Tal vez a los trabajadores cubanos de hoy les sorprenda conocer una negativa característica del sistema de jubilación existente en el país durante el capitalismo: su falta de continuidad.
¿Qué significaba esto?
Pues que el trabajador perdía todos sus derechos cuando cambiaba de labor de un sector a otro, es decir, no le reconocían, a los efectos de su jubilación, los años de servicios acumulados hasta ese momento. Entonces estaba obligado a empezar de nuevo a acumular tiempo y contribución en dinero en la caja de retiro del nuevo sector, si tenía la suerte de que allí existiera ese tipo de institución.
Y es que en Cuba antes de 1959 no se siguió el sistema de un organismo único para la administración de la seguridad social, sino existían diversas instituciones con su propia legislación, administración, financiamiento y prestaciones que brindaban ese beneficio a diferentes grupos ocupacionales. En 1958, por ejemplo, había 58 cajas de retiro que cubrían algo más del 50% de los asalariados.
Y para que no se piense que se trata de “propaganda comunista” contra el pasado capitalista, en 1956 un funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un estudio sobre los seguros sociales de invalidez, vejez y muerte en Cuba y rindió un informe técnico publicado en La Habana al siguiente año.
Esta investigación, conocida como el estudio del doctor Peter Thullen aportó la más analítica y completa de las valoraciones realizadas sobre el tema en la época. Resumió el deplorable estado administrativo, jurídico y económico en que se encontraban los seguros sociales, su incapacidad financiera y propuso el modo de resolver estas deficiencias.
Antes de esa fecha, la llamada misión Truslow constituida por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento de los Estados Unidos con el fin de estudiar los problemas que afectaban la economía cubana, reveló que entre 1947 y 1950 todos los fondos de retiro estaban en déficit.
Tales estudios e informes hacían recomendaciones como la unificación de las cajas y fondos de retiro en un banco de seguros sociales, pero estas propuestas fueron desoídas y la situación siguió empeorando.
La política del gobierno no era precisamente garantizar el derecho reconocido en el artículo 65 de la Constitución de 1940, vigente entonces, que establecía los seguros sociales como derecho ineludible e imprescindible de los trabajadores con la participación equitativa del Estado, los patronos y los trabajadores.
Pero tal precepto de la Carta Magna era violado de manera sistemática y los que menos recibían eran los que aportaban más, mientras el Estado incumplía con su responsabilidad.
En los años finales de la dictadura de Fulgencio Batista se decretó por ley que todos los trabajadores, empleados públicos y profesionales que colaboraran o manifestaran su apoyo al movimiento revolucionario fueran cesanteados y por tanto perdían los años de antigüedad a los efectos de su jubilación.
En los años 50 se publicaron en la prensa denuncias de malversaciones y de malos manejos de las cajas de retiro tan escandalosas que merecen un artículo aparte.
Dirigentes del sindicalismo vendido, encabezados por Eusebio Mujal, asaltaron la dirección de las cajas de retiro para utilizar sus fondos en beneficio personal e inventaron planes fantasiosos, como el pretexto de construir viviendas para los trabajadores, engaño que les proporcionó jugosas ganancias.
La crisis financiera de muchas de estas cajas tenía como causa, además, la intervención de la dictadura que utilizó a dichas instituciones para sostener la orgía de gastos y robo de los personeros del régimen, En algunos casos lo hizo con la complicidad de los dirigentes de las cajas de retiro, en otros obligaban a estas entidades a comprar bonos estatales, con lo cual sus fondos en efectivo se traspasaban al gobierno.
Un negocio común era la retención de los expedientes de jubilación.
Cuando uno de estos expedientes acumulaba varios años de espera, el presidente de la caja le recomendaba al reclamante que acudiera a un abogado que era cómplice de la estafa. Este traicionaba a su cliente al recomendarle que accediera a que le entregaran una parte de lo que le correspondía para garantizar que aprobaran su expediente, lo que el trabajador se veía obligado a aceptar, y además de no recibir el monto total de su jubilación debía pagarle al jurista
En enero de 1959, por ejemplo, se encontraron engavetados más de 500 expedientes de la Caja de Retiros de Obreros Agrícolas y Jornaleros.
Después de conocer estos datos ¿quién duda que la jubilación en el capitalismo estaba secuestrada?
