El salario en cancha de las empresas

Con más deseos de producir que harina en sus almace­nes, la Empresa Provincial de Alimentos en Matanzas (Epam) dio un paso osado cuando a principios del 2026 implementó el Decreto (D) 138, de la organización salarial en el sistema empresarial estatal.

No fue copia y pega. Antes hubo un ajedrez de buró, un proceso de disponibilidad, un exhaustivo estu­dio previo a la decisión de la escala salarial específica, de la clasifica­ción de los puestos, del salario para cada cargo o grupo de cargos, de los pagos por rendimiento.

“¿Quién iba a imaginar una dé­cada atrás que en las empresas cu­banas se podría decidir algo así…?”, se pregunta Humberto Antúnez Fer­nández, director de Capital Humano en la Epam.

Es cierto. En el camino de la au­tonomía empresarial emprendido por Cuba, el salario, la principal pre­ocupación de su población laboral, experimentó en el último lustro un cambio trascendental en la manera de concebirse, gestionarse y, sobre todo, en su lugar de aprobación.

Perfeccionar la retribución por el trabajo en el sector productivo, originó la denominada revolución en los recursos humanos, iniciada con el D 53/2021, modificado luego en las letras del D 87/ 2023, para dar un salto mayor en el D 138/2025.

Al transferir al sistema empre­sarial estatal la potestad de deter­minar el salario, el vigente decreto soltó las amarras de la dependencia total de la escala única, y de los cali­ficadores de cargos centralizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Tal progreso conceptual implica que la “pelota” ahora esté en cancha de las empresas, porque ese salario deberá asegurarse, construirse y ga­nar pesos, para no ser engullido de un solo bocado por la inflación.

Libertad salarial, no libertinaje

La facultad otorgada por el D 138 es un arma de doble filo en un país golpeado por la brutal guerra eco­nómica, comercial y financiera del Gobierno de los Estados Unidos. El contexto desafía, intimida. Pesan factores objetivos, subjetivos y res­peto al contenido de la norma.

Por eso su materialización no puede ser automática, aclara José Antonio Pérez Pérez, integrante de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabaja­dores de Cuba (CTC).

“Cualquier diseño incluye al sin­dicato y debe ser de mutuo acuerdo. Su análisis y aprobación debe lle­varse a la asamblea general de afi­liados y trabajadores, y plasmarse en el Convenio Colectivo…”, advier­te quien también es responsable de la Esfera de Asuntos Económicos. “Esas conquistas de nuestra organi­zación hay que defenderlas bien”.

Con él concuerda Rafael Guevara Chacón. El funcionario del Departa­mento Económico de la CTC está con­vencido de cuánto el decreto vigente allana el camino hacia su aplicación: “Las empresas ya no tendrán que ven­cer los cuatro indicadores planteados en el D 87. Ahora basta con uno solo: no deteriorar el aporte por rendimien­to de la inversión estatal o el pago de dividendos al presupuesto”.

La simplificación, estima, obliga a obtener mayores utilidades, pro­ductividad, eficiencia, crear bienes, valores físicos y no mediante el in­cremento de precios o a base del al­quiler de locales.

Dar el paso y mantenerse

Con gran repercusión en la vida de los cubanos, Aerovaradero S.A., en La Habana, estuvo entre las empre­sas que pudieron instrumentar en el 2021 el D 53. Sin embargo, en el 2023, los indicadores no le alcanza­ron para transitar al D 87 y hubo un retroceso.

El procesamiento de más de 500 contenedores, la incursión en nue­vas áreas de negocios, el manejo de su carga no comercial por vía área y marítima… abrieron las puertas al D 138, resume la directora general Gloria Alacán Ruiz.

“Aquí todo depende de la tone­lada física. Si baja la carga, baja el salario. Si se estanca el flujo, se es­tanca el ingreso”, explica.

David Díaz Linares, jefe del al­macén 4, no quisiera que algo así su­cediera. No es lo mismo llegar a 50 mil o 60 mil pesos entre el salario y otros pagos, que volver a los 5 mil.

