Este martes 3 de marzo la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto-Ley 114/2025: “De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales”, aprobado por el Consejo de Estado el pasado 10 de diciembre.

La norma, que entrará en vigor en abril, abre un nuevo capítulo en la política económica cubana al establecer un marco legal para las asociaciones entre entidades empresariales estatales y privadas (micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y las cooperativas).
Con ello se busca dinamizar los encadenamientos productivos y ampliar la autonomía empresarial y fomentar la cooperación entre los sectores con posibilidades de cooperación en sectores claves de la economía nacional.
¿Qué beneficios trae consigo la normativa?
El Decreto-Ley 114/2025 introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico cubano la figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada mixta, y habilita cuatro modalidades de asociación:
– Constitución de sociedades mixtas.
– Adquisición de participaciones en empresas privadas.
– Fusiones por absorción.
– Contratos de asociación económica.
La norma tiene como propósito fortalecer la autonomía empresarial, estimular la inversión y modernizar el marco legal de la economía, sin perder de vista la preservación del control estatal en sectores estratégicos como la salud, la educación y la defensa.
Asimismo, logra establecer una mayor flexibilidad para las empresas estatales; nuevas oportunidades de cooperación con mipymes y cooperativas; además, impulsa la eficiencia y la innovación productiva y consolida un entorno jurídico más claro y seguro para las alianzas económicas.
El Decreto-Ley 114/2025 no solo llena un vacío en la normativa económica, sino que coloca a prueba la capacidad de las empresas cubanas para transformar la letra de la ley en resultados palpables. El verdadero alcance de esta disposición dependerá de cómo se concreten las asociaciones en la práctica y de si logran traducirse en mayor productividad, innovación y beneficios sociales. En ese terreno se medirá la eficacia de una norma que aspira a ser pieza clave en la actualización del modelo económico.
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