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Cargando...Durante la clausura del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Décima Legislatura de Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel Bermúdez reafirmó el compromiso del Gobierno con la implementación de 176 medidas aprobadas para la transformación económico-social, alineadas con los lineamientos del VI Congreso del Partido de 2011 y validadas tras consultas populares realizadas a finales de 2025.
El mandatario anunció que 120 de estas medidas ya están listas para su aplicación inmediata, priorizando la liberación de las fuerzas productivas, el fortalecimiento de las empresas estatales y no estatales, y la autonomía municipal.
Asimismo, destacó que en las últimas dos jornadas de trabajo el Parlamento aprobó cinco normativas jurídicas que respaldan más de 20 transformaciones en curso, sirviendo como «blindaje jurídico al heroísmo cotidiano de nuestro pueblo» y actuando como el motor de los cambios necesarios hacia la prosperidad.
Ante la inquietud sobre el rumbo de la economía, Díaz-Canel dejó claro que «las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista».
En ese sentido, aseveró de forma categórica que «no habrá privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni de los servicios estratégicos para la nación», subrayando que la eficiencia económica debe servir directamente a la justicia social.
El presidente admitió la existencia de preocupaciones populares legítimas sobre la concentración de riquezas, la posible ampliación de desigualdades o la eliminación de subsidios sensibles.
Para atender estas distorsiones, aseguró que se mantendrá el control popular y la rendición de cuentas, iniciando discusiones inmediatas con los trabajadores.
«Una gradual recuperación económica tiene que llevarnos en la misma medida a la recuperación social priorizando a los más vulnerables», afirmó, instando a descentralizar facultades a los municipios y romper inercias burocráticas: «Que nadie espere que venga de afuera una solución mágica. Todo depende en primera instancia de nosotros mismos».
A pesar de las severas limitaciones, el jefe de Estado resaltó avances en la incorporación de fuentes renovables de energía por parte de entidades estatales y privadas, mejoras en el abasto de agua mediante la colaboración de diversos actores económicos, iniciativas para aliviar la escasez de efectivo y la atención priorizada en más de 32 programas sociales y los Sistemas de Atención a las Familias.
Cerco energético y hostigamiento de EE. UU.: «Una política criminal de asfixia colectiva»
El primer secretario del Comité Central del Partido caracterizó el escenario internacional como el de una «fortaleza sitiada», agravado tras la agresión militar a Venezuela del 3 de enero de 2026.
Al hacer un paralelo histórico, denunció que la política de la actual administración estadounidense equivale a una reedición del fascismo y comparó sus propósitos con la histórica reconcentración de Weyler.
El mandatario detalló el impacto directo del cerco energético, señalando que debido a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense el 29 de enero de 2026, Cuba solo ha recibido un buque de combustible en los últimos siete meses.
Esta medida ha privado al Sistema Electroenergético Nacional de unos mil 400 MW diarios en la generación distribuida, impactando severamente en la duración de los apagones, los ciclos de bombeo de agua, la cosecha agrícola, la industria, el turismo, los servicios de salud y la retención de contenedores con insumos médicos y alimentos en puertos internacionales.
Adicionalmente, denunció la orden ejecutiva del 1.º de mayo de 2026, la cual impone sanciones secundarias y cancelación de visas a empresas y ciudadanos extranjeros que comercien con Cuba.
Según los cálculos oficiales y de organismos internacionales, el costo acumulado del bloqueo supera los 150 mil millones de dólares.
A pesar de los intentos de Washington por frenar el debate multilateral, el presidente recordó que la Asamblea General de la ONU votó de forma aplastante (136 a 9) contra esta política el pasado 7 de julio.
Frente a la retórica de Washington, el mandatario afirmó: «No deseamos una guerra con Estados Unidos, somos un pueblo de paz», reiterando la voluntad de Cuba de solucionar las diferencias bilaterales mediante el diálogo sobre la base del respeto a la soberanía.