A más de 100 kilómetros de la ca­pital, un temor similar siente el ma­tancero Dilan Núñez Domínguez. “En marzo cobré mil 400 pesos más que mi anterior salario de 2 mil 100, sin contar otros ingresos por los resultados… Es estimulante, pero trabajoso…”, dice, mientras el sudor le empapa el rostro. “Estamos horneando con carbón y con leña lo hacen en otros establecimien­tos…”, exclama Yosvany Rivero, admi­nistrador de la fábrica de galletas La Yumurina.

“Ante la falta de harina y de petróleo lo más fácil hubiera sido renunciar, pero mire la cola, la gente está esperando por las cro­quetas y los moldes para pizzas a base principalmente de yuca y ex­tensores”.

A esas y otras fabricaciones al­ternativas recurrió la Epam para mantener sus procesos, el empleo, producir alimentos… y se dieron las condiciones para aplicar el D 138.

“Fuimos cautelosos. No emplea­mos ninguno de los decretos ante­riores. Llegó este y nos parece más viable… Ya se cobró marzo y abril. La gente está contenta… Aún no he­mos usado los pagos adicionales… Sería un gasto superior. Vamos paso a paso”, aprecia el director de Capi­tal Humano.

“Con vista larga, lo siguiente será medir cómo los millones ero­gados impactan en el incremen­to de la producción, la calidad, la eficiencia y, muy importante, vigi­lar que no se deteriore el aporte al rendimiento de la inversión esta­tal para no regresar al salario del año anterior”.

Una lucha similar libran en la empresa de conformación Noel Fernández (Conformat), también en Matanzas. Ante la imposibilidad de la importación de la materia pri­ma, la única fabricante de cilindros para gas en el país apeló al talento de sus innovadores. Hornos, coci­nas, rejas…, y la reciente transfor­mación de cinco contenedores para uso de viviendas, ampliaron su ob­jeto social y la salvan.

“Logramos mantenernos en el D 87 y transitar al nuevo”, sostiene la responsable de Recursos Huma­nos, Miriam García López. “¿Que si es mejor que el otro? En sentido ge­neral sí”, dice y mira fijo a Arianne Suárez Rosario, la secretaria gene­ral del buró sindical.

Cerca de ellas está Lázaro de Jesús Marrero Carriera. El operario de 58 años se muestra inconforme. Otros 56 que como él acumulan tres decenios o más en la planta, no po­drán percibir el tope de 3 mil pesos por años de servicios prestados.

Miriam detalla que el malestar surge porque la “cuantía máxima mensual que reciba el trabajador por concepto de ese y otros pagos adicio­nales no puede exceder el 50 % de su salario escala, y el de los directos de aquí con más de 30 años de labor, está por debajo de los 6 mil pesos. Al dividir el monto por dos, no da para erogar los 3 mil.

Si el sentido del D 138 es fortale­cer el salario dentro la estructura de los ingresos, los años de servicios o la antigüedad, como lo veo yo, debiera estar fuera de los pagos adicionales, opina Miriam. “Dejarlo a criterio de la empresa estatal socialista, como lo hicimos con el D 87”.

Y es que el D 138 es una opor­tunidad de dignificar el trabajo, apunta Noelis Borrero Izquierdo, di­rector de Servicios de desarrollo en la capitalina Empresa Nacional de Software, S.A. (Desoft). Llegó, agre­ga, para “convertir la autonomía en resultados económicos tangibles, que se reflejen en la vida cotidiana de los colectivos, del país y constitu­yan mejores beneficios”.

Lograrlo implica que “directi­vos y sindicatos aprendan a ejer­cer juntos sus facultades”, aporta Katia Labrada Vidal, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puertos.

“La norma por sí sola no hará milagros” señala Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de CTC en la provincia de Matanzas. “Ahora toca consolidarla, hacerla sostenible, trabajar por incorporar las entida­des que aún no lo hacen y que crez­can los aportes de bienes y servicios. El país lo necesita, los trabajadores y sus familias también”.