio, el reto consiste en crear condiciones productivas que permitan incrementar la oferta y recuperar capacidades reales de regulación. Vázquez Pérez insiste en que ningún aumento salarial será sostenible sin respaldo económico y financiero que lo sustente. En ese sentido, reflexiona, las facultades descentralizadas para aprobar sistemas salariales y distribuir utilidades previstas en los Decretos Leyes 120 y 164 deben ejercerse con responsabilidad y de común acuerdo con los trabajadores para evitar presiones inflacionarias adicionales.
Además, el directivo sindical se refirió a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad (los interruptos, los jubilados y quienes enfrentan situaciones particulares de salud, sociales y familiares) para los cuales hay que buscar soluciones mediante la negociación colectiva y con la atención prioritaria de las estructuras sindicales.
“La eliminación de los topes de precios no puede convertirse en el sustituto de la política de ingresos y abastecimiento. Si liberarlos no viene acompañado de más producción, mejores salarios y una red de protección que opere desde el primer día, la reforma no nos sacará de la aritmética de la supervivencia”, sentencia el habanero Ernesto Fernández, trabajador del sector de administración pública.
Problema sin solución
Al indagar entre los actores económicos no estatales, que son quienes mantienen vivo el mercado, las opiniones apuntan hacia la inutilidad de topar los precios como vía de solución. “Para nadie es un secreto que estos hoy suben al compás del dólar. Si eso sigue así, nunca van a bajar”, manifiesta, Juan Carlos Ventura Pupo, trabajador de la mipyme 2 Gámez en la Ciudad de los Parques.
“La razón es el valor del USD con el que se adquiere la mercancía. De mantenerse así, no sabemos adónde vamos a parar. Por eso para nosotros los privados un tope sería muy difícil de sostener”, subraya Kenia Enrique Lugo, trabajadora por cuenta propia de la tienda Las Mercedes, en el municipio de Centro Habana.
Frente a este escenario la población resulta la más afectada. “Pagar más de 7 mil 500 pesos por un paquete de pollo, o tener que decidir entre comprar un pomo de aceite, arroz, picadillo o medicamentos con el dinero disponible, es una situación insostenible para cualquier bolsillo”, lamenta José Caballero Morales, dependiente de un negocio ubicado en el reparto Abel Santamaría, en la Isla de la Juventud.
Yasmani Llorente Santiesteban, miembro de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (Anec) y director provincial de Finanzas y Precios en el territorio holguinero, expresa que las condiciones actuales tampoco favorecen la fijación administrativa de precios. Según explicó cuando se topan determinados productos estos suelen desaparecer de los canales formales y reaparecer en el mercado informal a importes superiores.
Ese criterio lo comparte Yusleidy Álvarez Ginarte, viceintendenta en el MEIJ, pues el tope de precios funciona de forma muy limitada, “solo en bienes que el propio Estado produce, importa y distribuye. En esos casos equivalen, en la práctica, a subsidios presupuestados”, acentúa.
“La inflación responde a factores más estructurales: la dependencia de importaciones alimentarias, monopolio estatal del comercio mayorista, trabas para comprar en el exterior y caída de la producción agropecuaria interna”, declara Yusleidy. A ello se suman el exceso de liquidez en un pequeño segmento de la población, mercados fragmentados con altos costos logísticos y poder de mercado local en nichos de escasez.
Más allá del precio
La discusión revela una realidad más compleja que la simple fijación de una cifra en una pizarra. Incluso, cuando se establecen límites, el Estado no logra controlar un mercado informal que termina absorbiendo parte de la demanda y reproduciendo la escalada de precios. La medida, aunque posible, genera incertidumbres porque no ataca las causas del desequilibrio, sino que termina conviviendo con la informalidad que pretende corregir.
El debate, entonces, no debería reducirse a si se puede o no fijar un precio, sino a si existen condiciones reales para hacerlo. Sin unificación cambiaria a una tasa oficial; disciplina fiscal; expansión de la oferta; importación directa para los actores privados y productores; aranceles razonables y precios agropecuarios que cubran costos, cualquier tope corre el riesgo de repetir una y otra vez lo experimentado con esa medida así como agravar la escasez y castigar a los sectores de menores ingresos.
