Cargando...A partir de la entrada en vigor este viernes del Decreto 164/2026 referido a la organización del sistema salarial en el sector empresarial estatal, se consolida la continuidad de las políticas económicas y sociales impulsadas por el país y responde a la necesidad de perfeccionar dicho sistema en las empresas estatales.
En conferencia de prensa, Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y Guillermo Sarmientos Cabañas, director de Organización del Salario del organismo, explicaron las novedades de la norma jurídica y destacaron la importancia de dotar a las empresas estatales de mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos humanos y en la definición de sus esquemas salariales, siempre bajo principios de transparencia y participación de los trabajadores.
Un paso de avance
El nuevo marco normativo sustituye a disposiciones anteriores (los Decretos 53/21, 87/23 y 138/25) y se presenta no como una ruptura, sino como un paso más dentro del proceso de descentralización y autonomía de las empresas en cuanto a la organización salarial para elevar la productividad, la eficiencia y el aporte al Presupuesto del Estado. Esto incluye las empresas estatales, sus filiales, sociedades mercantiles de capital 100 % cubano y las instituciones financieras del sistema bancario nacional.
“Este decreto busca que las empresas estatales operen en condiciones similares al resto de los actores económicos, sin abandonar su carácter socialista ni su rol estratégico en la economía nacional, con el objetivo de elevar los niveles productivos, la eficiencia y la gestión de recursos humanos, vinculando directamente los resultados económicos con los ingresos de los trabajadores”, señaló el director de Organización del Salario del Mtss.
En su intervención, Otamendiz Campos explicó que la empresa estatal socialista se reafirma como pilar fundamental de la economía nacional, ahora con mayor autonomía en la gestión de los recursos humanos. Abundó que la descentralización salarial constituye un elemento decisivo y que el salario se negociará directamente con los trabajadores y el sindicato, garantizando transparencia y participación de todos.
Asimismo, subrayó que los niveles salariales dependerán de la capacidad económico‑financiera de cada entidad, lo cual permitirá estimular la eficacia con justicia, asegurando igualdad de derechos y oportunidades, así como la aplicación del principio de igual salario por trabajos de igual complejidad.
La norma será aplicada a 2 mil 570 entidades empresariales, que incluye las unidades presupuestadas especiales. Una alternativa que beneficiará a más de 1 millón 116 mil trabajadores.
Nuevos comienzos, nuevos retos
El Decreto introduce un conjunto de cambios sustanciales. Según detalló a la prensa Sarmientos Cabañas, se destaca la descentralización plena que otorga a las empresas estatales la facultad de definir su sistema salarial sin necesidad de autorizaciones externas con la participación de los trabajadores como requisito indispensable: toda organización salarial debe discutirse en las Asambleas de Afiliados, de mutuo acuerdo con el sindicato e incorporado al Convenio Colectivo del Trabajo.
A ello se suma una mayor flexibilidad en la estructura salarial ─dijo─ pues se eliminan los límites y restricciones del anterior Decreto 138, lo cual permite que cada entidad diseñe su fondo de salario según sus características y necesidades. De esta manera, la regulación del salario máximo pasa al Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, estableciendo reglas claras: hasta un 50% superior al promedio en grupos empresariales y hasta seis veces el salario de menor complejidad en empresas individuales.
El nuevo marco normativo también garantiza una protección mínima para los trabajadores, fijando que ningún ingreso pueda ser inferior a 3 mil 210 pesos, incluso en empresas con pérdidas. Se incorporan modalidades más flexibles de remuneración —salario básico, pago por resultados y utilidades— que vinculan directamente el aporte individual con la retribución y la futura pensión.
Al mismo tiempo, se prevé un tratamiento especial para empresas estratégicas que, pese a operar con pérdidas, deben conservar su fuerza de trabajo, mediante fondos aprobados por el Consejo de Ministros. Finalmente, el Decreto extiende su aplicación a unidades presupuestadas especiales y entidades autofinanciadas que no se transforman en empresas, con adecuaciones específicas, consolidando así un sistema salarial más justo, participativo y adaptado a la diversidad de actores económicos del país.
Al respecto, Otamendiz Campos destacó que el principio “el que más aporta, más recibe” se convierte en regla distributiva, vinculando los resultados con los ingresos, y reafirmó que ningún trabajador podrá recibir un salario inferior al mínimo nacional establecido. Con ello, se consolida un sistema salarial más justo y flexible, que reconoce el esfuerzo individual y garantiza la protección social, al tiempo que fortalece la participación sindical y la transparencia en la toma de decisiones.
Otras especificidades se relacionan con la autonomía empresarial. El director de Organización del Salario, Guillermo Sarmientos Cabañas, puntualizó que las entidades estatales quedan facultadas para definir su organización salarial sin necesidad de autorización previa. Con ello se elimina la selectividad existente en normas anteriores y se otorga plena autonomía, condicionada únicamente por la capacidad económico‑financiera de cada empresa.
Estamos frente a un decreto que representa un avance significativo en la descentralización salarial y en la autonomía de las empresas estatales. Su fortaleza radica en la transparencia, la participación obrera y la vinculación directa entre resultados y salarios. Sin embargo, plantea retos: garantizar la capacidad financiera de las empresas, evitar desigualdades excesivas y asegurar que la autonomía se traduzca en eficiencia real.
A futuro, será clave evaluar su impacto en la productividad y en la equidad social.
