Este miércoles, desde la sede del Ministerio de Economía y Planificación, representantes de los ministerios de Salud Pública (Minsap), Educación (Mined), Comercio Interior (Mincin), Agricultura (Minag) y el Banco Central de Cuba, junto al Instituto Nacional de Atención a los Nuevos Actores Económicos (INAEN), expusieron en conferencia de prensa las principales modificaciones legales que introduce el Decreto-Ley 133/2026, modificativo de los decretos-leyes 88 “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)”; 89 “De las Cooperativas No Agropecuarias (CPA)” y el 90 “Sobre el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”.
El marco jurídico constituye un paso decisivo en la actualización del modelo económico cubano. Su propósito es flexibilizar trámites y ampliar derechos, integrando a los actores estatales y no estatales en un mismo sistema empresarial.
La norma se enlaza con disposiciones previas como el Decreto 160, que redujo las actividades prohibidas para el sector no estatal, y reconoce derechos como el usufructo y la superficie para inversiones en tierras e industrias. Es un decreto que busca eliminar trabas que frenaban el crecimiento de las mipymes, CPA y empresas privadas, abriendo un marco más flexible para su desarrollo.
Instituto Nacional de Atención a los Nuevos Actores Económicos
La presidenta del Inaen, Lázara Mercedes López Acea señaló que el Decreto‑Ley 133/2026 simplifica trámites y requisitos, reduce tiempos de aprobación y amplía las posibilidades de desarrollo de las formas de gestión no estatal.
Entre las novedades se reconoce la existencia de empresas privadas con más de 100 trabajadores; se autoriza que una persona natural pueda ser socia de varias empresas y se amplía el objeto social de las Mipymes y CPA para diversificar actividades productivas y de servicios.
López Acea subrayó que estas medidas buscan consolidar un sistema empresarial único, donde actores estatales y no estatales participen de manera articulada en la solución de problemas locales y nacionales, fortaleciendo la economía desde el nivel municipal.
El Decreto‑Ley 133 se articula con el Decreto 160, declaró, que redujo de forma significativa las actividades prohibidas para actores no estatales, ampliando el espectro de posibilidades de inversión y gestión. Además, se reconocen legalmente los derechos reales de usufructo y superficie, lo que permite a las empresas privadas y cooperativas realizar inversiones en tierras y espacios para industrias, respondiendo a reclamos históricos de estos actores.
“Se trata de abrir oportunidades para que quienes ya han demostrado capacidad de gestión puedan continuar expandiéndose, diversificando actividades y aportando al desarrollo territorial”, puntualizó. La presidenta enfatizó que estas medidas buscan eliminar trabas que frenaban el desarrollo de empresas que habían alcanzado cierto nivel y no podían crecer más.
Ministerio de Agricultura
Por su parte, el viceministro de la Agricultura Maury Hechavarría Bermúdez, abundó acerca de la nueva Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, próxima a publicarse en Gaceta Oficial. Durante la conferencia, el viceministro declaró que por primera vez se autoriza la entrega de tierras en usufructo a mipymes y empresas privadas, eliminando los límites de extensión y de tiempo que regían hasta ahora.
Hechavarría Bermúdez destacó que esta apertura permitirá proyectos de gran escala en ganadería, arroz u otros cultivos, y que se flexibilizan además las normas para importación de semillas y materiales genéticos.
“Hasta hoy solo productores agropecuarios, cooperativas y empresas estatales podían acceder a la tierra. Con esta ley, las mipymes y empresas privadas también tendrán esa posibilidad, lo que nos permitirá escalar la producción y vincular más personas al campo”, afirmó.
Insistió que la entrega de tierras ahora será sin límite de extensión ni de tiempo, dependiendo del proyecto presentado. También explicó que se eliminan las demoras —antes las solicitudes debían pasar por comisiones y delegaciones territoriales— ahora la entrega la hará directamente la empresa estatal donde esté la tierra, con trámites más ágiles.
Finalmente, recordó que existen 400 mil productores no estatales y unas 4 mil cooperativas agropecuarias, lo que demuestra experiencia acumulada en trabajar con actores privados y constituye una base sólida para la ampliación de estas medidas.
Ministerio de Comercio Interior
El Ministerio de Comercio Interior también presentó novedosas estrategias que apuntan a diversificar la oferta y dar mayor transparencia a las actividades no estatales. La viceministra, Inalvis Smith Lubén, explicó que el Decreto 167 formaliza la figura del vendedor ambulante, otorgándole un régimen simplificado de impuestos y un carné de identificación.
