Brigadas de trabajo comunitario: Coordenadas claras, pero mapa desigual

Mientras revisa una relación de personas in­terruptas de su puesto laboral, Cheyla Batista Pérez, secretaria general del Co­mité Municipal de la CTC en Ma­tanzas, no puede dejar de pensar en lo que este momento significa para ella desde que hace 10 meses asumiera el cargo.

“Es una situación sensible, sa­bemos bien el costo de perder el empleo. Son tiempos duros”, dice y fija la mirada en el documento sobre el buró.

La joven de 29 años participa por estos días en la conformación de las brigadas de trabajo comu­nitario de la urbe matancera, con el encargo de ir poco a poco aten­diendo los problemas que afectan la cotidianidad de las comunida­des, de sus habitantes.

“Hasta ahora hemos valorado, de conjunto con el Consejo de Ad­ministración Municipal y la Di­rección de Trabajo, que en cada uno de los 11 Consejos Populares haya una brigada, ahora en fase de conformación”.

Explicó que aún se deciden as­pectos claves como los pagos, por­que “estamos hablando de perso­nas desempleadas que prestarán servicios de gran impacto social y también necesitan ser remunera­das”.

Para Cheyla, la iniciativa es esencial en una circunstancia en la que “la economía cubana se ha visto forzada a la paralización de industrias, de hoteles o es bajo el nivel de actividad en centros pro­ductivos o de prestación de servi­cios.

Ante esta realidad se impone cuidar la fuerza laboral calificada y aprovechar el talento, prepara­ción y oficio de hombres y mujeres, la mayoría deseosa de aportar lo que saben, y más si es en sus pro­pios lugares de residencia”.

Precisamente, para inda­gar acerca de esta problemática, Trabajadores se propuso un acercamiento al tema a partir de una investigación en varias regiones del país.

¿Qué pasa con el trabaja­dor?

El asunto ocupó espacio durante los debates del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) celebrado en ju­nio pasado. En ese evento el Primer Secretario del Comité Central del Par­tido Comunista de Cuba y Presidente de la Repú­blica Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que las complejas condiciones económicas afrontadas por Cuba —debido a factores externos como el recrude­cimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos— unidas al cerco financiero y energético “pa­raliza nuestras industrias y obliga a miles de trabajadores a laborar en condiciones extremas; mientras que otros han debido quedar for­zosamente interruptos o reorien­tarse laboralmente”.

Al referirse al tema, recogi­do en el nuevo Código de Trabajo aprobado un mes después, afirmó: “Merecen reconocimiento, las exi­gencias de que esa norma garan­tice la protección ante el cese del vínculo laboral por razones ajenas a los trabajadores, tanto en el sec­tor estatal como en el no estatal; o la manera en que se atiende a los interruptos para que mediante la creación de brigadas comunitarias se pongan al servicio de los ba­rrios y de los territorios mientras dura la interrupción. Esa es una forma digna de aportar y no que­dar desprotegidos”.

En ese contexto, Cuba aprobó el Decreto 149/2026, que modifica el tratamiento de la garantía sala­rial para los trabajadores en situa­ción de interrupción laboral.

El documento lo deja claro: “Si no existe empleo que ofertar, los declarados interruptos perci­ben en el primer mes el ciento por ciento de su salario, y una garantía salarial equivalente al 60 % de su salario básico diario en su segun­do mes de interrupción computado de forma consecutiva o no hasta su reubicación”.

De acuerdo a lo legislado, solo después de que el empleador haya agotado todas las opciones dereubicación se podrían aplicar es­tas garantías salariales, con res­paldo de las empresas o del presu­puesto del Estado, según proceda.

Cualquiera de estas variantes, sin embargo, se distancia un tan­to del precepto de no haber me­jor protección que el empleo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, ha reiterado en no pocas ocasiones que “la prioridad número uno es la reubicación laboral. No la inte­rrupción”.

Frente a ese escenario, el Se­cretariado Nacional de la CTC de­fiende la creación de brigadas de trabajo comunitario, integradas por hombres y mujeres en calidad de interruptos, iniciativa que per­mitiría ofertar nueva ubicación la­boral y aprovechar así sus saberes y oficios calificados.

El secretario general de la CTC, Osnay Miguel Colina Ro­dríguez, ha insistido en esa otra dimensión que debe alcanzar la organización en el barrio. “Hay que eliminar las cercas del centro laboral para llegar a la comuni­dad”, recalca, al tiempo que exi­ge ocuparse por los “trabajadores interruptos que han perdido sus garantías salariales”.