Asimismo, advirtió sobre el giro político hacia la extrema derecha en América Latina y el Caribe, rechazando los señalamientos del Departamento de Estado que califican a la isla como la «capital del comunismo del siglo XXI».
Díaz-Canel enfatizó que las transformaciones internas son una decisión soberana de Cuba y «no se adoptan para complacer a Estados Unidos».
El legado inquebrantable de Ramiro Valdés y la vigencia de Fidel
Díaz-Canel inició sus palabras en el Día de los Mártires con un homenaje al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, diputado desde la fundación del Parlamento en 1976 y símbolo de la Generación del Centenario.
«Nos confirma que para un revolucionario no hay descanso, ni en la acción ni en los sueños», expresó sobre Valdés, destacando su firmeza antiimperialista bajo la premisa del Che de que «en el imperialismo no se puede confiar ni un tantico así».
En la recta final de su intervención, el presidente enmarcó la coyuntura nacional en vísperas de una fecha de alta significación: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Reflexionando sobre la permanencia de su pensamiento a una década de su desaparición física, destacó que «las ideas de Fidel están retoñando con una vitalidad sorprendente entre personas de todas las generaciones».
Díaz-Canel remarcó que el legado de Fidel dejó la convicción de que no existen situaciones insuperables cuando se unen la inteligencia y el corazón. «No somos una nación en disputa ni una colonia, somos un pueblo soberano que ha decidido su destino», concluyó el mandatario ante el plenario, antes de dar los vivas finales a Fidel, Raúl y a los mártires de la Patria
Asamblea Nacional aprueba nuevo Código de Trabajo en Cuba
Un Código de Trabajo moderno y flexible enfocado en eliminar trabas al desarrollo de las fuerzas productivas y proteger los derechos de la población trabajadora, fue aprobado este jueves por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó que la Ley responde a la Constitución de 2019, la actualización de la política económica y social del país, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, y cumple con los 91 convenios internacionales ratificados por la Isla en materia laboral.
La elaboración del texto estuvo a cargo de un grupo de trabajo integrado por académicos, dirigentes sindicales, expertos de la Administración Central del Estado, órganos estatales, juristas, la Federación de Mujeres Cubanas, así como especialistas de universidades de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, entre otras instituciones.
Estructura normativa y principales transformaciones
El proyecto está articulado en cuatro libros e integra 15 disposiciones normativas (un Decreto Ley, cuatro decretos, tres Acuerdos del Consejo de Ministros y siete resoluciones ministeriales):
* Libro Primero (Parte General): Define principios, derechos, obligaciones y garantías del trabajo digno, ámbito de aplicación, capacidad jurídica y prohibiciones a los empleadores.
* Libro Segundo (Derecho Individual del Trabajo): Normas sobre contratación, pluriactividad e interrupción laboral. Establece prioridades de empleo para jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
* Libro Tercero (Derecho Colectivo del Trabajo): Regula los derechos de representación, garantías para dirigentes sindicales, participación de los trabajadores y salud laboral.
* Libro Cuarto (Administración del Trabajo): Define autoridades del sector, servicios territoriales de empleo y refuerza la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, incluyendo un régimen contravencional y sanciones para evitar la explotación laboral.
Entre las transformaciones económicas aprobadas dentro del texto destacan:
* Salario y empleo: Aumento del salario mínimo y eliminación de autorizaciones administrativas para el ejercicio del pluriempleo en determinadas profesiones.
* Nuevas modalidades laborales: Permitir el ejercicio del teletrabajo desde el exterior y facultar a los empleadores, de conjunto con la organización sindical, a concertar jornadas reducidas.
* Mantenimiento y suspensión: Suspensión justificada del servicio social por superación personal en el extranjero vinculada al perfil profesional.
* Ajustes de plantilla: Las entidades empleadoras podrán determinar directamente ceses por motivos económicos o tecnológicos (previo consenso sindical y evaluación de órganos de dirección), garantizando el pago del salario escala básico a quienes no resulten reubicados.
