Este jueves, el gobierno de Cuba aprobó la actualización de la tarifa de compra de energía a los cogeneradores que utilizan fuentes renovables, un proceso que forma parte de la necesidad de transformar la matriz energética nacional.
La nueva disposición, publicada en la Gaceta Oficial, establece un pago de 90 pesos cubanos por cada kilowatt hora aportado, eliminando así la dispersión de tarifas anteriores que oscilaban entre 3 y 6 pesos. Con ello se busca reconocer los costos reales de generación y estimular la participación de actores estatales, no estatales y de la población en la producción energética.
“Es una tarifa mucho más favorable, con un incremento de diez veces respecto a la anterior, que constituye una motivación para todos los actores”, subrayó durante conferencia de prensa Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra de Finanzas y Precios.
Beneficios fiscales y simplificación de trámites
La viceministra abundó además que está medida se acompaña de una exoneración del impuesto sobre las ventas para quienes comercialicen energía, sin necesidad de trámites adicionales ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Bastará con conservar contrato y factura, garantizando trazabilidad y transparencia en el proceso.
Por su parte, Mario Castillo Salas, director adjunto de la Unión Eléctrica, destacó que los contratos vigentes se actualizarán automáticamente y que los nuevos usuarios podrán solicitar el servicio desde el venidero 28 de mayo, con aplicación efectiva de la tarifa a partir del próximo 1 de junio de este año.
El procedimiento incluye solicitud digital o presencial. Asimismo, una visita técnica para verificar condiciones de seguridad e interconexión y firma de contrato. Todo este proceso se completará en un plazo máximo de 10 días, incluyendo el cambio de metro contador para registrar consumo y generación para aquellos usuarios que están realizando este proceso.
Transparencia y acompañamiento técnico
Castillo Salas insistió en la importancia del asesoramiento técnico y la comunicación institucional para garantizar que la población comprenda las condiciones reales de la medida.