Al frente de la esfera de Edu­cación y Propaganda, de la CTC, Yaisel Pieter Terry considera que los grupos se incorporan al pro­grama de movilización política Mi Barrio por la Patria, y ello supon­dría erogarles un salario.

Si bien este mecanismo res­ponde a una necesidad real, y es joven aún, todavía persisten in­satisfacciones. Hasta la fecha, solo en provincias como Granma, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Guantána­mo existen expresiones de estas brigadas.

La redistribución de esa mano de obra va, en su mayoría, hacia áreas donde se arrastran déficits crónicos, especialmente en labores poco atractivas, mal remuneradas o con escasa cobertura, como las de servicios comunales o en equi­pos vinculados a la producción de alimentos, incluidos los organopó­nicos, por lo que son rechazadas como ofertas en ciertos casos.

Miroslava Díaz Boloy, miem­bro del Secretariado Provincial de la CTC en Guantánamo, conside­ra que pese a ser una experiencia reciente, “se necesita de intención, de un sistema para su materiali­zación y control y, que se integren quienes actúan en función del ob­jetivo”.

El reconocimiento oficial de que se carece de un método de control sólido para este empeño es, en sí mismo, una señal. Yaisel Pieter Terry manifestó que “los sindicatos pueden jugar un papel más activo en esa tarea exigien­do a las administraciones, por ejemplo, más alternativas de em­pleos”.

Cabe señalar que el Convenio Colectivo de Trabajo establece que el empleador garantizará el cum­plimiento del tratamiento laboral y salarial de los trabajadores inte­rruptos, conforme a lo dispuesto en la ley, en tanto la organización sindical chequeará oportunamen­te su aplicación.

Sindicalismo de barrio en tiempos duros

Una percepción similar tiene Ya­milis Rodríguez Valido, presiden­ta del Buró Provincial de la Aso­ciación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir), en Ma­tanzas. “Entre los interruptos te­nemos innovadores. Cuánto inge­nio hay en ellos para aprovechar”, razona.

Una muestra de ello va toman­do fuerza en el municipio de Ca­limete, donde aniristas de la em­presa azucarera Jesús Rabí Sablón Moreno ya resuelven problemas en la comunidad.

“Como el central está parado hasta el inicio de la zafra, algunos dan soluciones a inconvenientes como salideros y demás asuntos de plomería, a situaciones presen­tadas con las baterías de los eco­flows, y problemas en el día a día”, comenta José Alberto Rodríguez López, activista de la Anir en ese territorio.

Dice que los innovadores es­tán distribuidos en varios Conse­jos Populares como Manguito, 6 de Agosto, Rabí, Reynold García, y están tratando de incorporar a otros, para aprovechar a esa fuer­za, “ya que hay quienes deberán incorporarse a la etapa de repara­ciones en el central”.

Para la presidenta de la Anir en la provincia yumurina se tra­ta de seguir sumando a integran­tes de los comités de innovadores y racionalizadores, para que al igual que la experiencia de Cali­mete, se creen brigadas para re­solver lo que afecta la vida en los hogares y prestarle un servicio a la comunidad.

Yariseilys Díaz Cusa, secreta­ria general del Comité Municipal de la CTC en Calimete, apunta un factor para tener en cuenta como es la remuneración, no siempre atractiva para crear o lograr la permanencia en la brigada.

Lo cierto es que como variante de fuente de empleo, la iniciativa no gana aún el repunte espera­do. Al menos en Matanzas habrá que esperar un tiempo mayor para medir su repercusión.

Por su parte, Cándido Láza­ro González, al frente de la Di­rección Provincial de Trabajo, manifiesta que el reto consiste en la plena incorporación de los interruptos a actividades produc­tivas, como vía para evitar la pér­dida de fuerza laboral calificada, en un territorio donde sectores como la agricultura demandan de efectivos para ocupar plazas vacantes.

Con 9 mil 555 trabajadores de­clarados interruptos por diversas entidades, según esta propia fuen­te, ya 4 mil 162 lograron ser reu­bicados, mil 249 cobran garantía salarial y otros 4 mil 50 no acep­taron ofertas de empleo.

Las reubicaciones han sido en la agricultura, la empresa eléctri­ca, salud, educación y trabajo por cuenta propia, esta última varian­te con un total de 2 mil 139 ocu­pantes, de los cuales una parte ya ejercía de forma legal y en parale­lo, mientras se mantenía activa en otras ramas como el turismo.

Con un panorama así, Cheyla Batista Pérez no tiene duda del significado de la tarea. Crear es­tas brigadas, estima, pone a prue­ba el alcance de la CTC y su movi­miento sindical en los barrios.

