Eventuales en el surco, ¿desprotegidos mañana?

Cheo, como le conocen, muestra las canas, arrugas y sapiencia del más longevo de la brigada. Vino de Holguín hace 31 años y se asentó en Güira de Melena, antes provincia de La Haba­na, actual Artemisa. “¡Qué no sabré hacer en la tierra!”, exclama José Antonio Martínez, sin perder de vis­ta el mazo de ajo ya apareado.

“Esto lo cobramos caro. Como 3 mil pesos por jornada para cada uno. Hoy envasamos ajo de seis ca­rretas y trasladamos los sacos para la rastra. Si fuera el escarde de boniato serían 200 pesos el surco. Yo gua­taqueo más de cinco en unas horas. Como no hay implementos ando con mi guataca a cuestas”, dice y sonríe.

El jefe de la brigada eventual de Cheo es Yudelkis Rodríguez Cabrera tiene 34 años de edad. Apenas cum­plió sus 15, salió de Santiago de Cuba a trabajar en este, uno de los cuatro polos productivos de la provincia de Artemisa.

“Estamos en pie desde las seis de la mañana. Salimos del barrio La Cuchara hacia las fincas en que los dueños nos llaman. Según la labor, hablo por WhatsApp con los míos. Muchos no tienen teléfono, pero so­mos vecinos y la noticia corre rápi­do”, cuenta.

“Lo mismo limpiamos tomate, sembramos boniato, deshojamos plá­tano, cosechamos malanga, planta­mos, yuca… Trabajar es lo importan­te, aquí, o en Batabanó y Güines, en Mayabeque. ¡Ahhh! y cobrar diario”, asiente, lo cual reitera Osmany Rive­rón Fabre, de Guantánamo, otro de los brazos de la brigada.

¿Les pagan por tarjeta magnéti­ca? ¿Están vinculados a la Dirección de Trabajo y Seguridad Social o a una sección sindical?

Las miradas respondieron, no las palabras. Yudelkis cogió la seña de todos: “¿Tarjeta? No hay ni cajero au­tomático para extraer el dinero. Ir al banco cuesta no menos de 500 pesos, y solo te dan mil por persona. Ade­más, los negocios no aceptan transfe­rencia, todo es con billetes”, comenta.

Cheo ni siquiera sabe de tarjeta, ni piensa en el mañana, en seguridad social o jubilación. “Siempre trabajo por la izquierda. Solo tengo tangible el plato en la mesa de mi casa día a día”, dice.

A casi 300 kilómetros de Cheo, un villaclareño de 28 años, identifi­cado como Luis, opina muy parecido. Ordeña en una vaquería privada en las afueras de Placetas.

“Trabajo por la libre. Prefiero cobrar los mil 500 pesos limpios al final de la mañana, que amarrarme a un papel. Si no vengo nada pasa; si tengo otra labor en la construcción, aprovecho”, concluye.

En esta provincia central las brigadas eventuales, parecidas a las artemiseñas, son la otra cara de la moneda. En los municipios de Santo Domingo y Remedios están bien es­tructuradas.

Cerca de la capital villaclareña, en una cooperativa de producción agropecuaria un jefe de brigada de­fiende la institucionalidad. “Esta­mos en regla. Si hay accidente con una guadaña o si un compañero enferma, la ley nos respalda. Es el compromiso con el futuro, aunque muchos jóvenes están enfocados en el diario”.

Así lo confirma un trabajador proveniente de Granma. Labora en Manicaragua de forma irregular, en el desmoche. “Trabajamos bajo con­diciones fuertes. No tengo documen­tación para esta provincia, por eso lo hago por fuera. Es la única manera de mandar dinero a la familia. Le­galmente no existo para mi retiro”, reconoce con sinceridad.

En tierras de Sancti Spíritus la realidad no parece ser distinta. Lo confirma Pedro Ramírez, quien por muchos años fue cañero, “pero ese cultivo cayó en desgracia y cambié el rumbo”, expresa.

“Por suerte en Siguaney han despuntado las vegas y las sitierías. Siempre hay campesinos en busca de brazos. El trabajo es duro pero la vida más”, nos asegura, pasadas las dos de la tarde, cuando a lo lejos los nubarrones anunciaban un posible aguacero.

“Ojalá caiga a ver si la tierra afloja”, auguraba el jornalero sin in­terrumpir su paso de guataquear. “A esto me he dedicado todo el tiempo. Los años pesan, cumpliré 63, con experiencia y fuerzas para echar pa’lante”, suelta en ráfaga el espiri­tuano sin apartar la vista del surco, donde repasa una capadura de taba­co (el brote que germina tras el pri­mer corte).

Ninguna estadística contabiliza una cifra certera. Pedro no figura en plantilla alguna, ni tiene un vínculo laboral legal. Su historia es la de mi­les de hombres y mujeres capaces de sostener buena parte de la actividad agropecuaria en los campos de Sanc­ti Spíritus.

Ante el difícil acceso a los recur­sos y la escasa mecanización, la agri­cultura demanda mayor laboreo y fuerza de trabajo manual. Para quie­nes están pegados a la tierra ganar “al contado”, sin correr trámites, re­sulta más viable, antes que cumplir formalidades.

