Cargando...La autonomía municipal no es una idea nueva, aunque algunos de los intentos iniciales de su implementación no trascendieron discursos y citas reiteradas sobre factibilidad y ventajas, porque el tutelaje del nivel central o superior continuó menguando el ejercicio.
Hoy el término se reitera con más fuerza que nunca y cuenta con respaldo jurídico que ampara las actuaciones de quienes deciden los destinos de estas demarcaciones que son consideradas la unidad político-administrativa en la cual se toman las decisiones principales y los proyectos toman forma material.
El principio se instala con fuerza singular en el centro del debate económico y social en las localidades, porque es parte importante, decisiva del redimensionamiento de la empresa estatal socialista y del Estado cubano en sentido general y representa la reconfiguración del panorama nacional en tiempos de contingencia, situación que esperan cambiar con las 176 transformaciones aprobadas y en pleno proceso de instauración.
La decisión reconoce al municipio como el corazón de la sociedad y la economía en la nación, como el escenario principal de las realizaciones que impulsan el desarrollo en estas esferas, que son vitales en el logro de la sociedad socialista próspera y sostenible a la que aspira la inmensa mayoría del pueblo cubano.
Gestionar bien los recursos humanos y materiales que la localidad posee y ponerlos en función del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo es uno de los principales y más exigentes desafíos de las autoridades políticas y gubernamentales de cada territorio llamadas al aprovechamiento maximizado de las potencialidades existentes.
No se puede descuidar que esos decisores, dotados ahora de poderes extraordinarios, que siempre debieron tener, son los mismos que en muchos casos no condujeron a feliz término otras medidas proclamadas, por ejemplo, para salvar el sector agroazucarero, fortalecer la empresa estatal socialista y otras que no fructificaron, por desconocimiento o por desidia.
Quienes dirigen tienen que poseer diagnósticos y conocimientos profundos del entorno natural de su desempeño, sustentados en investigaciones que los acerquen a las potencialidades de la zona y a las expectativas de los vecinos, cuyos recursos administran.
En la gestión administrativa tienen que prevalecer la transparencia y la rendición de cuenta de su quehacer como garantes de la confianza popular en ellos depositada en sus ejecutores. Tienen que honrarla con un comportamiento ético, responsable y obrar para que el pueblo se sienta bien representado, y sea real su participación en el diseño y la ejecución de los proyectos de desarrollo.
Los que ostentan el poder político y administrativo son servidores públicos y en consonancia deben actuar con el oído pegado al sentir popular y buscar alternativas a los retos que suponen estos cambios para lograr la satisfacción de las expectativas.
Acerca del autor
Licenciado en Periodismo (Universidad de Oriente, 1986), máster en Ciencias de la Comunicación (Facultad de Comunicación Universidad de La Habana, 2010). Inició como colaborador (1999) y desde el 2008 es corresponsal de Las Tunas. Profesor adjunto de la Universidad de Las Tunas con categoría de asistente. Cumplió misión en la República de Haití (2000) y en la República Bolivariana de Venezuela (2018-2021). Es colaborar del Periódico 26 y de la emisora provincial Radio Victoria.
