Transportación interprovincial: Esperas o pagas más caro

La sala de espera de la ter­minal de ómnibus de Villa­nueva, en La Habana, se llena de paciencia y cálculos rápidos. La camagüeyana Martha Domínguez aguarda su turno en la lista de fallos, esa lotería diaria que puede darle un asiento de regreso. A unos metros, en el andén contiguo, los pregoneros vocean salidas inmediatas: “¡Para Camagüey, con aire, saliendo ya!”. La tarifa, sin embargo, hace que más de uno frunza el ceño.

La escena de Martha no es ais­lada. Cada día cientos de pasajeros enfrentan la misma incertidumbre en las terminales del país, donde la demanda supera con creces la capa­cidad de los ómnibus estatales. Hoy, el transporte interprovincial se ha convertido en una carretera de do­ble vía.

Por un lado, los servicios oficiales con precios más accesibles y tarifas que alcanzan hasta 312 pesos, pero sufren retrasos y limitaciones. Por el otro, los privados, quienes entran como válvula de escape: más flexi­bles, con horarios propios y a veces con vehículos pequeños, aunque el bolsillo lo siente. Al final, cada pa­sajero hace sus propias cuentas: ¿es­perar por el más barato o pagar más caro por llegar rápido?

Una carretera de doble vía

El ingeniero Walter Luis Duvergel, director general de Ómnibus Na­cionales, reconoce que el sistema de transporte estatal atraviesa se­rias restricciones: de un parque de 558 ómnibus, solo funcionan 219, lo que sitúa el coeficiente de dis­ponibilidad técnica en apenas el 49 por ciento. “Para cubrir la progra­mación nacional se necesitarían al menos 320 medios”, explicó, déficit que obliga a sobreexplotar los exis­tentes, provoca roturas en el cami­no y una demanda que supera por mucho la oferta.

“Hoy tenemos una flota enveje­cida, con más de cinco años de uti­lización en la mayoría de los ómni­bus. Eso nos obliga a trabajar con lo que tenemos, y garantizar combus­tible y mantenimiento en la medida de lo posible. El objetivo es sostener el servicio, aunque sabemos que no siempre se logra cubrir el encargo social”, aseveró.

Una realidad que comparte Os­mani Ramírez Mendoza, uno de los más de 700 conductores de Ómni­bus Nacionales, con 18 años de ex­periencia. “En la vía, hay que tener todos los sentidos alerta. Descan­sar, alimentarse y prepararse psi­cológicamente es vital, sobre todo en estos meses de neblina, cuando los animales en la carretera son el mayor riesgo. Con 44 pasajeros a bordo, entre ellos niños y ancianos, nuestro compromiso profesional es llevarlos siempre a destino”.

Según planteó Luis Duvergel, las dificultades se concentran en el acceso a lubricantes, piezas de re­puesto, baterías y neumáticos, ade­más del combustible y la fuerza de trabajo. “solo en aceite, los costos mensuales superan los 15 mil dó­lares”, dijo. Aun así, la rueda debe girar y la empresa mantiene las ru­tas nacionales, con afectaciones en las de Cienfuegos, Guantánamo y Pinar del Río.

Arrendados, ¿la solución?

En la terminal Villanueva cientos de personas dependen de los fallos que se suceden. “Aquí nos encar­gamos de vender las capacidades vacías. Cuando quedan asientos libres en ómnibus, el jefe de turno nos informa y empezamos a llamar a los pasajeros de la lista de espe­ra”, puntualizó Yanniel Pantoja Vidó, jefe de la instalación, y agre­gó que “es un proceso meticuloso, pero frágil. Si una salida se sella y no deja fallos, la gente se molesta. Pero nadie tiene culpa”.

Afuera, en el predio de los arrendados, late el otro corazón del transporte. Aquí la ley es la oferta y la demanda: no hay lista de espe­ra, sino negociación directa. “Vine a despedir a mi hija, quien tuvo que pagar 4 mil pesos para viajar a Santiago de Cuba en una guagua arrendada”, declaró una vecina de la localidad.