El fenómeno de los jornaleros en Cuba y la ilegalidad de ellos de­safían el ordenamiento jurídico; sin embargo, a decir de William Ernes­to González, propietario de la finca La Rosa, en Artemisa, “el trasiego de obreros eventuales de un cultivo a otro marca el pulso de siembras y cosechas. Debíamos acabar de orde­narlo, porque ¡sin ellos no avanza­mos!”, confiesa.

Entre decretos y crudezas…

“Son variables económicas, princi­palmente, las que mueven la necesi­dad y existencia de esta fuerza labo­ral, social y hasta geográfica”, opina Adriana Ballester Hernández, direc­tora de Personal, en el Ministerio de la Agricultura (Minag).

Más que revelar estadísticas, re­flexionó acerca del fenómeno como tradición. Son una fuerza itinerante, con preminencia en algunas provin­cias o zonas productivas, sobre todo para siembras y picos de cosecha.

“A partir del 2021, con las me­didas aprobadas para dinamizar la producción de alimentos, de con­junto con expertos y académicos, identificamos los diferentes actores que labran la tierra. Visitamos zo­nas donde trabajan brigadas even­tuales e intercambiamos con pro­ductores, sobre todo en Artemisa y Mayabeque.

“En el 2021, el Ministerio de Tra­bajo y Seguridad Social (MTSS), de conjunto con el Minag, emitió la Re­solución 80. Esta reconoce la figura del gestor de fuerza de trabajo agro­pecuario, quien contrata a trabaja­dores para prestar servicios a pro­ductores, con el objetivo de registrar y beneficiar a los vinculados a este empleo.

“También fue aprobado el De­creto Ley 80, que entró en vigor en el 2024, relacionado con el régimen especial de seguridad social del sec­tor agropecuario y forestal”, explica Ballester Hernández, y enseguida pensamos en los beneficios para bri­gadas como la de Yudelkis y otras, a lo largo y ancho del país.

No son poseedores de tierras, pero sí contratados para realizar labores de forma eventual o perma­nente, y están vinculados directa­mente a la producción agropecuaria de manera habitual.

Pudieran estar protegidos ante enfermedad y accidente de origen común o profesional, invalidez total, vejez, licencias de maternidad y ga­rantiza la protección a su familia en caso de fallecimiento.

Años después, ambas leyes abren el debate ante las dinámicas de su­pervivencia en el campo. La inesta­bilidad es una coraza. No tributan al Estado ni el más mínimo porciento, perciben un ingreso neto mayor. Ig­noran o quieren ignorar una ley pro­tectora a futuro.

El criterio de Norberto González Pedraza, delegado de la Agricultura en Artemisa, toma ese rumbo. “Al no responsabilizarse desde el presente, ellos mismos condenan el mañana, creando un problema que caerá so­bre los fondos de la asistencia social del Estado, en un futuro no muy leja­no”, confirma.

“Son unas 20 brigadas de este tipo en el territorio. Pero, cuántos, dónde o con quién laboran, no está claro. Un trámite se complica sin documentación, y no tienen asenta­miento estable”, insiste.

Por su lado, Onelmis Hernández Polo, jefe de departamento en la Di­rección Provincial de Trabajo y Se­guridad Social en Sancti Spíritus, manifiesta que “en conjunto con la Agricultura y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), accionan para incorporar a los obre­ros eventuales a la modalidad de em­pleo, reconocida en el Decreto Ley 90 del 2024, sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y se elimina la in­formalidad”, amplía.

“Es indudable, si en la provincia espirituana solo 209 están formal­mente registrados en ese empleo no estatal, prevalecen los eventuales ile­gales”, afirma.

Ciertamente, los números no están acotejados como deberían. William Li­court González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios Forestales y Tabacale­ros, esclarece que existe un potencial por encima de los 6 mil jornaleros en el país. Unos 2 mil son afiliados a sec­ciones sindicales. “Son obreros muy laboriosos, pero no están asociados, en su mayoría, a la organización. Nos falta integrarnos para sensibilizarlos con su contribución, de acuerdo con los ingre­sos personales y de los beneficios de la seguridad social”, apunta.

Por esa cuerda un veterano pro­ductor de hortalizas de Camajuaní, en Villa Clara, refiere dilemas cotidianos con la contratación de quienes mero­dean como ilegales.

“Quien está legal cuida su puesto de trabajo, tiene disciplina. Pero los jor­naleros eventuales son una lotería. Hay que motivarlos, pautar reglas, pero no siempre tenemos éxito.

“El mes pasado dos muchachos empezaron a desmontar una cerca; al segundo día, a mitad del trabajo no vinieron más. Le ofrecieron algo más cómodo en el pueblo. ¡Como no rinden cuentas a nadie!

“A muchos debemos garantizar­les desayuno y almuerzo. La inver­sión en fuerza de trabajo significa un gasto más a la ficha de costo”, añade el productor. “Actualmente, en tie­rras villaclareñas la labor se divide en dos turnos de cuatro horas maña­na y tarde, con pagos oscilantes entre los mil y mil 500 pesos por jornada”, explica.