* Sector no estatal: Protección equivalente a un mes de remuneración para trabajadores contratados por cuentapropistas ante la suspensión temporal o cancelación de la actividad.
Proceso de consulta y participación democrática
El anteproyecto fue sometido a una consulta masiva conducida por organizaciones sindicales y gobiernos locales, en la cual se procesaron 96 mil 250 planteamientos.
Posteriormente, tras la presentación formal ante el Parlamento, se evaluaron 94 propuestas adicionales, de las cuales se aprobaron 40 (43 %) y se aceptaron en parte 19 (20 %).
Los debates de la población se concentraron principalmente en el trabajo doméstico, el cuidado no remunerado, el lenguaje inclusivo y la seguridad laboral. Las inquietudes fuera del alcance del código se trasladarán al análisis de la futura reforma a la Ley de Seguridad Social.
Anneleidy Azcuy Robaina leyó el dictamen de la comisión de Asuntos Económicos y resaltó que en el proyecto de ley se reconoce el trabajo como un deber social y establece los mecanismos de derecho de reclamación de los trabajadores, a la vez que resalta la participación colectiva en la solución de conflictos laborales.
También destacó el amplio nivel de consulta a nivel nacional al que fue sometido el proyecto.
Esto último fue significado por Esteban Lazo, presidente de la ANPP.
Ana Leyda Díaz Sotomayor ontervino por Guantánamo, y Litza Elena González por Calixto García, Holguín, para referir los derechos de los jóvenes trabajadores desde su primera experiencia laboral incluida la ubicación de esa nueva fuerza calificada.
Osnay Miguel Colina, secretario general de la CTC, resaltó la coherencia del proyecto con los derechos y deberes y garantías laborales reconocidos en la Constitución de la República, a la par que se corresponde con las transformaciones económicas y sociales.
Transparencia institucional, articulación con las políticas sociales en la comunidad y la inclusión y equidad que dimanan del documento son aspectos a subrayar, dijo Colina.
Nueva Ley de la Vivienda moderniza marco regulatorio del sector
Una nueva Ley de la Vivienda que busca atemperar las regulaciones habitacionales a las transformaciones socioeconómicas recientes y a las dinámicas demográficas del país, fue aprobada este jueves por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según expuso el Ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, la iniciativa legal resuelve la dispersión legislativa vigente —marcada por nueve decretos leyes y 127 normas dispersas—, en ese tema.
De ese modo las autoridades cubanas adoptan un enfoque integral y sostenible que articula aspectos económicos, legales, socioculturales y ambientales.
El texto legal involucra tanto al sector estatal como a nuevos actores de la economía, incluidas cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) e inmobiliarias.
Para la confección de la norma se conformó un grupo temporal de trabajo integrado por ocho organismos de la Administración Central del Estado, entre los que destacan los ministerios de la Construcción, Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Planificación, Finanzas y Precios, y Turismo, junto al Banco Central de Cuba y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (INOTU).
La fase de formulación contó además con el aporte de la Universidad de La Habana y de instituciones del sector judicial como el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. De igual modo, participaron la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba y representantes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
El proceso de elaboración incluyó la revisión de tratados internacionales sobre hábitat, así como el estudio comparado de las legislaciones de 15 países. Asimismo, el texto se armonizó con leyes nacionales de reciente aprobación, entre ellas la Ley de Proceso Administrativo, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley del Patrimonio y la Ley de Expropiación Forzosa.
Como resultado de estos estudios y de las diversas rondas de consulta especializada, la comisión elaboró 10 versiones del documento hasta consolidar la propuesta que fue votada hoy.
La Ley resultante se estructura en 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones finales.
Durante la etapa de consulta ciudadana y debate parlamentario, el proyecto acumuló 10 928 opiniones, dudas y sugerencias, con una participación destacada de jóvenes y mujeres. Del total de propuestas recibidas, el 56% fue aceptado para enriquecer la norma, mientras que en plataformas digitales se registraron más de 158 000 interacciones.