Con ello, se reconoce oficialmente una modalidad que hasta ahora se realizaba de manera informal, como la venta de maní, café o servicios personales, y se le otorga respaldo legal dentro de las normas de trabajo por cuenta propia.
Smith Lubén detalló además proyectos como el Mercado de Barrio, que por primera vez toca la gestión administrativa de la bodega, estableciendo una nomenclatura de productos básicos y reduciendo los impuestos sobre ventas para impactar en los precios. También mencionó el Mercado de Abasto, que permitirá compras mayoristas con participación de actores estatales y no estatales, ampliando las posibilidades de abastecimiento en los municipios.
La viceministra subrayó que estas transformaciones priorizan la gestión no estatal y la inversión extranjera en gastronomía y servicios, con el propósito de diversificar la oferta y contribuir a la disminución de precios. Asimismo, destacó la experiencia positiva de actores no estatales en hogares de alimentación comunitaria para personas vulnerables y en servicios vinculados a estudiantes, lo que demuestra que la articulación entre el sector estatal y privado puede generar soluciones efectivas a necesidades sociales.
Ministerio de Salud Pública
La directora Cristina Lara Bastanzuri, de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, reiteró que la asistencia médica seguirá siendo gratuita y responsabilidad exclusiva del Sistema Nacional de Salud.
La novedad está en la autorización para que mipymes gestionen farmacias comunitarias, comercialicen medicamentos y productos médicos, siempre bajo estricta regulación. Según datos oficiales, ya se han recibido 65 solicitudes, con 36 proyectos aprobados y 14 avales otorgados, mientras tres farmacias se encuentran en proceso de constitución.
Lara Bastanzuri puntualizó que las entidades interesadas deberán cumplir requisitos de infraestructura, personal profesional y registro sanitario, con acompañamiento de importadoras estatales como Medicuba S.A. y la Empresa Importadora‑Exportadora Farmacuba. Además, aclaró que las farmacias estatales comunitarias no podrán ser arrendadas: las nuevas farmacias privadas deberán crear sus propios locales.
“Un medicamento tiene dos caras: el beneficio y la reacción adversa. Por eso la responsabilidad de estas nuevas farmacias será alta, y estarán siempre bajo la supervisión de nuestra autoridad reguladora”, manifestó.
Otro aspecto clave es que los registros sanitarios serán inicialmente temporales por dos años, lo que permitirá evaluar la demanda y decidir posteriormente si se convierten en definitivos.
Ministerio de Educación
De igual modo, la viceministra primera del Mined Cira Piñeiro Alonso, presentó un procedimiento destinado a regular la participación de actores no estatales en actividades complementarias como el cuidado infantil, clases de idiomas, repasos, taquigrafía y mecanografía.
La medida busca ordenar y supervisar la oferta privada en estos servicios, garantizando estándares de calidad y protección a los usuarios, especialmente niños y adolescentes.
Piñeiro subrayó que la incorporación de actores privados en el ámbito educativo debe estar acompañada de mecanismos de control que aseguren la coherencia con las políticas públicas, evitando distorsiones y asegurando que la educación mantenga su carácter inclusivo y regulado.
Banco Central de Cuba
La directora de Políticas Económicas del Banco Central de Cuba, Yannick Arensivia, anunció una resolución que autoriza a los actores no estatales a realizar depósitos en divisas en efectivo, acreditarlos en cuentas bancarias y efectuar extracciones, siempre con declaración jurada de licitud.
Con esta medida se simplifican trámites financieros y se amplían las posibilidades de operación de Mipymes y cooperativas en el sistema bancario nacional, fortaleciendo su capacidad de gestión y liquidez.
Arensivia destacó que estas disposiciones buscan dar mayor respaldo financiero a los nuevos actores económicos, integrándolos plenamente al sistema bancario cubano. Se reconoce además el derecho de extracción de esos fondos, lo que amplía la liquidez y permite a las empresas privadas y cooperativas contar con mayor flexibilidad para sus operaciones.
Las disposiciones presentadas reflejan una voluntad política de flexibilizar el marco legal y administrativo, eliminar trabas que frenaban el desarrollo de los actores económicos y promover su integración en la estrategia de desarrollo territorial.
La articulación de todos los sectores —agricultura, comercio, salud, educación y banca— apunta a fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, incrementar exportaciones y diversificar servicios, en un contexto marcado por las dificultades del bloqueo y la necesidad de soluciones locales.
