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Hoy, como hace 30 años, los cubanos repudiamos la escalada agresiva creciente del Gobierno de los EE. UU. contra este archipiélago. Hoy, como hace 30 años, el imperio trata de tergiversar y manipular la historia.
Aunque hay una generación de compatriotas que no había nacido en 1996, existen las pruebas documentales de lo que realmente ocurrió el 24 de febrero de ese año, cuando en un acto legítimo de defensa de nuestro espacio aéreo fueron derribados dos aviones piratas tipo Cessna, procedentes del aeropuerto de Opalocka, en el estado de la Florida, mientras transgredían una vez más el espacio aéreo en aguas territoriales cubanas.
Una cronología de los hechos puede hacerse a partir de las informaciones oficiales publicadas entonces en este semanario. La primera, aparecida el 15 de enero, resultó una advertencia pública en la que se expuso que los días 9 y 13 de ese mes, “en horas del día, avionetas procedentes de los Estados Unidos (…) lanzaron octavillas de carácter subversivo en algunos lugares de las provincias habaneras”.
Hubo otras “irresponsables y peligrosas acciones” de ese tipo, como las del “verano del año pasado”, mencionadas en sucesivas notas divulgadas en Trabajadores, dando fe de que actividades de igual naturaleza conllevaron en varias ocasiones una nota diplomática para poner al tanto al Gobierno de los EE. UU. y a los organismos pertinentes como la Administración Federal de Aviación de ese país, con el fin de agotar recursos disuasivos para evitar los peligros que entrañaban tales vuelos no autorizados.
El 26 de febrero, 42 días después de aquella información, se publican en portada y en la página 4 de este semanario dos amplias notas del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los antecedentes del trágico suceso y el desenlace posterior.
Se da a conocer que a las autoridades estadounidenses les fue permitido que entraran con los funcionarios cubanos en aguas jurisdiccionales al norte de La Habana a participar en labores de búsqueda y salvamento en el área donde aconteció el derribo de las dos avionetas pilotadas por miembros de la organización terrorista Hermanos al Rescate. Esto resulta una evidencia de que los hechos no ocurrieron en aguas internacionales como señalaba el entonces secretario de Estado, Warren Christopher, quien hasta amenazó con que el presidente Bill Clinton podría adoptar acciones unilaterales.
Y en eso sí tuvo razón, en Miami se orquestó una gran campaña bajo “la imagen inofensiva de los piratas aéreos y el ‘exceso’ cometido por los agredidos…”, como se significó en la edición del 4 de marzo de aquel 1996 en Trabajadores, en el editorial de Nicanor León Cotayo ¿Hasta dónde el triunfo de los “duros”? No fue casualidad —escribió el periodista—, que los grupos contrarrevolucionarios manejados por Jorge Mas Canosa intensificaron desde mediados de 1995 sus acciones subversivas contra la Mayor de las Antillas, entre ellas, las incursiones piratas en su espacio aéreo.
Luego del derribo de las aeronaves pidieron un bloqueo naval a Cuba y multiplicaron la presión sobre el presidente Clinton para que firmara el proyecto de Ley Helms-Burton que vino a recrudecer el bloqueo comercial, financiero y económico del Gobierno estadounidense contra Cuba. Y lo lograron.
Treinta años después, vuelven a negar que los hechos de 1996 fueron una acción legítima de defensa de la soberanía nacional y pretenden judicializar al líder de la Revolución Cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Y para denunciar esta ignominia, miles de habaneros en nombre de todos los cubanos acudieron el pasado viernes a la Tribuna Antimperialista para patentizar también nuestro derecho a la paz y exigir la eliminación del criminal e inédito bloqueo que dura más de 67 años.
