Los economistas lo dijeron desde el principio. Topar precios por decreto no es la solución mágica de ninguna economía, pues el mercado —en especial, los vendedores— siempre lo intentarán burlar, a partir de que los costos pueden variar (por ejemplo, tema combustible hoy mismo); la demanda creciente de un producto; la falta de sistematicidad y rigor del cuerpo de inspectores, entre otros complejos entramados que terminan haciendo agujeros en los bolsillos del cliente o comprador.
Todo eso, sin pecar de absoluto, ha quedado en una gran ilusión, con las lógicas excepciones de algunos lugares. Y a ello hay que sumar los productos agropecuarios de las ferias semanales, que también los topa cada territorio antes de iniciar la venta y cuando se llega a la tarima está igualmente inflado el precio y solo quedan dos opciones: armar un escándalo y buscar como aguja en un pajar a los responsables del gobierno para hacer valer tu derecho o simplemente pagarlo al valor que decidieron ponerlo sin chistar.
Son realidades con las que a diario chocamos y lo más dañino es que ha llegado a interiorizarse por muchos que quien exige su derecho al precio topado es un “conflictivo o tacaño”, que lo mejor es pagar lo que diga el vendedor porque “está luchando” y resolviendo lo que no se puede encontrar en la oferta estatal.
Lamentablemente eso lacera la credibilidad de los gobiernos locales encargados de controlar la actividad y del cuerpo de inspectores, quienes solo funcionan si están en un operativo, pues individualmente son fáciles presas del soborno. Las teorías de que “siempre habrá alguien que lo pague” o “prefiero botar el producto antes que bajarle el precio como está topado” van ganando terreno en detrimento del pueblo.
Este periodista no tiene una solución mágica ni mucho menos, pero lo que sí tiene claro es que se ha ido de las manos un asunto vital para la subsistencia ciudadana y la confianza gubernamental. Y todavía estamos a tiempo de atajar y ponerle un coto. Mañana será demasiado tarde.
