El 30 de junio se cumplen 65 años de las Palabras a los intelectuales, la intervención de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional José Martí, durante un encuentro con escritores y artistas cubanos. Pocas piezas del pensamiento político y cultural de la Revolución han suscitado tantos análisis, discusiones y polémicas como aquella.
Con frecuencia, su trascendencia se reduce a una frase —«Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada»— que ha sido citada hasta el cansancio, no pocas veces descontextualizada e instrumentalizada para sostener interpretaciones interesadas de un discurso mucho más amplio y complejo.
Sin embargo, aquella intervención fue, sobre todo, una declaración de principios sobre la relación entre el proyecto revolucionario naciente y la cultura. En circunstancias particularmente difíciles para el país, sometido a agresiones externas y obligado a defender su soberanía, Fidel convocó a la unidad sin renunciar al diálogo.
Más que establecer una estética oficial o imponer un único modo de entender la creación artística, el discurso delineó un marco de relaciones entre la Revolución y los creadores, asentado en el reconocimiento de la cultura como un componente esencial de la nación y como una fuerza indispensable para su desarrollo.
Esa política tuvo como uno de sus propósitos fundamentales democratizar el acceso a la cultura. No se trataba únicamente de proteger un extraordinario patrimonio artístico e intelectual, sino de ponerlo al alcance de todos los ciudadanos.
Ese camino no estuvo exento de errores. Hubo etapas de dogmatismo y aplicaciones deformadas de esos principios, particularmente durante el llamado Quinquenio Gris —que en realidad se prolongó más allá de un lustro—. Pero precisamente la solidez conceptual de Palabras a los intelectuales permitió emprender rectificaciones, recuperar el diálogo y reafirmar una visión de la cultura incompatible con el sectarismo y la exclusión.
Sesenta y cinco años después, aquel discurso conserva una vigencia que no radica en ofrecer respuestas acabadas para los desafíos del presente, sino en la invitación permanente a pensar la política cultural como un proceso vivo, abierto al diálogo y en constante perfeccionamiento.
Su mayor legado continúa siendo la defensa de la cultura como un derecho de todos, la convicción de que el acceso al patrimonio artístico debe ser verdaderamente democrático y la certeza de que solo desde el intercambio entre instituciones y creadores puede fortalecerse un proyecto cultural con auténtica vocación nacional.
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