Hoy el pretendido patio trasero de Estados Unidos (América Latina) amanece, nuevamente, con la desgracia de toda guerra. Aunque parezca increíble, existen ingenuos que creen que Donald Trump ha “liberado” Venezuela.
Lo ocurrido el pasado 3 de enero del 2026 en suelo venezolano, aviones y fuerzas especiales de los Estados Unidos, cruzando el espacio aéreo y bombardeando a diestro y siniestro- es una prueba más de las verdaderas apetencias del imperio.
El resultado fue el secuestro del presidente constitucional de esa nación Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, y el anuncio de que Washington tomaría el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. Detrás de la retórica sobre democracia y ley, una verdad más cruda, para nada nueva, vuelve a mostrar el verdadero monstruo del imperio norteño: el uso de la fuerza militar para apoderarse de los recursos de otra nación.
Si creemos en lo que dice Donald Trump, no solo el petróleo venezolano, sino el mundo entero es de Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca afirma que: “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Teníamos mucho petróleo allí”. Las vastas reservas de crudo son, en su visión, una supuesta propiedad estadounidense extraviada.
Este episodio no es un acto aislado. Durante años, la estrategia principal contra Venezuela fue el bloqueo económico y financiero. Se congelaron activos, se impidieron transacciones y se sancionó a la empresa estatal PDVSA con un objetivo declarado: estrangular la principal fuente de ingresos del país. Cuando esa presión -diseñada para generar malestar interno y un cambio de gobierno- no dio el resultado final deseado, el cálculo en Washington cambió. La coerción económica dio paso a la coerción militar directa. La fórmula es simple: si los dólares y las sanciones no doblegan, lo harán las armas.
Las consecuencias de esta lógica son medidas en vidas, no solo en barriles de petróleo. La agresión militar causó la muerte de un centenar de personas, entre ellas 32 militares cubanos que, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano, cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Muertes que reflejan el costo humano que Estados Unidos está dispuesto a que otros paguen para asegurar lo que JD Vance, vicepresidente de EE. UU., definió como el objetivo: garantizar que el petróleo venezolano “beneficie a los intereses estadounidenses”. La soberanía de un país y la vida de sus defensores son sacrificables si se interponen en ese camino.
La lección que Washington envía al mundo es peligrosa y clara. Demuestra que, para la potencia imperial, los principios del Derecho Internacional y la soberanía nacional, se invalidan cuando un gobierno, legítimo o no, toma decisiones sobre sus recursos naturales que no se alinean con los dictados del norte.
El mensaje es que cualquier país que posea una riqueza codiciada y se resista a entregarla puede convertirse en un blanco; un claro ejemplo de esto es la ambición por Groenlandia –la isla más grande del mundo-. Washington afirma que si tiene que usar su poderío militar para tomar el control de ese territorio lo hará. En fin, acciones que evidencian que la máscara de la promoción de la democracia se ha caído, dejando al descubierto el viejo instinto del saqueo, ahora ejecutado con la precisión tecnológica del siglo XXI pero con la misma esencia de siglos pasados.