Entre los pilares fundamentales de la normativa se reafirma la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas constructivos para paliar el déficit habitacional, garantizando la protección a sectores vulnerables mediante subsidios y la promoción de la construcción por esfuerzo propio.
A la vez, se ratifica la voluntad estatal de respaldar el ejercicio pleno del derecho a la propiedad de las viviendas.
Dentro de las transformaciones conceptuales, la ley introduce mecanismos para que las empresas e instituciones puedan emplear parte de sus utilidades en la financiación de obras residenciales para sus trabajadores.
De igual forma, establece que los precios de las viviendas del fondo estatal asignadas por los consejos de la administración municipal se determinen según el valor catastral del inmueble.
En el ámbito de las libertades y derechos individuales, la norma reconoce la posibilidad de que las personas naturales posean hasta dos viviendas en propiedad, sin computar las destinadas al descanso o veraneo.
Asimismo, elimina la confiscación del inmueble en casos de salida definitiva del país y suprime la obligación de los herederos de notificar a las direcciones municipales de vivienda en un plazo inferior a un año tras el deceso del titular.
El texto también flexibiliza diversos trámites patrimoniales. Se eliminan las autorizaciones administrativas previas para la transmisión de solares yermos o para la cesión de azoteas con fines de construcción o ampliación.
Adicionalmente, habilita la posibilidad de realizar contratos de comodato y permite formalizar actos de compraventa, permuta o donación directamente ante notario público en la provincia correspondiente.
Entre otras novedades, la normativa elimina las restricciones para que personas naturales y jurídicas extranjeras puedan comprar o arrendar inmuebles en el territorio nacional. Por otro lado, ofrece un marco renovado para la gestión de edificios multifamiliares y la implementación de cooperativas de viviendas.
Para la resolución de litigios, la norma establece que las inconformidades con resoluciones emitidas por la Dirección Municipal de la Vivienda podrán ser demandadas directamente ante los tribunales correspondientes, eliminando la vía del recurso administrativo previo.
Junto a la ley principal, se terminaron los borradores de tres normas complementarias: el Reglamento de Propiedad Horizontal, el Reglamento General de la Ley y el Reglamento de las Cooperativas de Viviendas, los cuales quedarán listos para su implementación tras la aprobación del texto marco.
Mesa Villafaña concluyó que el éxito de la reforma dependerá de la capacitación de los operadores jurídicos y de la articulación con los gobiernos locales para garantizar una aplicación efectiva de la ley en cada territorio.
Aprueban ley del Sistema de identidad personal y domicilio
En la jornada matutina los diputados aprobaron la Ley del Sistema de identidad personal y domicilio.
En el informe rendido por el primer coronel Mario Méndez, jefe Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, se refirió al alto porcentaje de novedades que incluye la norma como que el carné de identidad será entregado a todos los ciudadanos cubanos, independientemente del lugar donde residan.
Se le calificó de norma necesaria y bien estructurada, que responde a las demandas actuales en tan importante materia, y en correspondencia con los preceptos constitucionales y de la defensa del país.
La ley aprobada consta de 8 capítulos y 73 artículos y su proyecto, como los anteriores aprobados en este Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento, fue ampliamente debatido y enriquecido en análisis con los diputados y opiniones de la población recibidas en el sitio de la ANPP donde fueron publicados.
Aprueban Ley de la Organización de la Administración Central del Estado
Luego de un intenso debate, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves la Ley de la Organización de la Administración Central del Estado, que reduce y reorganiza el aparato estatal.
El Secretario del Consejo de Ministros de la República de Cuba, el General de Brigada José Amado Ricardo Guerra, presentó el proyecto de Ley, con el objetivo principal de reestructurar un marco normativo que databa de 1994 y adaptar la estructura estatal a la realidad económica, social y demográfica del país.