A tono con ello, hablamos con el artemiseño Yaisel Sánchez, asociado a una cooperativa de créditos y ser­vicios. “Me urge contratar brigadas eventuales. En un día debo pagarles de 20 mil a 30 mil pesos. Ellos se los reparten, según su aporte en la labor.

“Imagine, ¿cómo sostener las producciones agrícolas? Acopio, por ejemplo, nos debe más de 5 millones de pesos, por solo citar las últimas cosechas contratadas que vendieron y quizás cobraron. Si el banco no puede darnos el efectivo, ¿cómo pa­gamos a los jornaleros?”.

La solución se va por la tangente. Hay negocios cambiando en billetes el dinero depositado por transaccio­nes en sus tarjetas magnéticas, pero cobran hasta el 20 % de intereses. Pierden de cada 10 mil pesos, 2 mil, así de sencillo, pero sin opción, cono­cimos en voz de los propios güireños.

“No hay ajuste, debemos pagar diario y con billetes. A eso se le suma el precio del combustible. En gran­des extensiones de tierra las labores no pueden desarrollarse con tracción animal. En esta misma finca, desti­nada a malanga, ajo, boniato, pláta­no, cebolla, frutales… ya hay caba­llerías sin nada sembrado”, significa Yaisel.

Y aunque, objetivamente, no te­nemos el primer protagonista de la experiencia en Güira de Melena, Ri­cardo Concepción Rodríguez, gober­nador de Artemisa, informaba una primicia: “por la complejidad con el pago para sostener la fuerza de tra­bajo en el surco, las sucursales ban­carias entregarán a los campesinos el 50 % del dinero en efectivo, y el otro valor sí irá a las tarjetas”.

Pudiera parecer una derrota en la bancarización; no obstante, es po­ner los pies en la tierra, con medidas atemperadas a reclamos de los agra­rios. Ellos deberán cumplir compro­misos impostergables en sus contra­taciones”, insiste el gobernador.

El Porvenir promete

Como no existen normas ni tutoria­les para transformar el escenario, quizás Alcides Hernández Pérez, en la finca El Porvenir, del municipio de Cumanayagua, en Cienfuegos, nos dé algunas luces.

La tradición campesina le corre por las venas al tabacalero de 52 años de edad. Cuenta cómo quienes labo­ran a tiempo completo en sus 12 hec­táreas de tabaco tapado, ocho al sol, y el resto de tierras de cultivos varios e incluso, en la ganadería, están afi­liados al sindicato. Hasta constituye­ron un núcleo del Partido.

“Todo partió de hallar a un lí­der entre ellos. Los convencimos de la garantía de organizarse, de estar representados, de tener voz y voto, aunque el usufructuario sea yo.

“Del protagonismo sindical sur­gió Semillitas del Futuro, una casita infantil en mi finca con nueve niños. Las familias no pagan la estancia ni la alimentación.

“También propusieron la tienda, como su mayor sustento. Por eso les puedo transferir a la tarjeta magné­tica. Pagan en línea, lo mismo arroz, cárnicos, jabón, efectos electrodo­mésticos… sin necesidad de trasla­darse 30 kilómetros hasta la ciudad. Y sí reciben una parte de salario en efectivo, para sus otras necesidades”, dice.

“¿Sabes los empeños actuales? Un salón multiservicios para que allí las mujeres, y los hombres tam­bién, puedan arreglarse, pelarse… y cuanto deseen, y una panadería. Todo en El Porvenir.

“Quienes trabajan conmigo echamos pa’lante como familia, ante las adversidades. En el próximo curso escolar, en unión con la Uni­versidad, iniciaremos la carrera de Agronomía para 10 trabajadores y constituirán otra sección sindical”, señala el técnico medio en esa espe­cialidad. “Somos más de 50 en una sola. Cada emprendimiento suma más coterráneos al empleo legal”, destaca.

Hablar más con ellos

Los campos de Cuba del 2026 distan de los de 1980. Contrariarlo negaría hasta la ciencia y la técnica visible en estos, pero ni la bancarización ni el Decreto Ley 80 entrarán como anillo al dedo, si no los aclimatamos a sus beneficiados.

Cuando andamos algunos sur­cos nos embarga la tremenda sensa­ción de que quienes cosechan bonia­to o plantan yuca no son siquiera un número en la agricultura del país.

En esa competencia desleal ha­brá que multiplicar fórmulas para revertir la tendencia hacia lo legal. Que nadie lo dude: el alto costo de la fuerza eventual en el campo se paga en la mesa de los cubanos.

¿Cómo transformarlo? Desde cada pedacito de tierra y hasta los ministerios; listemos nombre por nombre. Habrá que convencerlos de que hay leyes aprobadas que los be­nefician. Organizarlos aseguraría, no solo un mejor desempeño de obre­ros contratados eventual o perma­nentemente, sino su garantía social del mañana. Tal como la producción de alimentos, evitar la ilegalidad de esta fuerza laboral está en controlar más, pero desde la propia tierra.

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