Cargando...La actualización del marco normativo que rige las actividades no autorizadas a ejercer por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y otras empresas privadas, así como por las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, fue publicada este martes en la Gaceta Oficial y anunciada en conferencia de prensa.
Mediante el Decreto 160 del Consejo de Ministros se deroga el anterior Decreto 107, medida que busca dinamizar la economía nacional en un contexto económico-financiero muy difícil e impulsar la participación de los nuevos actores en actividades estratégicas del país, según explicó la ingeniera Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).
Este modificación responde también al proceso de transformaciones sociales y económicas aprobado en junio último por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para flexibilizar el entorno operativo de la gestión privada.
López Acea explicó que del listado de 125 actividades que permanecían reguladas o prohibidas para el sector no estatal bajo la norma anterior, el nuevo decreto elimina totalmente la prohibición sobre 46 actividades y modifica otras 35, lo que permite liberar y abrir la participación en áreas hasta ahora restringidas.
La titular del INAENE argumentó que estas flexibilizaciones pretenden generar igualdad de condiciones para todos los actores económicos, fortalecer las alianzas entre el sector público y privado mediante figuras como las empresas mixtas, y hacer un mejor aprovechamiento del capital humano capacitado con el que cuenta la nación.
Asimismo, subrayó que la reducción de las prohibiciones facilitará la prestación de servicios esenciales a la población, impulsará sectores clave como la industria y abrirá nuevas oportunidades de inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas.
Funcionarios de Salud Pública, Comercio Interior y Transporte pusieron ejemplos sobre algunas de las actividades que se abren o amplían a la participación de los actores no estatales, como son los servicios farmacéuticos, los cuidados en residencias diurnas o permanentes de las personas adultas mayores, el comercio mayorista y la importación directa con carácter comercial para el ensamblaje y venta de ciclomotores, motores, ciclos y autos eléctricos.
En el caso de la atención médica se ratificó que continuará siendo exclusivamente un encargo estatal, y los servicios autorizados tendrá regulaciones para su prestación, que garanticen la seguridad y la capacitación profesional de quienes lo ejerzan.
Otras actividades que de acuerdo con el texto del nuevo decreto ahora podrán ejercerse por determinados actores no estatales en diversas variantes o de modo condicionado, son la extracción de petróleo y gas natural, la pequeña minería, la generación eléctrica con fuentes renovables de energía y su comercialización, la explotación de gasolineras
Esta reducción de las prohibiciones a los actores económicos no estatales busca dinamizar la producción nacional, fortalecer los encadenamientos con el sector público y dar una mayor respuesta a las necesidades locales, expresó López Acea.
La funcionaria añadió que la apertura abarca áreas prioritarias como los servicios inmobiliarios, el transporte, el comercio, la salud y la educación. De acuerdo con López Acea, el objetivo central es eliminar las trabas burocráticas que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas, al tiempo que se impulsa la integración entre las formas de gestión privadas y las entidades estatales.
Un aspecto clave de la medida es su enfoque descentralizado. López Acea enfatizó que la flexibilización permitirá aprovechar de manera directa el potencial técnico y profesional existente en los municipios, poniendo las capacidades productivas de cada territorio en función de resolver problemas locales.
En cuanto al panorama del sector, la presidenta del INAENE precisó que el país cuenta con más de 15 mil 600 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) aprobadas. Ante el flujo continuo de solicitudes de creación de nuevos emprendimientos, la cifra alcanzará las 16 mil entidades en agosto próximo, fortaleciendo el tejido empresarial general de la nación.
Frente a interrogantes sobre el rumbo del modelo económico, López Acea aclaró que estas reformas no significan una privatización de la economía. La empresa estatal socialista mantiene su rol como sujeto económico fundamental, mientras que el sector no estatal amplía su participación para aportar financiamiento, recursos e inversiones en diversas ramas productivas.
Con este nuevo instrumento regulatorio se busca que todos los actores operen bajo un marco de mayor equidad y cooperación, contribuyendo directamente al bienestar de la población y al desarrollo socioeconómico del país.
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