“Estamos llamados a salir de nuestra dinámica diaria, para ocu­parnos de los interruptos. Eso nos toca”, asegura con determinación.

“Ellos son nuestros afiliados y aunque estén fuera de sus puestos laborales, representarlos y hacerlo bien es nuestro deber”.

Un puente necesario, no un destino final

Las brigadas de trabajo comu­nitario no emergieron de un ma­nual ni de un decreto. Nacen de la necesidad, del sentido común y de esa resistencia creativa que ha caracterizado al pueblo cubano en los momentos más difíciles.

Su materialización no sus­tituye las labores que desempe­ñan otras organizaciones sociales como la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defen­sa de la Revolución o la Unión de Jóvenes Comunistas. Son, en sí mismas, una vía para lograr que todos los trabajadores se encuen­tren protegidos y beneficiados de acuerdo a sus posibilidades y co­nocimientos. Es un esquema de ganar ganar, y con él gana la co­munidad, el trabajador y el país.

Sería un error mirar esta ex­periencia solo con los ojos de la esperanza, sobre todo cuando se conoce que existen trabajadores que ya perdieron sus garantías salariales, y es imperceptible un sistema de control sólido, la re­muneración no siempre alcanza y cientos de personas no aceptaron las ofertas de empleo disponibles.

Reconocer estas grietas no de­bilita la iniciativa sino que la for­talece. Solo un diagnóstico hones­to permite corregir el rumbo antes de que el remedio se convierta en otro problema.

El reto que tiene por delante la CTC es enorme y decisivo: evitar que las brigadas de trabajo comu­nitario se conviertan en un meca­nismo de precarización disfraza­do de solidaridad.

El trabajo comunitario no puede ser la excusa para no pa­gar, ni la emergencia puede ser el argumento para no garantizar derechos. Corresponde a la CTC y al movimiento sindical velar para que la respuesta dada sea certera y se sustente en política sosteni­ble, con presupuesto, control y sa­larios dignos.

Sobre ese puente que hoy se tiende entre el centro laboral y el barrio, entre la crisis y la recu­peración, camina lo mejor de esta nación, pues se trata de su gen­te, su ingenio y su capacidad de transformar las adversidades en fortalezas.

¿Cómo va el proceso?

Limpieza, higienización por cuadrantes, atención a personas vulnerables y reparación de equipos electrónicos, son, en esencia, contenido de las tres brigadas de la provincia de Granma.

Tras quedar disponibles, en Emprestur, dedicada a servicios para el turismo, 25 personas se organizaron para apoyar a Comunales en diferentes labores. “Están percibiendo un salario en esa otra tarea de gran impacto social”, expresa Karel Luis Leyva Trinchet, secretario de la CTC en la región.

Dos ejemplos significativos en el país hay en Camagüey y Sancti Spíritus. Los agramontinos tienen a 189 trabajadores interruptos en 17 brigadas distritales para chapea, saneamientos y administración. Otro tanto han logrado los espirituanos, con 21 de estos grupos, en los que participan 422 obreros provenientes de los sindicatos de Turismo, Agropecuarios, Tabacaleros y Forestales, de Salud y Administración Pública, dedicados a servicios comunales, siembra de alimentos y elaboración de carbón vegetal, y acciones de interés comunitario.

Sin embargo, el panorama no es homogéneo. Las Tunas aún no tiene brigadas creadas. Artemisa reporta 3 mil 297 interruptos y 257 sin garantía salarial, y no ha conformado ninguna, y en un caso similar está Holguín, este territorio con la salvedad de haber constituido una brigada innovadora del barrio, integrada por aniristas que emplean sus conocimientos técnicos para resolver problemas en hogares de familias vulnerables.

En Ciego de Ávila se han constituido 6 brigadas (Centro Ciudad Sur, Zona Industrial, Cupet, KTP, Urbano Noris y Pedro Soto) en trabajos de plomería, electricidad, jardinería y limpieza.

En Pinar del Río, según Yariel Cruz Gavilán, integrante del Secretariado Provincial de la CTC, hay 645 trabajadores interruptos: más del 70 % (472) pertenecen al sector de la Industria Alimentaria y la Pesca. De ese universo, 285 reciben garantías salariales y 265 no. Solo 16 fueron reubicados en otros puestos y 79 no aceptaron las propuestas de empleo.

El mapa revela una verdad incómoda: la respuesta sindical avanza, pero a ritmos desiguales. Donde hay brigadas, hay respuestas concretas y salarios que llegan. Donde no las hay, miles de trabajadores esperan todavía que el sindicato toque a su puerta.| Equipo de corresponsales