Cien pesos por una calle limpia

Cien pesos por una calle limpia

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¿Cuándo se volvió normal que la basura forme parte del paisaje habanero? Contenedores rebosantes, desechos apilados en las esquinas y verdaderas montañas que invaden las aceras se han convertido en escenografía cotidiana, acompañada de hedor, moscas, mosquitos y roedores. Acostumbrarse a ese cuadro no lo hace aceptable.

Tampoco se trata de una novedad. Basta recorrer la ciudad para comprobar que el problema trasciende lo estético: compromete la salud y deteriora las condiciones de vida de quienes la habitan. ¿Qué otro nombre merece una urbe donde convivir con plagas es rutina?

 

 

En varias zonas del Casino Deportivo, en el Cerro, gestores privados recogen los desechos sólidos. Foto: Thalía Fuentes Puebla

La raíz está en un sistema de recogida incapaz de cumplir la frecuencia que exige una capital. Falta combustible para operar y escasean los repuestos que mantendrían en marcha a camiones hoy paralizados. Pero explicar no equivale a justificar: las carencias no deben servir de coartada para una gestión estatal que no logra mantener despejados los barrios.

Ante ese vacío, el sector privado ha dado un paso al frente. Algunas mipymes ponen vehículos y equipos para retirar desperdicios, en coordinación con entidades estatales, en municipios como Playa y Guanabacoa. Otras apuestan por fórmulas a escala de barrio: en el Vedado, El Rampeño recorre las calles con triciclos eléctricos y acude a las casas a cambio de una cuota que abonan vecinos y negocios. A ellas se suman los recogedores independientes, que se llevan los residuos por dinero.

¿Y si ahí estuviera parte de la respuesta? Cien pesos por una retirada es una suma modesta frente a lo que cuesta convivir con el basurero: el deterioro de la salud, la plaga en la puerta, el mal olor que se filtra en la casa. Pocos gastos domésticos devuelven un beneficio tan visible. Por eso, lo que funciona en unos barrios merece trasladarse a todos los municipios, con apoyo para que más mipymes, cooperativas y proyectos comunitarios se sumen sin trabas y alcancen también a las zonas hoy olvidadas.

Claro que extender la fórmula exige algo más que buena voluntad. Para que el servicio llegue a Diez de Octubre, Cerro o La Lisa con la misma regularidad que al Vedado, hacen falta reglas claras, permisos ágiles y puntos autorizados donde depositar lo recogido.

¿De qué sirve que un triciclo retire los desechos de una cuadra si después no existe un vertedero accesible que los reciba? Sin esa articulación, la iniciativa privada corre el riesgo de limitarse a mover la basura de un sitio a otro. De ahí que el modelo solo prospere si cuenta con respaldo institucional: facilitar la entrada de nuevos gestores, ordenar su trabajo y garantizar que cada tonelada recogida tenga un destino final adecuado.

Ahora bien, multiplicar las iniciativas no equivale a retirar al Estado de la escena. Un servicio que incide directamente en la salud colectiva no puede quedar únicamente en manos de quien ofrece y de quien contrata. ¿Quién garantiza entonces la recogida en las cuadras donde nadie logra organizarse? ¿Quién supervisa el destino final de los desechos?

Al Estado le corresponde coordinar, regular y mantener operativo un sistema público que sirva de respaldo y de piso común para toda la población, además de resolver de forma sostenible la escasez de combustible, repuestos y unidades.

La fórmula, entonces, no debería plantearse como una disyuntiva, sino como una suma: iniciativas privadas y locales que lleguen más lejos, y una institucionalidad que no abandone su responsabilidad.

La basura acumulada en la capital no es un simple asunto de imagen, sino una cuestión de salud, convivencia y compromiso común. Una ciudad limpia exige que cada actor asuma su parte, y la del Estado no es prescindible.

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