Reducción de organismos y eliminación de la categoría de «Instituto»
Uno de los aspectos centrales expuestos por Amado Ricardo Guerra es la reducción de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), que pasan de los 27 actuales a 21 (compuestos por 20 ministerios y el Banco Central de Cuba).
Dentro de esta reestructuración, la categoría de «Instituto» desaparece de la Administración Central del Estado, por lo que instituciones como el INDER, el Instituto de Comunicación Social, el INOTU y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos pasarán a adquirir rango ministerial.
La nómina propuesta para la nueva estructura queda integrada por:
- Ministerio de Agricultura y Alimentación
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Deportes y Recreación
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Industria y la Construcción
- Ministerio de Información y Comunicación Social
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Salud Pública
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- Ministerio de Turismo
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Ministerio del Interior
- Ministerio del Transporte
- Ministerio de Comunicaciones
- Banco Central de Cuba
Ocho ministerios asumen las mayores transformaciones
La nueva Ley promueve la reestructuración interna y la redefinición de funciones en la totalidad de los organismos para reducir cargas burocráticas y eliminar duplicidades.
El Secretario del Consejo de Ministros destacó ocho entidades con transformaciones de gran calado:
- Ministerio de Agricultura y Alimentación: Nace de la fusión de los ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria, articulando las cadenas de valor y cerrando el ciclo agroalimentario conforme a la Ley de Soberanía Alimentaria.
- Ministerio de Economía y Finanzas: Unifica la planificación estratégica, las inversiones, la gestión fiscal y la deuda. Se ratifica que la planificación socialista se mantiene como eje central de su misión.
- Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera: Unifica el comercio interior y exterior para optimizar las cadenas de suministro y adaptarse a la dinámica de los nuevos actores económicos.
- Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación: Consolida la formación de talento, la investigación aplicada y la innovación, reduciendo costos de coordinación interinstitucional.
- Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos: Catalogada como la propuesta más integradora y visionaria, reúne áreas de interdependencia natural para facilitar trámites a la población y concentrar la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la vivienda.
- Ministerio de Industria y la Construcción: Integra ramas industriales heterogéneas para cerrar procesos con mayor eficiencia y eficacia estatal.
- Ministerio de Educación: Asume la rectoría educativa desde la primera infancia hasta el nivel medio superior, fortaleciendo el cumplimiento de los derechos amparados en el Código de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes.
- Ministerio de Deportes y Recreación: Asume rango ministerial formal dentro del nuevo diseño de la administración pública.
Además, la ley delimita de forma precisa las competencias en materia de servicios comunales, distribuyendo responsabilidades específicas de gestión, ornato, infraestructura urbana y saneamiento entre ministerios como Agricultura, Salud Pública, Transporte, Energía y Minas, Industria, y Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.
Proceso de consulta y respaldo a la reforma
Durante el proceso de consulta popular y parlamentaria publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional, se captaron 242 observaciones, de las cuales se aceptaron total o parcialmente 139.
Respecto a las dudas sobre la oportunidad del momento para implementar estos cambios, el General Amado enfatizó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado no es solo oportuno, sino «una necesidad del momento», calificándolo como un paso audaz y necesario para encarar el contexto económico actual.
La legislación dará paso a una fase intensiva de implementación y acompañamiento político y gubernamental, especialmente en los organismos sometidos a fusiones y reestructuraciones profundas.
La diputada Ailin Jústiz planteó su preocupación respecto a la unificación de funciones de los organismos vinculados con ciencia e innovación, recursos hidráulicos y vivienda, lo cual ha motivado decenas de comentarios en las redes sociales y también preocupa a no pocos especialistas y a la población.
La viceprimera ministra, Inés María Chapman, realizó una esclarecedora intervención sobre esa unión, lo cual optimiza recursos, fortalece capacidades, y hasta beneficia desde el punto de vista de su representación en organismos internacionales.
