El comité de huelga, formado por sindicatos y organizaciones de docentes de la educación pública no universitaria, ha avisado de que prevé que la Comunidad de Madrid establecerá unos servicios mínimos “abusivos” para la huelga educativa prevista a partir del 14 de octubre, mientras que el Gobierno regional ha asegurado que se garantizará su derecho a llevar a cabo la protesta, aunque todavía no están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
En un comunicado, ha señalado que los servicios mínimos que se quieren establecer para la huelga educativa del 14 de octubre son “abusivos” y pueden suponer “una restricción desproporcionada del derecho fundamental de huelga” reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.
Reducir el impacto de la huelga
“El comité de huelga, reunido el 28 de septiembre de 2026, considera que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad pretende utilizar los servicios mínimos para reducir el impacto la huelga indefinida. La cuestión no es si deben existir garantías para atender las necesidades esenciales de la comunidad educativa, sino si la Administración está justificando de forma concreta, suficiente y proporcionada cada una de las limitaciones que pretende imponer al ejercicio del derecho de huelga”, han trasladado los sindicatos.
Así, han puntualizado desde el sindicato que no se trata de un debate nuevo en la enseñanza madrileña, ya que en las huelgas educativas de los días 8 y 21 de mayo de 2024, la Comunidad de Madrid fijó, entre otros mínimos, dos miembros del equipo directivo por centro, un maestro por cada 50 alumnos de Primaria, un profesor por cada 90 alumnos de Secundaria, un profesor por cada 90 alumnos de Formación Profesional Básica y un docente por cada 25 alumnos con necesidades educativas especiales.
Sin ponderación de las circunstancias
“La reiteración de estos parámetros en convocatorias diferentes obliga, a juicio del Comité, a preguntarse si existe una verdadera ponderación de las circunstancias concretas de cada huelga o una aplicación mecánica de un modelo de servicios mínimos”, ha afirmado.
De esta manera, han subrayado que varias sentencias han establecido precisamente que la consideración de la educación como servicio esencial no permite establecer cualquier nivel de servicios mínimos.
A ello, añaden los sindicatos que la Consejería debería explicar “por qué son necesarios, qué bienes y servicios amparados por la Constitución se pretende preservar y por qué el número concreto de trabajadores y trabajadoras designados resulta indispensable y proporcionado”.
Funcionamiento en cada centro
Así, han destacado que el objetivo de los servicios mínimos no puede ser reproducir el funcionamiento ordinario de los centros educativos, ni reducir el impacto real del seguimiento de la huelga.
Ante esta situación, el comité de huelga se reserva el derecho de solicitar medidas cautelarísimas una vez que sea publicada la orden de servicios mínimos, con el objetivo de que pueda producirse “un control judicial efectivo antes del inicio de la huelga y de salvaguardar el derecho de huelga de los y las docentes de la Comunidad de Madrid”.
El comité ha criticado que la Consejería de Educación tampoco haya respondido “satisfactoriamente” a algunas de las dudas planteadas por el Comité. Entre ellas se encuentra cómo se salvaguardarán el derecho de huelga y el derecho a la desconexión digital cuando los equipos directivos deban realizar las comunicaciones y designaciones relacionadas con los servicios mínimos.
Del mismo modo, ha solicitado que se precisen “de forma inequívoca” los servicios mínimos aplicables a las unidades de educación especial y a las aulas TEA integradas en centros ordinarios, “sin haber obtenido una respuesta suficientemente clarificadora”.
Por último, recuerda que la finalidad de los servicios mínimos es garantizar exclusivamente el bienestar del alumnado y el conjunto de la comunidad educativa del centro. “La situación de huelga no puede utilizarse para alterar arbitrariamente la jornada laboral, ampliar la permanencia en el centro o atribuir a quienes estén de servicios mínimos funciones destinadas a mantener una apariencia de normalidad”, explica.
La consejería asegura que se negocia
Sobre ello, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado que lo que hacen desde la Comnunidad de Madrid es sentarse a negocios los servicios mínimos, pero los sindicatos “unas veces están de acuerdo y otras veces no, incluso planteando los mismos servicios mínimos en un caso y en el otro”.
“Lo que tenemos muy claro es que obviamente el derecho a la huelga es un derecho reconocido en nuestra Constitución, pero el derecho a la educación y nuestra responsabilidad para garantizar ese servicio público a la educación pues tiene que primar por encima de todo”, ha valorado la consejera en declaraciones a los periodistas desde Getafe.
Así, ha expuesto que los servicios mínimos que han planteado a los sindicatos son “aceptables” y van en la línea de lo que se ha negociado hasta ahora. “Si los sindicatos no están de acuerdo, desde luego tienen la vía de la jurisdicción para que puedan recurrir lo que ellos quieran”, ha apuntado. (Tomado de La Vanguardia)