Onix Grimón, director adjun­to de la Unidad Estatal de Tráfi­co, subrayó que el arrendamiento de medios de transporte, regulado por la legislación vigente, constitu­ye una alternativa para sostener el traslado de pasajeros. Se recuperan vehículos en mal estado, con inver­siones de los arrendatarios, quienes además asumen los gastos corrien­tes para mantener esos medios en funcionamiento.

Los ómnibus —en muchos casos guaguas antiguas renovadas— y los camiones son propiedad de traba­jadores por cuenta propia o de mi­pymes, que alquilan un espacio en la terminal y cobran directamente a bordo. Su ventaja frente al estatal es clara: la rapidez. “Si quiero lle­gar a tiempo, pago más, pero sé que llego”, sentenció Wilber Galeano, un joven baracoense. La flexibili­dad es otra: salen cuando se llenan, adaptan rutas y, en teoría, no siem­pre ofrecen la mayor comodidad.

No obstante, este mercado tie­ne sus reglas, o la falta de ellas. El Estado fijó topes máximos: 4 mil pesos hasta Camagüey, 5 mil 500 hasta Guantánamo. Sin embargo, en la práctica esos límites suelen evaporarse. La escasez de gasoli­na, el riesgo del camino y la propia demanda permiten negociar cuo­tas muy por encima de lo legislado, y el ciudadano, urgido de viajar, termina pagando la diferencia.

Aun así, estatal y privado se en­trelazan. “Si un ómnibus estatal se avería recurrimos a guaguas arren­dadas que mantienen el traslado en tiempo y forma al mismo precio re­servado”, explicó Luis Duvergel. En este escenario han surgido mipymes como Pedrocarr S.R.L, creada en el 2022 en Las Tunas, que ofre­ce viajes privados y compartidos, además de servicios de carga y mantenimiento tiene presencia en varias provincias, incluso en La Habana, se ha convertido en un apoyo frecuente para la Empresa de Ómnibus Nacionales y garan­tizan confort y puntualidad a sus clientes.

Asimismo, detalló Panto­ja Vidó, logran cubrir en muchos casos el déficit existente en los turnos de la terminal. “Ellos re­servan asientos para casos espe­ciales —embarazadas, ancianos, personas con alta médica— a los cuales brindan dos plazas a precio de programación nacional: 195 pe­sos a Las Tunas y 190 hasta Puerto Padre. Una alternativa que ayu­da a quienes no pueden pagar los arrendados”, aseguró.

Viajeros en el camino

A esto se suma la Empresa Viaje­ro, eje organizador del transporte interprovincial, que articula óm­nibus, trenes y conexiones marí­timas. A través de sus agencias y de la aplicación Viajando, la po­blación ha adoptado nuevas mo­dalidades digitales para la compra de boletos, reflejo de un proceso de transformación.

Pero, no todo es color de rosa. Las opiniones sociales evidencian fallos en estas plataformas digitales propi­ciados por problemas en la conecti­vidad y la estabilidad técnica, ade­más de las ilegalidades. Un reciente operativo en Camagüey culminó con la detención de ocho ciudada­nos vinculados a una red de venta de pasajes y especulación, práctica que se repite en varias provincias ante el deterioro del transporte público y la falta de alternativas oficiales.

Es claro que, aunque existen pasos de avance para sostener la transportación nacional gracias al esfuerzo de quienes no renuncian a mantener el servicio, la respues­ta sigue siendo insuficiente ante una demanda creciente y diversa. El arrendamiento de ómnibus y de camiones ha permitido rescatar medios paralizados, también ha generado desorganización, acceso irregular a recursos y precios que escapan a los topes oficiales. En este escenario, el reto no es solo mantener la rueda girando sino ejercer un control más efectivo que garantice orden, equidad y estabi­lidad en un sistema que, de lo con­trario, continuará reproduciendo sus propias brechas.

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