Dijo que el grupo de trabajo creado al efecto, evaluó entre la pertinencia de esa fusión el que había duplicidad y en ocasiones hasta triplicidad de esfuerzos, por ejemplo, en la gestión de cuencas hidrográficas, la protección ambiental sumado a la ineficiencia en el uso de recursos humanos, materiales y técnicos, respuestas tardías para implementar una política integral y desconexión de la planificación de medio ambiente y ordenamiento territorial.
Acotó el beneficio que representa además para la población, que hoy entre esos cuatro organismos tenían que realizar 88 trámites.
Diputados rinden homenaje a los mártires de la Revolución Cubana
Con un recordatorio al Día de los Mártires de la Revolución Cubana comenzó la segunda jornada del Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, a la que asiste el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Un aplauso cerrado fue el homenaje de los diputados en una fecha que resulta perenne tributo de recordación y respeto a los caídos por la Patria, especialmente a Frank País y Raúl Pujol, asesinados por la tiranía batistiana el 30 de julio de 1957.
En el Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia desde las provincias se desarrolla esta sesión, que como primer punto de la agenda tuvo la aprobación de la Ley de la organización de la administración central del Estado.
El programa incluye a continuación el análisis del proyecto de ley De la Vivienda una de las cuatro futuras normas jurídicas que deben ser aprobadas en esta sesión, a saber, las Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, Código de Trabajo y De Organización de la Administración Central del Estado.
Según la agenda del día, se dará a conocer, además, el organismo de la administración central del Estado que rendirá cuenta de su gestión en la sesión ordinaria correspondiente a diciembre próximo.
Durante la jornada de ayer los diputados debatieron y aprobaron una declaración institucional en la que condenan contundentemente la política del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, denunciando una intensificación de la “guerra económica” y alertando ante eventuales amenazas de agresión militar.
La unánime anuencia aconteció luego de la contundente exposición del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien ofreció una información a los diputados sobre el contexto internacional en el que se desenvuelve nuestro país.
Cuba no es amenaza para ninguna nación y tiene derecho a defender su soberanía e independencia, resaltó el canciller.
Como parte del análisis de temas de interés económico y social en la agenda parlamentaria, intervino el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien afirmó que el país entra en la etapa más decisiva y compleja de su reforma económica: llevar a la práctica las medidas ya aprobadas para que se traduzcan en un mejoramiento concreto de las condiciones de vida de la población.
Marrero Cruz destacó que, tras poco más de un mes de trabajo acelerado, se han aprobado 110 de las 121 transformaciones previstas para esta primera fase (un 90,9 % del plan), mientras que otras cinco marchan con aprobaciones parciales.
Con esta base, el gobierno se enfoca en asegurar la aplicación efectiva, la evaluación de impactos reales y la corrección a tiempo de cualquier desviación, precisó.
Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, compareció ante la ANPP para rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria del 2025, un ejercicio marcado por la tensión geopolítica, el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno estadounidense y la inflación, pero que arrojó algunos indicadores de recuperación fiscal.
Subrayó que, por segundo año consecutivo, la cuenta corriente registró un superávit de 25 mil 38 millones de pesos, lo que permitió financiar los gastos operativos sin recurrir a un endeudamiento adicional.
Uno de los puntos más críticos del discurso fue el combate a la evasión fiscal y la economía informal. Pese a que los ingresos tributarios crecieron hasta 311 mil 74 millones de pesos (el 68,6 % de la recaudación total), Regueiro alertó sobre la subdeclaración de ingresos como una práctica extendida que limita la calidad y cobertura de los programas sociales.
Asimismo, destacó que el resultado fiscal confirma la línea de estabilización macroeconómica trazada en el Objetivo 1 del Programa de Gobierno, con una disciplina que ha permitido reducir el endeudamiento público.
El último punto de la agenda del miércoles llevó a la aprobación de la Ley de tierra Agropecuaria y Forestal.
