Como tácita evidencia del continuado irrespeto de directivos empresariales a sus aniristas, allí estaba la cifra, reveladora, en el informe a las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Más de 700 entidades de todos los sindicatos en el país registraron “incumplimientos de los términos establecidos en las normas que regulan los procesos de tramitación y remuneración a los autores de las innovaciones”, asegura el documento.
Aunque el dato corresponde al cierre del 2025, el cuartico parece seguir igualito, sin cambio alguno, a juzgar por el empleo de la frase «persisten los incumplimientos» en el mencionado informe, y ello presupone que la tendencia se mantiene en lo que va de 2026.
Las empresas con tal saldo negativo violan la Ley no. 38/1982: De las Innovaciones y Racionalizaciones, y de otras normas complementarias, que concede a las administraciones la responsabilidad de materializarlas, y encarga velar por lo dispuesto a la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) y a los sindicatos.
Mientras los innovadores esperan ser remunerados, hay entidades que ya percibieron el resultado monetario o social de las soluciones de los aniristas, y siguen utilizándolos para echar a andar líneas productivas, recuperar una pieza o cuidar empleos.
La falta de representación efectiva de la Anir y de los sindicatos impiden exigir a los directivos para que paguen a sus innovadores. tal y como está mandatado en la Ley y sus normas, y tampoco los asociados acuden al sistema cubano de justicia para demandar a las administraciones que vulneran sus derechos.
Los afectados integran una población laboral innovadora cuyo aporte a los procesos productivos, de servicios, la docencia, la investigación y la defensa benefician la eficiencia económica de un país que no puede prescindir de su talento, mucho menos en un contexto de profundización de la guerra económica, comercial y financiera de los Estados Unidos contra Cuba.
Según el propio informe a las sesiones finales del 22 Congreso de la CTC, como resultado del cálculo del efecto económico, las soluciones tramitadas en el período alcanzan un valor de más de 7 mil 935 millones de pesos, como “expresión financiera de ahorro y/o ganancias en un año de aplicación”.
