La crisis política, económica y social que atraviesa Perú continúa profundizando las desigualdades y el malestar de amplios sectores populares, especialmente de la clase trabajadora urbana y rural, golpeada por la inflación, la informalidad y la pérdida de derechos laborales.
El escenario peruano arrastra años de inestabilidad institucional. Desde 2018 el país ha tenido varios presidentes, destituciones parlamentarias y constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. La situación alcanzó uno de sus puntos más tensos tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022, luego de su fallido intento de disolver el Parlamento.
Castillo, quien aún permanece encarcelado , es un maestro rural y dirigente sindical surgido de los sectores populares. Llegó al poder en 2021 tras derrotar en segunda vuelta a Keiko Fujimori con poco más del 50 % de los votos. Su victoria expresó el rechazo de millones de campesinos, trabajadores y habitantes de regiones históricamente marginadas frente a las élites políticas y económicas de Lima.
Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por errores, divisiones internas y un permanente bloqueo político desde el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras. Tras su destitución asumió la presidencia Dina Boluarte, cuya administración enfrentó fuertes protestas populares reprimidas con saldo de decenas de muertos, en su mayoría jóvenes y pobladores del sur andino.
La economía peruana mantiene indicadores macroeconómicos relativamente estables gracias a la minería y las exportaciones, pero esa riqueza no se traduce en mejores condiciones para la mayoría. Más del 70 % de los trabajadores se desempeña en la informalidad, sin contratos estables ni protección sindical efectiva.
Los bajos salarios, el aumento del costo de la vida y la precarización del empleo afectan particularmente a obreros, maestros, transportistas, trabajadores agrícolas y empleados del sector servicios. En muchas regiones persisten dificultades de acceso a salud, educación y vivienda digna.
En ese contexto, los sindicatos y movimientos sociales han retomado protagonismo. Organizaciones campesinas, centrales obreras, gremios magisteriales y colectivos indígenas reclaman una nueva Constitución, mayores derechos laborales y una distribución más justa de las riquezas generadas por la explotación minera.
Diversas organizaciones sindicales denuncian además intentos de criminalizar la protesta social y limitar la capacidad de movilización popular. A pesar de sus divisiones y debilidades organizativas, el movimiento sindical peruano mantiene presencia en conflictos laborales y en las demandas por democracia y justicia social.
En medio de ese escenario de desgaste institucional y creciente polarización, las recientes elecciones presidenciales confirmaron la fragmentación política del país. En la primera vuelta celebrada en abril de 2026, Keiko Fujimori obtuvo la mayor votación, seguida por Roberto Sánchez, representante de sectores progresistas y de izquierda. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para imponerse en primera ronda, por lo que ambos disputarán la segunda vuelta prevista para el 7 de junio próximo, en unos comicios considerados decisivos para el futuro político y social de Perú.
Para numerosos analistas progresistas, la crisis peruana refleja el agotamiento de un modelo neoliberal incapaz de reducir las profundas brechas sociales y territoriales del país. Mientras las élites políticas buscan recomponer la gobernabilidad, millones de trabajadores continúan exigiendo empleo digno, participación real y un Estado más comprometido con las necesidades populares.
